Tras una denuncia de las dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernanda Reyes, el fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación contra el titular de la Anses, Diego Bossio, por presuntos pagos irregulares a la petrolera venezolana PDVSA con fondos del organismo previsional.
El fiscal dio curso a la denuncia presentada que, además de Bossio, apunta al secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, “por el posible desvío de dinero perteneciente a la ANSES a través de cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta, las cuales habrían sido publicadas después de ocho meses en el Boletín Oficial”.
Se trata, en síntesis, de la suscripción de Letras del Tesoro por 835 millones de pesos, 1.378.357.753 de dólares y 21.642.247 dólares tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Ese dinero estaba destinado a las empresas CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) y ENARSA (Energía Argentina SA) “con el objeto de cancelar las obligaciones con PDVSA”. Según la requisitoria del fiscal, “la denuncia pone foco en estas últimas dos resoluciones, debido a que la norma que habilita la creación de esa deuda pública data del día 18 de octubre de 2012 y su emisión del 18 de enero de 2012, pero recién fue publicada el 28 de junio de 2013”.
Carrió y Reyes imputaron a los funcionarios que “sin ley que lo habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etcétera, se habrían emitido Letras nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno o bien que tal vez se trate de una operatoria que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado”.
En ese contexto, Delgado entendió que podría existir “una posible hipótesis delictiva”, por lo que requirió “formalmente la instrucción de la presente causa”, y reclamó que “se obtengan los expedientes administrativos de las resoluciones”.
Además, planteó que la Auditoria General de la Nación “designe un grupo de expertos que brinden su opinión técnica sobre el procedimiento que denuncian” las diputadas opositoras.
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