Bajo presión. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti sale,. la semana pasada, del Palacio de Justicia.
El Gobierno salió a desmentir ayer, en una forma extraña e inusual, la información judicial según la cual la AFIP está investigando al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y a sus dos hijos en el marco de una nueva ofensiva K contra el máximo tribunal de Justicia.
Lo hizo a través de un cable de la agencia oficial de noticias Télam que dice “fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desmintieron ayer que ese organismo se encuentre investigando impositivamente al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Las fuentes del organismo informaron a Télam que la AFIP no se encuentra realizando ninguna acción de investigación o verificación impositiva sobre (Ricardo) Lorenzetti ni sus hijos”.
Llama la atención que un tema de esta sensibilidad política no haya tenido una desmentida oficial del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
En mayo, la diputada kirchnerista Diana Conti había contado cómo el oficialismo encuentra en la agencia oficial un salvoconducto para “cumplir” con pedidos de la presidenta Cristina Kirchner.
Ayer mientras salía esa extraña desmentida, técnicos de la AFIP visitaron a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para bajarle el tono a la situación creada. Luego, de la reunión fuentes de la Corte reafirmaron a este diario que “no hubo desmentida de parte del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray”.
Lorenzetti evalúa ahora si inicia acciones penales contra Echegaray por extorsión y amenazas o se abstiene de iniciarlas por las explicaciones dadas en esa reunión.
Además, fuentes de la Corte ratificaron ayer a Clarín que Lorenzetti, en la reunión de acuerdo del martes a puertas cerradas, manifestó su preocupación por la investigación de la AFIP en su contra.
El martes, Lorenzetti explicó a sus pares que la investigación de la AFIP alcanza a sus hijos y al secretario general de Administración del máximo tribunal, Héctor Daniel Marchi, un clave en la estructura del tribunal y también oriundo de Rafaella. Allí uno de sus hijos encabeza el estudio jurídico familiar.
Fuentes allegadas a Lorenzetti relacionan la investigación sobre la situación impositiva del titular del máximo tribunal con el reciente fallo que confirmó la inconstitucionalidad de la principal ley de la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo. Así dejó inaplicable la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura y la modificación en la integración del organismo.
La ofensiva K tuvo ayer otro capítulo cuando el ex jefe de Gabinete y actual senador ultra K, Aníbal Fernández dijo, sin vueltas y formalismo, que “la Corte es opositora al Gobierno”.
En sintonía con el Gobierno ayer hubo una marcha de la agrupación “Justicia Legítima” (Ver página 8) con críticas y descalificaciones personales contra los miembros de la Corte. Su titular, la jueza María Laura Garrigós de Réboli, solicitó que “se pueda controlar” a los jueces, en referencia a la investigación de la AFIP.
En cambio, la oposición salió a defender a Lorenzetti y a considerar que la investigación de la AFIP, cualquier sea su carácter, “es otro apriete político”.
La semana pasada, la misma presidenta Cristina Kirchner criticó a la Corte en el acto por el Día de la Bandera con una ironía. “No sería extraño que nos dicten una cautelar y no nos dejen elegir legisladores o Presidente”, dijo.
Antes a través de un tuit, señaló al juez Carlos Fayt como “el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista”, y cuestionó que no se haya jubilado pese al límite de 75 años de edad que establece la Constitución. Fayt tiene 95 años.
fuente clarin