Fuentes sabía que su propuesta para crear un órgano que tenga la última palabra en torno a la constitucionalidad de las leyes que emanan del Congreso iba a hacer ruido. Quizás por eso aclaró con énfasis que se trataba de una iniciativa a título personal, y que no representaba al oficialismo. De cualquier manera, la reacción fue inmediata. Y crítica.
El jefe de la bancada de la UCR en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, fue uno de los primeros en pronunciarse en contra. “Esto es otro manotazo para armar algo paralelo a la Corte Suprema, otro intento de by pass a la Corte para tener un tribunal que resuelva como el oficialismo quiere”, denunció.
El diputado vatinicó, no obstante, poca vida al proyecto. “Colisiona con una barrera en el texto de la Constitución”, aseguró. “No hay tribunal especial para controlar la constitucionalidad. Para hacer eso tendría que reformar la Constitución nacional”
“El sistema constitucional dice que tenemos un régimen según el cual cada juez puede controlar la constitucionalidad de una ley en un caso concreto”, explicó.
En una línea similar se manifestó Federico Pinedo. El titular del bloque del PRO en la Cámara baja calificó la iniciativa como un “disparate insostenible”. “La Constitución es clarísima cuando establece que el Poder Judicial está a cargo de la Corte Suprema, incluidos sus tribunales inferiores”.
Como Gil Lavedra, Pinedo no cree que la propuesta pueda prosperar. Especuló que con ello el kirchnerismo busca que, “si el Congreso aprueba esa ley, la Corte de nuevo diga que es inconstitucional”. Y añadió: “Ellos (por los kirchneristas) saben, igual que con la Reforma del Consejo de la Magistratura, que esa ley es contraria literalmente de la Constitución. Y el Congreso no tiene facultad para aprobar leyes que van en contra de la Constitución”, completó.
También el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi se pronunció contra la idea de un tribunal de esa naturaleza. “Es una iniciativa que sólo busca reducir el poder de la Corte Suprema, una nueva propuesta busca involucrar más política y dejar de lado a la Justicia”.
“Es inconcebible que el Gobierno se dedique a tratar de anular a la Corte en lugar de concentrarse en terminar con los flagelos de la inseguridad, de la corrupción, de la crisis energética, entre otros problemas”, apuntó.
fuente infobae