Cristina Kirchner dijo en el acto en Puerto Madryn: “Mientras ellos envían naves de guerra nosotros vamos a poner una nave científica. Eso es lo que quiere el mundo y la sociedad. La guerra solo le sirve a los que venden armas. Solo les sirve a los que fabrican armas y nosotros queremos crear conocimientos y saber todos los recursos y la potencialidad de este mar argentino”.
La mención de la presidente remite a un convenio bilateral de cooperación científica que el 29 de marzo pasado firmó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el gobierno de Chubut y una universidad de Canadá para efectuar estudios en el Atlántico sur.
En rigor, la letra del convenio expresa que el ámbito de aplicación es el Golfo de San Jorge, pero la pelea de medianera con Londres parece correr el alambrado hacia las profundidades oceánicas.
La nave científica en cuestión sería el buque oceanográfico “Puerto Deseado” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET), operado y tripulado por la Armada Argentina y el Servicio de Hidrografía Nacional, que junto con el oceanográfico costero “Comodoro Rivadavia”, también con dotación de esa fuerza, conforman la Unidad de Investigaciones Hidro Oceanográficas (UNHIDO) de gestión compartida entre el CONICET y el Ministerio de Defensa.
Forzado por la interpretación del convenio de marras Chubut, de la mano de la Nación, se metió en el asunto Malvinas. El gobernador Martín Buzzi reemplazó a Fabiana Ríos, mandataria de Tierra del Fuego, quien antaño era la elegida (y su provincia) por la Casa Rosada para la celebración de cada aniversario malvinero. Ríos fue una pieza de la ofensiva diplomática contra el Reino Unido a partir de la ley Gaucho Rivero. Cumplió su rol con innumerables bloqueos en el puerto de Ushuaia a cruceros turísticos de bandera británica.
Ahora su relevo, Buzzi, explora otro camino, el ariete del conocimiento científico de los recursos marítimos y la protección ambiental. Chubut, ubicada en posición geopolítica y geográfica casi a tiro de piedra de las Malvinas, es el nuevo epicentro de la retórica soberana. Canadá, a través de los aportes tecnológicos y del apoyo científico del Instituto de Ciencias del Mar de Rimouski de la Universidad de Quebec ¿será el socio inesperado en la contienda?
En la X Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas que tuvo lugar en Uruguay en octubre de 2012, Estados Unidos y Canadá no dieron conformidad a que en la declaración final se incluyera un artículo que hiciese mención al reclamo soberano y a la desmilitarización del Atlántico sur.
Pero la utilización del conocimiento como herramienta en pujas soberanas no es nueva. El universo diplomático lo usa en un escenario todavía virgen, la Antártida, donde el despliegue de bases de distintos países encuentra justificativo en múltiples programas de investigación científica. Claro importa saber qué, cuánto y la calidad de los recursos, cuya explotación no está permitida por el Tratado del Antártico.
El programa de Chubut con la universidad canadiense de Rimouski tiene su base en el Centro de Innovación y Desarrollo Mar Austral (CID), edificación que se levantó en Caleta Córdova con fondos que aportó al fisco chubutense la renegociación de los contratos de concesión del yacimiento Cerro Dragón a Pan American Energy de los hermanos Bulgheroni. En lo inmediato se busca la instalación de boyas con know how canadiense y construcción nacional. Equipadas con una serie de sensores van a analizar tanto aspectos físicos como biológicos del funcionamiento del Golfo San Jorge, cómo actúan las corrientes marinas, el movimiento de la biomasa y el nivel de hidrocarburos presente en las aguas, entre otras actividades. El monitoreo interesa porque hubo impactos nocivos a la población de langostinos y otras especies cuando Pan American efectuó prospecciones offshore. Las explosiones subacuas para determinar la composición del lecho marino espantan la biomasa de su hábitat. El argumento se estudia y por extrapolación podría alcanzar las actividades de prospección de los kelpers que el gobierno nacional declaró ilegales.
Otro punto de interés en el programa es la creación de un sistema de áreas protegidas costero- marítimas. Espacios de océano bajo legislación restrictiva a semejanza de la que lanzó el Reino Unido en derredor de las islas Georgias y que impuso a la comunidad internacional un veto a la pesca, regulado por el gobierno de Georgias, mandato que se ejerce desde las Malvinas a través de un funcionario designado por el gobierno central de Londres.
fuente ambito.com