Recordemos que a principios de 2012 el mismo gobierno confiscó las acciones de la española Repsol en YPF y postuló que con esa medida la Argentina alcanzaba la “soberanía hidrocarburífera”. Decimos “confiscación” porque si bien el Congreso sancionó una ley de expropiación, la falta de indemnización previa -requisito esencial en materia expropiatoria- convierte a ese acto en una toma ilegal e inconstitucional de la propiedad privada.
Lamentablemente, muchos partidos opositores convalidaron ese despojo. Es cierto que sólo acompañaron la reestatización de YPF y no el modo ilegítimo de lograrla, pero esas sutilezas no le llegan al gran público. En política, los mensajes deben ser claros.
¿Por qué se desesperan ahora por Chevron? Porque, contra lo que creía el iluso Axel Kiciloff, el Estado argentino no está en condiciones de mejorar la explotación petrolera. Se requieren altas inversiones en exploración y explotación. Con la YPF estatal, la producción no sólo no aumentó, sino que siguió cayendo.
Algo similar ocurrió durante el segundo gobierno de Juan Perón. El dogma de la explotación estatal y monopólica de hidrocarburos había hecho que el país se encontrara hacia 1954 en una crisis energética. Perón obró entonces con pragmatismo y firmó, casi secretamente, un contrato con la California Standard Oil. A la historia, diría Jorge Luis Borges, le gustan las simetrías: Chevron es la sucesora de la Standard Oil.
Aquel contrato no llegó a hacerse efectivo. Tuvo, primero, un durísimo rechazo de la oposición. Arturo Frondizi, que era presidente de la Unión Cívica Radical, lo denunció como “la marca física del vasallaje”, por las extensas zonas de la Patagonia que se le concedían a la empresa norteamericana. Luego sobrevino el golpe de 1955.
Pocos años más tarde, el mismo Frondizi, que había publicado dentro de sus acciones de oposición el libro “Petróleo y política”, en el que defendía un criterio crudamente nacionalista, al llegar a la presidencia viró completamente y alentó la llegada de inversiones extranjeras, que permitieron lograr el autoabastecimiento petrolero.
La Unión Cívica Radical del Pueblo se opuso con firmeza a esa apertura, y al llegar Illia a la presidencia cumplió su promesa electoral de anular los contratos. Muchos años después, un presidente de ese sector, Raúl Alfonsín, puso en marcha el llamado Plan Houston, que también alentaba -con otro formato- la llegada de inversiones extranjeras.
Luego, otro gobierno peronista, el de Carlos Menem, apremiado, por urgencias fiscales, entregó YPF A Repsol. Nestor Kirchner, fiel a su política del “capitalismo de amigos” cedió el 25% de esa empresa a los Eskenazi, en una oscura operación. Arribada su esposa al gobierno arremetió con la estatizacion de la empresa. Curiosas, erráticas y sospechas maniobras de gobiernos del mismo signo partidario en un negocio que mueve miles de millones de dólares.
Por otra parte, el acuerdo firmado consagra una nueva violación a la Constitución Federal: con total desparpajo se ignora el art. 124. de la misma que pone en cabeza de las provincias la titularidad de los recursos naturales. Dicho sea de paso que esa norma, que hoy afecta a la provincia de Neuquén, fue enardecidamente sostenida en la Convención constituyente de 1994 por Cristina Fernández.
La verdadera soberanía reside en poder aprovechar, entre otras cosas, de los recursos naturales. De nada nos sirve que el petróleo y el gas duerman bajo nuestros pies mientras cantamos himnos a la soberanía hidrocarburífera.
Perón, Frondizi y Alfonsín lo entendieron. ¿Lo entenderá la señora de Kirchner? Parece difícil. Debería desandar muchos de los libretos estatistas que repitió en los últimos años. Y no es sólo el petróleo. Sin un marco general de seguridad jurídica, no tendremos inversiones de riesgo. Y ya se sabe que para el ya maduro pero aniñado Kiciloff la seguridad jurídica es un concepto horrible.
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