El escándalo por el supuesto espionaje de la Gendarmería por el Proyecto X suma un capítulo más. Ahora, distintos delegados gremiales y organismos de Derechos Humanos pidieron que se cite a declaración indagatoria “de forma urgente” a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y al senador nacional Aníbal Fernández por considerarlos responsables de “las tareas ilícitas” que desarrollaba la Gendarmería en el marco de ese programa.
“Garré y Fernández (exministro del Interior) tenían control, responsabilidad y obligación de supervisión de las tareas ilícitas llevadas a cabo por la Gendarmería Nacional”, sostuvieron los organismos de Derechos Humanos y agrupaciones que querellaron a los funcionarios ante el juez federal Sebastían Casanello.
De acuerdo con la presentación judicial, hay documentos que dan cuenta que el espionaje se realizó desde 2004, cuando Fernández estaba a cargo de la Gendarmería nacional, y hasta el año pasado, cuando la fuerza estaba bajo el mando de Garré, quien asumió a fines de 2010 el Ministerio de Seguridad.
Según consignó la agencia DyN, Librepueblo, el Partido Obrero y la Asociación de Detenidos Desaparecidos, entre otras organizaciones y dirigentes, denunciaron “un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración que se viene desarrollando desde hace muchos años en todo el país”.
“Que persigue, investiga, infiltra y hace inteligencia, en especial, sobre organizaciones y referentes sociales, partidos políticos, organizaciones y dirigentes gremiales y sindicales, organismos de derechos humanos y religiosos con tareas de índole social”, continuaron.
Para los firmantes, “resulta notoria y manifiesta la responsabilidad que corresponde atribuir a quienes ejercían funciones ministeriales”. Por tal motivo, pidieron la indagatoria de la actual ministra de Seguridad y el exministro del interior.
En la causa judicial una pericia halló informes en computadoras que fueron secuestradas en Campo de Mayo. Se encontraron documentos que muestran un seguimiento a distintas figuras de la política: la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, delegados de la empresa Kraft o al sacerdote José María Di Paola, entre otros.
La abogada querellante Myriam Bregman señaló que “cada día que pasa pueden estar destruyendo pruebas”. Y le recordó al juez que “la denuncia se inició hace dieciseis meses, en noviembre de 2011”. En ese entonces, el juzgado estaba a cargo del juez Norberto Oyarbide.
fuente perfil.com