Cuando un gobierno pierde la vergüenza a punto tal que la soberbia y la impunidad le obnubilan la capacidad de raciocinio, pone en riesgo a todos los habitantes del país a quienes somete a sus más abominables caprichos. Se gobierna de espaldas a la sociedad. Solo escuchan el eco de la inagotable verborragia oficial.
Pretenden hacernos creer que el hecho de disponer de una mayoría circunstancial habilita a transformar en ley cuanto les venga en gana. Dictan leyes que contravienen los más elementales preceptos constitucionales, y para evitar el necesario control por parte del Poder Judicial, lo sojuzgan de tal manera que en la práctica eliminan uno de los poderes del Estado.
Resulta muy conveniente a demagogos, tiranos y déspotas interpretar que al haber asumido democráticamente al poder pueden modificar a su antojo elementales reglas de juego de la República. Su argumento populista es que si el Congreso votó una ley, esa ley se debe cumplir. Olvidan que desde su propia esencia toda ley debe ser legítima y respetar los derechos y deberes que enuncia la Carta Magna.
Quieren el poder de nombrar y remover jueces a su antojo para que nadie los contradiga ni cuestione. Promueven un Consejo de la Magistratura sometido a sus designios. No alcanzó modificar de 20 a 13 la cantidad de consejeros para arrasar la Justicia. Con fundamentos inversos inventan ahora los consejeros electivos creando muchos más cargos que el Ejecutivo se ocupará de cubrir. Mayoría automátika.
Al gobierno le preocupa solo el poder. Para refirmarlo necesitan -y tienen- muchos alcahuetes que abonan las teorías conspirativas por parte de cualquiera que no piense igual. El gobierno no es republicano ni federal, y tampoco respeta la Constitución. Dejamos de ser una democracia.
El dólar no sube; nuestra moneda se deprecia por minuto. A nivel internacional ya no somos política ni económicamente confiables. El país produce, pero los particulares, empresarios e inversores son saqueados desde el gobierno cuando dibuja los índices de inflación, de crecimiento, de inseguridad. La coparticipación federal es discrecional para los que aplauden, y para organizaciones como La Cámpora y todo el aparato de propaganda (6, 7, 8, y Fútbol Para Todos entre otros atropellos al erario público).
Si la Suprema Corte no anula por inconstitucionales los proyectos de seudo leyes que el Congreso está aprobando, la “nueva justicia” no podrá impedir que nuestra patria se transforme en Argenzuela o la nueva Cuba, pero no por ideología política, sino por insaciable sed de poder de quienes gobiernan.
Se está eliminando al Judicial como uno de los poderes necesariamente independientes del Estado. Este accionar amerita una investigación para analizar si se adecua a las previsiones del Art. 227 del Código Penal, coincidente con el Art. 29 de la Constitución que prevé pena de reclusión perpetua para los infames traidores a la patria, a los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona.
Claro que será complicado si jueces y fiscales federales incumplen sus deberes al hacer la plancha ante denuncias de probable comisión de delitos tal como los denunciados por el periodista Jorge Lanata. Hasta tanto se investiguen las gravísimas imputaciones no se puede especular. ¿Podrá alguien sospechar que la pasividad ante los hechos implica incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento sin que lo tilden de golpista, delirante y derechoso?
Se han degradado las instituciones. Mientras la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó -o quien la suplante en iguales condiciones- responda exclusivamente a quien la nombró y omita cumplir las funciones que impone su cargo, perdemos toda posibilidad de recuperar la dignidad que otrora supimos merecer.
Abogado (Justa Causa)
ebobek@fibertel.com.ar
totalnews