La medida es parte de la investigación que conduce el juez madrileño Pablo Ruz por los millonarios fondos ilegales que manejó el ex tesorero del gobernante Partido Popular, José Luis Bárcenas, actualmente en prisión.
No obstante, el magistrado español le impuso a Bárcenas, en setiembre pasado, una fianza de u$s 58 millones. Avaló su decisión porque que sobre el ex tesorero del PP se acumulan serios indicios de la comisión de delitos de cohecho por presunta percepción de distintas cantidades procedentes de la red Gürtel.
Se le imputan además delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales por las ingentes cantidades de dinero de procedencia no acreditada en cuentas en Suiza , Uruguay y otros países, falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal.
La empresa que utilizó Bárcenas es Agroibérica de Inversiones S.A. con domicilio en Lagasca 140 piso 1 de Madrid, que opera con la firma PT Bex Bursatil , que a su vez tiene la reducida oficina 702 en el 1368 de Plaza Cagancha, Montevideo que atienden dos *prestanombres*.
PT Bex Bursatil fue también la que recibió en Montevideo los fondos girados por Dusbel S.A. y Facimex a la orden de The Old Fund en la cuenta del Banco Macro, con los que fue comprada Calcográfica Ciccone.
Las restantes firmas involucradas en las maniobras del *Caso Ciccone* son Habitat Natural SA y Inversiones Inmobiliarias Aspen SA.l.
Así Bárcenas, se sabe que utilizó la misma *ruta del lavado* por la que llegaron a Montevideo los fondos transferidos a la cuenta de The Old Fund en Banco Macro para la compra de Calcográfica Ciccone, una causa que involucra al vicepresidente Amado Boudou y otros 25 funcionarios, a cargo del juez Ariel Lijo.
*Las pruebas producidas son suficientes para que el vicepresidente Amado Boudou sea indagado ya, junto a varios funcionarios más* afirmó hoy el penalista Jorge Vitale, que inició la causa del llamado *Caso Ciccone*en febrero de 2012
*El Gobierno, sin duda, apuesta a que la causa prescriba-añadió- y así se podría entender la inacción del juez Lijo, al no responder, desde hace varias semanas, a los exhortos de la Justicia española y de la Justicia uruguaya*.
La causa promovida por Vitale está caratulada *Violación de los Deberes de Funcionario Público, Negociación Incompatible con la Función Pública y Malversación de Caudales Públicos*.
Y el fallo de la Cámara de Casación del viernes pasado, al confirmar las declaraciones de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, a quien sindica *testaferro* de Boudou, pone al vicepresidente al borde del procesamiento.
La vinculación evidenciada en las causas abiertas en España y Uruguay, con la *vía del lavado de dinero* son las que ahora precipitaron la citación a indagatoria de Vandenbroele. En Uruguay había comenzado con el tráfico ilegal de fondos del que fue tesorero del Partido Popular (PP), José Luis Bárcenas. Pero luego detectaron la conexión entre las empresas *Off Shore* utilizadas por el político español y las del Caso Ciccone.
Esta última ampliación fue consecuencia también de una denuncia ante la Justicia oriental que realizó este año el abogado Vitale.
La misma ligazón de las *empresas fantasma* presume el juez español Pablo Ruz y por eso ya envió exhortos pidiendo copia de la documentación recogida por el juez Lijo, *pero no obtuvimos respuesta todavía* dijeron fuentes de la Justicia española.
Esos expedientes, según fuentes judiciales, estarían *retenidos en Cancillería argentina* según fuentes judiciales. Otro dato que refuerza el interés del Gobierno para que corra el tiempo y la acción prescriba.
Lo más grave en este aspecto fue lo confirmado en diciembre 2012 con la *desaparición o robo* en la Inspección General de Justicia (IGJ) de los expedientes de esas empresas vinculadas al caso. Son los correspondientes a la ex Ciccone Calcográfica (hoy Compañía de Valores Sudamericana, CVS); de London Supply, firma que aportó 1,8 millones de pesos para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y de The Old Fund, usada para comprar la empresa impresora.
Es decir, todos los casos resonantes de corrupción en la Argentina, tienen la intermediación de empresas *off shore* que concluyen en el Uruguay con la empresa P.T.Bex Bursatil Soc. de Bolsa.
fuente caraycecaonline.com.ar