Afirmó que los que difunden esas informaciones buscan llevar a la gente a sacar “conclusiones taradas”.
Al mismo tiempo, los abogados denunciantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) se presentaron ante el juez Sebastián Casanello, que investiga el supuesto espionaje ilegal, para oponerse a que el Ministerio de Seguridad se constituya como víctima. Replicaron, además, a Aníbal Fernández y dijeron que los ataca para defenderse, “pues la mayoría de los partes de Inteligencia son de su gestión”.
“Es muy tarada la conclusión a la que nos quieren llevar y no me presto para esas conclusiones de tarados”, afirmó el ex ministro de Justicia y Seguridad y ex jefe de Gabinete a Radio 10.
Fernández calificó de una “estupidez” los hallazgos de la Justicia que allanó la unidad de Gendarmería en Campo de Mayo. Allí, en una docena de computadoras, encontró cientos de informes de Inteligencia sobre líderes sociales y punteros de villas de la ciudad de Buenos Aires, relevamientos sobre manifestaciones y sus protagonistas, y evaluaciones políticas y sociales de provincias y ciudades.
“[Es] una estupidez porque todo lo que se plantea es contrafáctico. Díganme para qué sirvió si en todo caso se hubiera hecho eso”, planteó el senador. Negó haber tenido conocimiento sobre esas maniobras de espionaje y recordó que durante su gestión no dio ninguna orden en ese sentido. “Tendría que estar loco decididamente para hacer una cosa de esas características”, aclaró, y destacó: “Qué sentido hubiese tenido una cosa de ésas, que me digan quién ha recibido de mí una orden por escrito o «in voce» al respecto. Nunca y por qué razón, porque no me interesó nunca semejante cosa.”
Aníbal Fernández fue responsable de la Seguridad entre 2003 y 2009, al desempeñarse al frente del Ministerio del Interior y del de Justicia y Seguridad. Desde allí controló a las fuerzas federales, incluida la Gendarmería.
El senador kirchnerista cuestionó las informaciones publicadas acerca del contenido de los discos rígidos encontrados en poder de esa fuerza de seguridad. Esas noticias estaban ilustradas, además, con facsímiles de lo que parecían fichas de Inteligencia, con foto, nombre y apellido, DNI y filiación política de punteros y referentes sociales, entre los que está incluido el sacerdote José María Di Paola, conocido como padre Pepe.
Las informaciones surgieron de los documentos que están en poder del juez Casanello y de los querellantes y denunciantes del PTS. Se investiga si esos informes se realizaron por orden de un juez. De no ser así, se trataría de una violación de la ley de Inteligencia.
Ayer, los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y del PTS, Agustín Comas y Myriam Bregman, le pidieron al juez Casanello que “se rechace cualquier nueva intervención del área investigada sobre la causa”.
“La situación es grave, en la misma ya participa un agente de la Secretaría de Inteligencia de identidad reservada y dos agentes de la Gendarmería, que supervisan todas las pericias, las que impugnamos en su momento. Ahora se suma esto”, expresó Comas. Ambos abogados reclamaron, además, que el Ministerio de Seguridad no sea parte en la causa como víctima, pues está entre los investigados.
Bregman, en tanto, le respondió a Fernández: “Nos ataca para defenderse porque la mayoría de los partes de Inteligencia pertenecen a su gestión. Sólo así puedo entender que nos diga tarados y estúpidos”.
“Antes de agredir, que explique por qué, a nueve días de la desaparición de Julio López, nos espiaba a nosotros en vez buscar al compañero secuestrado”, denunció la abogada querellante.
fuente lanacion