Ex presos políticos de Tucumán, siguen esta tarde en el Senado un debate sobre eventuales indemnizaciones.
La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que otorga una pensión para las personas que fueron víctimas de detención ilegal por razones de carácter política o sindical hasta el 10 de diciembre de 1983.
La iniciativa fue tratada a pedido de la presidenta del bloque de diputados kirchneristas, Juliana Di Tullio y se aprobó con 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
El polémico proyecto de ley fue elaborado por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig, quien ya lo había presentado dos veces en los últimos cuatro años, pero recién en noviembre del año pasado obtuvo media sanción en Diputados.
En un viejo proyecto de 2009, Díaz Roig pedía un régimen jubilatorio especial para los ex presos políticos entre el 1 de enero de 1975 y el 10 de diciembre de 1983.
Esa fecha después fue modificada para el el lapso entre el 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983. Pero cuando la iniciativa pasó al Senado, se aprobó eliminando la fecha de inicio por lo que nuevamente debió girar a Diputados.
Finalmente hoy se decidió mantener la decisión de la Cámara Alta, ya que amplía el margen de reparación histórica para quienes hayan sido privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
Además, así se evitó zanjar una polémica dentro del seno del peronismo, ya que de haberse mantenido la fecha del 6 de noviembre de 1974 se habría admitido que un gobierno constitucional y peronista había encarcelado a militantes por cuestiones políticas.
De esta forma, se esquivó el debate en torno a la pregunta “¿Cuándo empezó el terror?”, y esa discusión se derivó a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Fresneda, que será el organismo encargado de aplicar la norma.
El proyecto aprobado, al cual tuvo acceso Clarín, establece en su artículo N° 6 que “la secretaría de Derechos Humanos será el órgano de aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del Gobierno involucradas con la presente ley, quedando a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación puediendo dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimiento a lo estblecido en la presente ley y resolver sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima”.
fuente clarin