El acuerdo consta de nueve puntos y fue publicado en el Boletín Oficial, mediante el decreto 236/2013 que firman la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el canciller Héctor Timerman.
El ataque a la mutual judía ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos y 300 heridos.
El artículo primero establece la creación de “una Comisión de la Verdad”, compuesta “por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán”, que tiene siete funcionarios imputados por el atentado.
Serán “cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional”, que “no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países”. “Ambos países acordarán conjuntamente respecto a un jurista internacional con alto standard moral y prestigio legal, quien actuará como presidente de la Comisión”, agregó.
La Comisión tendrá “sus reglas de procedimiento que serán aprobadas por las partes” e incluirá el intercambio de información entre autoridades de los dos países.
Además, deberá elaborar un informe “con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes”.
“La Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja. La Comisión tendrá autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte. Cada parte tiene el derecho de dar explicaciones o presentar nueva documentación durante los encuentros”, indicó el artículo quinto.
El acuerdo “será remitido a los órganos relevantes de cada país, ya sean el Congreso, el Parlamento u otros cuerpos, para su ratificación o aprobación de conformidad con sus leyes”.
En tanto, “entrará en vigencia después del intercambio de la última nota verbal informando que los requisitos internos para su aprobación o ratificación han sido cumplimentados”.
Luego de ser firmado el acuerdo, “será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso”.
El artículo octavo consigna que “nada de este acuerdo pondrá en riesgo los derechos de las personas, garantizados por ley”.
Por su parte, el noveno y último añade que “cualquier controversia sobre la implementación o interpretación de este acuerdo será resuelta por medio de consultas entre ambas partes”.
fuente clarin