En los últimos meses, las políticas de seguridad del Gobierno K se alteraron por completo, cambiaron de rumbo ideológico, las fuerzas reciben ahora órdenes que se contradicen con las que debían cumplir en el pasado inmediato.
En pocos meses, la Casa Rosada nombró a un nuevo ministro de Seguridad; acaba de hacer público un nuevo plan para esa área; designó como titular del Servicio Penitenciario Federal al polémico Alejandro Marambio; y propuso como jefe del Ejército al cuestionado César Milani. Esas decisiones generaron malestar en varios de los organismos de Derechos Humanos afines al oficialismo.
Las políticas de seguridad cambiaron y también sus nuevos impulsores.
La ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, intento dar vuelta el perfil y el accionar de las fuerzas policiales. Desde que asumió en 2010 impuso un control civil. Y, por ejemplo, ordenó a la Federal enfrentar las manifestaciones sin armas ni gas. Hoy, ese mismo ministerio está liderado en los hechos por el teniente coronel (R) Sergio Berni, secretario de Seguridad. En los ‘80 integró el sector más antidemocrático de los militares, los “carapintadas”. En julio, sinceró sus ideas sobre las manifestaciones: “No conozco como desalojar un piquete de modo pacífico”, dijo.
En rigor, el ministro de Seguridad es Arturo Puricelli, ex de Defensa y afín a los grupos más conservadores de las fuerzas armadas. Su rol es más institucional, Berni comanda operativamente el organismo. En un artículo sobre el integrante de Prefectura Naval que robó a la casa de Sergio Massa, el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky, describió el cambio en Seguridad: “Es ostensible que la política de depuración que había iniciado la ex ministra Nilda Garré debe ser profundizada, porque sin atacar este problema endémico la seguridad no pasará de ser un discurso demagógico y se seguirán proponiendo incrementos de penas que sólo brindan la ilusión de estar protegidos”.
El CELS también impugnó la designación de Milani al frente del Ejército tras el programa PPT, de Jorge Lanata, que difundió las sospechas sobre su accionar durante la dictadura y sobre su extraordinario crecimiento patrimonial. El reemplazo de Víctor Hortel por Marambio en el Servicio Penitenciario Federal también generó la reacción de organismos de Derechos Humanos alineados con el oficialismo. Ocurre que Marambio ya ocupó ese puesto y fue denunciado por ser permisivo con la tortura en las cárceles. Entre quienes lo hicieron está el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Los cambios en las políticas de seguridad K provocan que instituciones y especialistas que antes trabajan en este área en favor del oficialismo estén defraudados. La abogada Florencia Arrieto, ex asesora en el Ministerio de Seguridad y ex jefa de esa área en el club Independiente, definió así la situación: “No se atacan los núcleos que generan la inseguridad: en la parte de arriba de la sociedad, el lavado de dinero y la corrupción. Abajo, el núcleo de marginalidad, armas, drogas. Hay un giro a la derecha de un Gobierno que pasó de la demagogia garantista a la demagogia punitivista”.
fuente clarin