Violacion al Derecho de libertad de expresion y de opinion en Argentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          no exista en la legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados;

–          no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos;

–          haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos, o

–          cuando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del requisito señalado en este artículo, corresponderá al Estado en cuestión demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente.

 

–          Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal…,

–          Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia,

–          Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

–          A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio”.

 

 

–          Informe especial  de Franck La Rue del 17 abril 2013 sobre la vigilancia de los Estados en las comunicaciones y en la privacidad de las personas A/HRC/23/40[9],

–          Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue A/68/362, del 04 septiembre 2013[10] , o

–          en los Comunicados de prensa[11], no  se hace referencia al modelo mencionado, o su reconocimiento. Precisando que la última visita oficial de un relator de la ONU fue en el 2000.

 

 

–          “….El último semestre ha estado poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística…” Asamblea General de la SIP, del 18-22 octubre 2013[12]

–          “… La última vez que Argentina perdió la independencia de su poder judicial fue durante el régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983. No es coincidencia que los medios de comunicación independientes y la libertad de expresión estuvieran prohibidas. Ahora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere que esos días vuelvan, aunque bajo su propio sello de tiranía”[13], artículo publicado el 14 octubre 2013 en The Wall Street Journal.

–           “…existe un progresivo deterioro de la libertad de expresión en el país, pues el Gobierno adopta represalias contra quienes le critican o manifiestan una opinión diferente a la oficial” así que “Informar, opinar, criticar e investigar al Gobierno es asumir el riesgo de la persecución estatal”, Asamblea General ADEPA, 26-27 septiembre 2013[14]. 

 

a)                  Casos objeto de petición en el sistema interamericano: “denuncias promovidas por periodistas que alegan haber sido víctimas de restricciones al libre ejercicio del derecho de la libertad de expresión, llegan al 1,66 por ciento en total”.   

b)                  “La incidencias de casos promovidos por los periodistas relativos a supuestas violación  al derecho de libertad  de expresión, es en  la mejor hipótesis para los peticionarios meramente marginal”,

 

–          ¿los mismos mecanismos que el FMI   “solicita adoptar medidas correctivas para mejorar la calidad de los datos oficiales reportados” habiendo “emitido una declaración de censura a Argentina en relación con el incumplimiento de su obligación…”?[15]

–          ¿esas mismas fuentes por el cual el GAFI tiene la Argentina en la lista gris, bajo control trimestral, “critica los informes de la UIF y el  disfuncionamiento entre los datos comunicados correspondientes a la criminalización del lavado de dinero y el congelamiento de fondos de activos terroristas con sus resultados judiciales reales”?[16]. 

–          ¿las mismas estadísticas “del propio sistema”  que todos los funcionarios y asociados, afirman públicamente que no hay desempleo,  ni inflación, ni pobreza, ni criminalidad, ni inseguridad, ni corrupción, ni impunidad, ni presos políticos…..?

 

 

 

–          “…de indicadores fiables, tanto situacionales como institucionales, imposibilita no sólo un conocimiento integrado sino también la posibilidad de un diálogo honesto entre la ciudadanía, que demanda acciones de gestión de los conflictos, y los encargados de dar respuestas”,  “…de criterios claros de recolección de datos, de instrumentación de metodologías de sistematización, de validación del dato, de análisis y difusión del conocimiento producido”.

 

En conclusión:   La Argentina, en nombre de su política pública de la mentira oficial,  no manifestó la verdad ante la CIDH, como tampoco lo dice ante la comunidad internacional o el pueblo argentino. En Argentina si existe la violación al derecho de la libertad de expresión y de opinión y es irresponsable afirmar la hipótesis que no habiendo causas penales denunciadas no hay en consecuencias víctimas o existencia de esos delitos. El gobierno argentino viola la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Declaración de Chapultepec de 1994[22]y los respectivos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.       El gobierno debe tener presente que puede llegar a ser responsable de violar los derechos humanos por: a) acción (como consecuencia de un hacer o actuar del Estado o sus agentes),  b) aquiescencia (como consecuencia del consentimiento tácito del Estado o sus agentes), o c) omisión (como resultado que el Estado o sus agentes no actúe/n cuando debía/n hacerlo).

–          El gobierno argentino debe poner fin a  las campañas de desprestigio, de persecución, de presión, de amenazas, directas o indirectas, contra quienes critican o manifiestan una opinión diferente a la oficial, teniendo presente  que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por la descalificación que sufrieron periodistas argentinos (y ecuatorianos) por parte de las autoridades en sus respectivos países, después de que la semana pasada denunciaron atropellos a la libertad de prensa en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[23].

–          El estado debe aplicar los Principios de Tshawane  en todos los aspectos de la libertad de expresión, de información, de opinión.   

–          El gobierno debe demostrar que no existe ausencia de obligaciones positivas para proteger los derechos sin discriminación.

–          Crear una comisión parlamentaria bicameral, con  asistencia de expertos externos, que en el término de 60 días presente un informe sobre la situación de la libertad del derecho de expresión y de opinión en Argentina.

–          Solicitar que la CIDH realice una auditoría en relación a los hechos denunciados.

–          Denunciar ante la comunidad internacional  las graves violaciones al derecho de libertad de expresión, opinión, en donde se reconoce el principio de víctimas potenciales.

–          Comunicar al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la grave situación que en esos aspectos se encuentra la Argentina.

–          Solicitar que el gobierno Kirchner, comunique las estadísticas correspondientes a las encuestas de victimización y de percepción de inseguridad desde 2010. Es extraño que en los sitios respectivos del ministerio de la justicia, de seguridad, de derechos humanos…no se encuentran públicamente los informes respectivos.

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