La tensión es palpable. La audiencia pública por la causa sobre la polémica ley se desarrollará durante dos mañanas consecutivas y será la última oportunidad que tendrán el Gobierno y el multimedio para confrontar sus argumentos antes de la que Corte dicte una sentencia que, todavía, “no tiene plazo”, según fuentes cercanas al presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti.
En tanto, frente al Palacio de Justicia, en la plaza Lavalle, el Gobierno hará sentir su presión por medio de una convocatoria que hicieron la Coalición por una Comunicación Democrática y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), para una jornada nacional en defensa de la ley.
Hoy, de 10 a 14, frente a 130 medios que se anotaron para presenciar el acto -entre los que figuran la BBC de Londres, la CNN y medios de toda América-, los siete jueces escucharán los argumentos de los amigos del tribunal ( a micus curiae), mientras que mañana será el turno de los abogados de las partes.
En favor del Grupo Clarín expondrán el jurista Asdrúbal Aguiar, por el Observatorio Iberoamericano de la Democracia; Eduardo Oteiza, por la Asociación de Empresas de TV Pagada para Iberoamérica; Luis Pardo y Carlos Laplacette, por la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA); Andrés Gil Domínguez y Eliseo Verón, por el Comité del Consumidor (Codelco) y el abogado Lucas Sebastián Grossman. Cada uno tendrá 15 minutos.
En tanto, el Estado contará con el respaldo de Víctor Abramovich y Carlos Ruta, por las universidades nacionales de Lanús y de San Martín; Horacio Verbitsky y Gastón Chiller, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Miguel Julio Rodríguez Villafañe, por la Confederación de Cooperativas, y Beinusz Szmukler, por la Asociación Argentina de Juristas.
Después será el turno de dos amigos del tribunal independientes, que supuestamente no representan ningún interés. Una es Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público, un ente creado por la ley de medios, y Juan Vicente Sola, del Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Y, finalmente, cerrará la audiencia la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que públicamente siempre apoyó a la presidenta Cristina Kirchner y criticó al Grupo Clarín.
El plato más fuerte, sin embargo, llegará mañana, cuando el tribunal interrogue a los abogados de Clarín (Damián Fabio Cassino, Alejandro Carrió y María Angélica Gelli), y los del Gobierno, que probablemente estará representado por Martín Sabbatella, titular de la Afsca. Estaba previsto que todos ellos, antes de ser interrogados, tuvieran media hora para exponer, pero esta posibilidad no agradaba al Gobierno.
El debate
Desde un primer momento, la Presidenta puso todas sus expectativas en un fallo judicial que obligue al Grupo Clarín a vender sus licencias de radio y televisión. Pero el caso se complicó más de lo que el Gobierno preveía: si bien en diciembre último el juez federal Horacio Alfonso le dio la razón al Poder Ejecutivo, en abril pasado, la Cámara Federal Civil y Comercial declaró que dos artículos impugnados por Clarín son inconstitucionales.
Así, la audiencia girará sólo sobre la validez de cuatro artículos de la ley, pero el debate será muy complejo: se discutirá si el Gobierno puede imponer límites a las múltiples licencias de radiodifusión y de cable; si puede disponer que el Grupo Clarín debe vender licencias aun cuando se afecten derechos adquiridos y si es posible que el Gobierno regule a los operadores de cable, que no usan espectro radioeléctrico, algo que la Cámara consideró inválido.
La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente (Cemci), que reúne a todos los canales, radios, cables y diarios del país y que es uno de los amigos independientes que presentará un dictamen, considera que “la prohibición de transferir licencias es un gravísimo retroceso a los años 50 y traba el ingreso de inversiones”.
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer que se mantiene “atenta” a la audiencia pública de hoy. Y recordó que la entidad envió tres misiones en los últimos años a la Argentina, en las que comprobó “serias restricciones a la libertad de expresión, no sólo por la aplicación de la ley de medios, sino por otras medidas económicas y políticas coercitivas impuestas por el Gobierno contra la prensa independiente”.
Los ejes del debate para los actores centrales
La posición del Gobierno:
El Gobierno sostiene que la ley 26.522 es válida
El artículo 45 prohíbe que un mismo operador acumule licencias de TV, radio y cable. Además, prohíbe que un cable llegue a más del 35 por ciento del país y que un operador de cable, en una misma zona, tenga un canal de aire
El artículo 161 de la ley obliga a Clarín a desprenderse de las licencias que exceden esos límites
La posición de Clarín
Para Clarín, la ley está vigente, excepto los cuatro artículos que impugnó
El Grupo dice que los límites del artículo 45 son irrazonables. La Cámara, en parte, le dio la razón: los cables no puede estar sujetos a ningún límite, porque no usan el espectro radioeléctrico
El artículo 161 afecta derechos adquiridos, porque obliga a vender licencias cuyo plazo no venció
fuente lanacion