Las Justicias de Suiza y Uruguay esperan que el juez federal Sebastián Casanello le amplíe sus pedidos de cooperación antes de enviarle eventualmente datos sobre las conexiones suiza y uruguaya del caso Lázaro Báez.
Suiza rechazó un exhorto de Casanello el 26 de julio porque no había señalado el delito precedente al lavado de dinero que investiga el juez para establecer el origen ilícito del dinero.
Casanello investiga la salida del país en el 2011 de unos 65 millones de euros a través de la financiera SGI (“La Rosadita”) que se sospecha pertenecían al dueño de Austral Construcciones. Su causa está caratulada como lavado de dinero y asociación ilícita. Lo que quiere Suiza es que Casanello le diga que ese dinero provino, por ejemplo, de sobreprecios en obras públicas en Santa Cruz o de fraude al estado.
Paralelamente, El fiscal suizo Michael Lauber sigue “trabajando intensamente” en el pedido de los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Confianza Pública) para que se levante el secretario bancario sobre la cuenta de la empresa fantasma de Belice llamada Teegan que maneja Martín Báez, informaron fuentes judiciales. La cuenta está o estaba (quizá ya ha sido cerrada) en el banco Lombard Odier y tenía 1,5 millones de dólares. Si Suiza levanta el secreto bancario de esa cuenta la Justicia podrá conocer su conexión con otras cuentas y tener una idea precisa del entramado bancario detrás de la maniobra.
Paralelamente, el diario uruguayo El Observador informó que la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, le respondió a Casanello que no aportará aún información sobre la compra del campo “El Entrevero”, ubicado cerca de Punta del Este, porque la causa aún “se está desarrollando en Uruguay no ha culminado”. Los exhortos enviados por Casanello tardaron en ser procesados por trabas políticas que puso la Cancillería. En cambio, le enviará datos sobre las empresas que hicieron la transacción por 14 millones de dólares. En un principio, apareció en los papeles socios de Leonardo Fariña pero finalmente el campo lo compró la empresa fantasma uruguaya Jumey que preside Daniel Pérez Gadín, el ex contador de Báez y administrador del hotel Alto Calafate de los Kirchner.
Al igual que Suiza, la justicia uruguaya espera que Casanello le informe qué delito precedente los Báez cometieron antes del lavado de dinero aparentemente realizado en Uruguay.
El diario El Observador recordó que para en la legislación uruguaya figuran 22 delitos precedentes al lavado de dinero, entre ellos, “el contrabando superior a US$ 20 mil, el tráfico ilícito y la trata de personas, el proxenetismo y la estafa”. Pero no es delito precedente la evasión fiscal. La causa se abrió el 16 de abril luego del programa de TV de Lanata en que el ex dueño de “La Rosadita” contó como fue la operación aunque, luego de presiones del kirchnerismo, se retractó. Tiene, entonces, casi 6 meses.
fuente clarin