El Estado Nacional corre el riesgo de tener que pagar unos 1.000 millones de pesos en la causa Amado Boudou-Ciccone, si el juez Ariel Lijo no acelera las indagatorias necesarias a los principales involucrados y anula el levantamiento de la quiebra y la expropiación de la imprenta, actos que denuncié por *violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.*
Esa grave consecuencia para el Tesoro Nacional podría ser realidad, en tanto no sean frenados los amparos presentados por la familia Ciccone, las indemnizaciónes que solicitan el ex banquero Raúl Moneta y el empresario, que se presume es testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele.
Todas demandas que, irónicamente, impulsan los partícipes directos de estos ilícitos.
El rechazo a su sobreseimiento, pedido por Boudou , permite continuar la investigación, pero es necesario que el trámite sea apurado ante un riesgo de prescripción, en particular por los cargos de *violación de deberes de funcionario público*.
Con las pruebas producidas, se crearán las condiciones para someter a indagatoria al vicepresidente de la Nación y los restantes involucrados.
Todos tendrán que rendir cuentas además por *Enriquecimiento ilícito* sino también por *Negociaciones incompatibles con la Función Pública y Malversación de Caudales Públicos *
La *desaparición* de losexpedientes de todas las empresas mencionadas en el caso Boudou-Ciccone de la Inspección General de Justicia (IGJ), que manejan funcionarios de *La Càmpora*, no deja dudas de una connivencia en lo más alto del Estado con este gran acto de corrupción contra los intereses del pueblo argentino.
Porque que del accionar de Boudou y sus amigos no pueden estar ajenos, ,la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF),el Banco Central ni la Casa de Moneda.
De allí que la *expropiación* sólo puede ser vista como la mejor forma de proteger en particular al vicepresidente y sus amigos. En igual sentido los *extravíos* de expedientes y los *aprietes* a jueces y fiscales.
Las empresas involucradas Hábitat Natural SA ; Inversiones Inmobiliaras Aspen SA; The Old Fund; Agroibérica de Inversiones SA con domicilio en Lagasca 140 piso 1, de Madrid estarían involucradas no sólo en esta causa. También se vinculan a la causa de los funcionarios españoles imputados por percibir sobresueldos.
Porque Luis Barcenas, gerente y tesorero del PP giró fondos ilegales a través de la misma firma PT Bex Bursátil, oficina 702 del 1368 de Plaza Cagancha, Montevideo. Allí funciona una pequeña oficina con dos empleados . La misma que también intermedió en la compra de Calcográfica Ciccone, mediante fondos girados por la empresa Dusbel SA y Facimex hacia la cuenta de The Old Fund en el Banco Macro.
Tampoco hay que olvidar, para entender los vínculos, que el ex primer ministro español José María Aznar, también del PP , es el actual representante para América Latina de la megaminera Barrick Gold, que tiene la mayor explotación de oro y plata del mundo en la provincia de San Juan: Pascua Lama. Una mina que compartimos con Chile y cuyos dueños cuentan con el favor decretado por Néstor Kirchner de no pagar impuesto alguno y remesar ganancias al exterior sin dar cuenta al Banco Central
Recuerdo, por último, que la causa 1302 que inicié el 10 de febrero de 2012 ante elJuzgado Federal N° 3, *tiene por objeto de investigación al vicepresidente AMADO BOUDOU o quien resulte responsable por delitos contra la administración pública – Violación de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos. Por ende, es la primer y principal para invest igar el latrocinio en cuestión.
fuente caraycecaonline.com.ar
*Abogado penalista