La intención del Gobierno de reformar diferentes aspectos del Poder Judicial, que anunció ayer Cristina Kirchner, ya generó los primeros focos de resistencia entre los propios miembros de ese poder del Estado. La elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y echa a los jueces, es la que generó mayor revuelo.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, advirtió ayer que “no es compatible con la Constitución” la elección popular de los jueces del Consejo de la Magistratura. “Me parece que es clara la Constitución cuando señala que son representantes de los jueces y a los representantes de alguien los elige ese alguien”, manifestó. Y aclaró que quiere “ver qué se plantea, porque (Cristina) dijo que es acorde a la Constitución y si es acorde a la Constitución, no puede ser por voto popular”.
El temor de los miembros del Poder Judicial es que el Consejo quede en mano de las mayorías políticas de turno y de las grandes estructuras partidarias. El actual presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, no salió a criticar el proyecto oficialista, pero dejó en evidencia que no es una iniciativa que apoye abiertamente. Fera, precisamente, es un jurista aliado al kirchnerismo en ese órgano.
La reforma, en cambio, cuenta con el respaldo pleno del grupo Justicia Legítima, en torno al cual se agruparon miembros del Poder Judicial cercanos al Gobierno.
Fera advirtió por radio América que “es prematuro hablar de cómo será la elección de estamentos de jueces y abogados, es necesario un debate”. De esta manera, se mostró escéptico respecto a que la iniciativa de voto popular sea la más conveniente para conformar el Consejo.
Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados, ya se había expresado en contra de la modificación. “Los representantes del estamento de la política son elegidos por el pueblo para ser legisladores, no consejeros. Se formalizaría así otra prebenda para el estamento de la política”, aseveró.
Desde todo el arco opositor también surgieron nuevas críticas. El jefe del FAP, Hermes Binner, criticó a la Presidenta por pretender implementar un sistema “que responda a un solo mando”. “Vamos a un unicato donde las consecuencias puede ser muy malas”, disparó. El macrista Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que Cristina “quiere el poder total, y si pudiera, la recontra-reelección”. “Busca tener más injerencia sobre la Justicia”, agregó. Desde la Coalición Cívica-ARI, Alfonso Prat-Gay aseveró que el anuncio “es un ataque frontal para quedarse con el control” de la Justicia. “Es lo mismo lo que hicieron en Santa Cruz”, manifestó.
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