Respuesta. La Corte Suprema, a través de un subdirector, decidió ayer contestar el pedido de Gils Carbó para implementar el pago de Ganancias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le señaló ayer a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que el Ministerio Público Fiscal (MPF) es un órgano “extrapoder” y que puede reglamentar por sí mismo el cobro del Impuesto a las Ganancias por parte de los fiscales y los funcionarios y empleados bajo su órbita.
Es más, “es su obligación hacerlo”, le dijo el máximo Tribunal en una nota enviada ayer a la Procuración.
Fue la respuesta acordada por todos los ministros del Tribunal a la nota que la Procuración había enviado el lunes a la Corte para solicitar una reunión tendiente a “examinar de manera conjunta la manera (sic) de proceder para la implementación del pago del Impuesto a las Ganancias”.
Como la carta de la Procuración la había firmado un subdirector (Jorge Domanico, de Administración), la misiva de la Corte fue rubricada por una subdirectora (Karina Ramos, también de Administración), en consulta con el director del área y el plenario del Tribunal, que ayer se reunió, como lo hace todos los martes. Ese pequeño detalle muestra la frialdad de la relación actual entre la Corte y la Procuración.
Gils Carbó, que evitó concurrir a la sede del máximo Tribunal hace dos semanas al acto de lanzamiento del año judicial, se transformó en la impulsora del nucleamiento de magistrados y funcionarios judiciales que se dio en llamar “Justicia Legítima” y que cuestionó a la Corte y a la Asociación de Magistrados por sendos pronunciamientos emitidos el año pasado a propósito de la causa judicial por la ley de medios y las públicas declaraciones de funcionarios kirchneristas disconformes con los fallos de la Justicia en ese tema.
Justicia Legítima debatió recientemente la “democratización” del Poder Judicial planteada públicamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una de las medidas promovidas es la del pago de Ganancias por parte de los jueces, lo cual fue mencionado explícitamente por la presidenta en el discurso del 1 de marzo en el Congreso. Su discurso fue precedido por dos días de debate de “Justicia Legítima” en la Biblioteca Nacional.
En la Corte, como en todo el Poder Judicial, hay posiciones encontradas sobre el asunto.
Por caso, el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, se expresó a favor de que los jueces lo paguen, pero otros creen que eso afecta la “intangibilidad” de sus salarios que tiene por fin garantizar su independencia de los poderes políticos. “La aplicación no es sencilla”, explican en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
Pese a una ley que obliga a todos los ciudadanos al pago de impuestos, los jueces están exentos por una acordada (acuerdo de ministros) dictada por el máximo Tribunal en 1996, cuando el presidente del cuerpo era Julio Nazareno. Desde el kirchnerismo reclaman la derogación de esa acordada para permitir el pago de Ganancias. En Tribunales dicen trabajar en la manera más adecuada para hacerlo.
Pero ayer destacaron que esa acordada no alcanza al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, porque ambos tienen autonomía ahora y son órganos extrapoderes. “No están dentro del Poder Judicial de la Nación y no pueden ser alcanzados por una acordada de la Corte ”, reafirmó ayer un ministro del alto tribunal sobre fiscales y defensores oficiales.
“La cuestión del pago del Impuesto a las Ganancias está regulada en el ámbito del Poder Judicial de la Nación por la referida acordada dictada por esta Corte, que carecía -y carece- de atribuciones para tomar cualquier clase de decisiones sobre la situación salarial o impositiva de los integrantes de otros Poderes, por lo que aquella declaración resulta inaplicable -por sí misma- a los Ministerios Públicos”, se expresa en la carta enviada por la Corte a la Procuración.
“Por esta razón, y sin abrir juicio sobre el alcance de la equiparación establecida por el artículo 12 de la ley 24.946 ni la extensión de las atribuciones de gobierno reconocidas a los titulares del Ministerio Público, entendemos que, desde el año 1994 (NdR: por la reforma constitucional), no sólo no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público actúe como agente de retención del impuesto a las ganancias, sino que es su obligación hacerlo ”, concluyó la respuesta de la Corte.
Además, desde el máximo tribunal le recordaron a la procuradora que discutieron el tema todo el año pasado y con actores del sistema judicial sin llegar a una solución.
fuente clarin