Existen funcionarios “cara de piedra” que niegan cualquier responsabilidad que les quepa y la derivan a terceros y fantasmas inhallables. También los “cara de nada” que aún ante la evidencia, convenientemente asesorados omiten pronunciar palabra, ya que saben que eso los complicaría en una eventual instancia judicial posterior. Pero en ambos casos, el más rancio cristinismo ha encontrado en la imposible aunque declamada “Democratización de la Justicia” la manera de apretar magistrados y amañar sorteos de otros. ¡Minga de juez natural e imparcial! Eso es para la gilada.
Las tragedias con multiplicidad de víctimas -muertos y heridos- han encontrado patrones comunes desde República Cromagnón hasta la de la terminal ferroviaria de Once. En el caso de Cromagnón, merced al primer juicio político de nuestra historia el entonces Jefe de Gobierno porteño fue destituido, si bien resulta patético que 200 muertos mediante durante su gestión, hoy Aníbal Ibarra sea legislador electo.
Cada funcionario es responsable de los colaboradores que designa. Así, el titular del Poder Ejecutivo se debe hacer cargo de la idoneidad y honorabilidad de los ministros, secretarios y subsecretarios que designa. En cambio no puede responsabilizarse a quienes emiten un sufragio por los actos de quienes llegan a la función pública desde una degradada forma de elección donde priman las listas sábana, esas que nos obligan a votar un “paquete” de nombres de desconocidos. Algo similar a un “combo” de local de comidas rápidas, pero donde los papafritas somos los argentinos.
La presidente tuvo la poco feliz idea de hablar públicamente del siniestro a un año del hecho. Por primera vez desde que recuerdo, un presidente de la Nación es objeto del agravio personal directo de una multitud; y no por parte de grupos politizados, sino de víctimas y sus familiares.
La infinita paciencia del pueblo encontró un límite. Transcurrió un año y no hay detenidos. Muchos estamos convencidos que los sospechados ya imputados y también los aún no visibles socios de éstos van a dificultar cuanto puedan la investigación para eludir la acción de la justicia.
Tal como lo sostuvo el Presidente de la Auditoría General de la Nación Dr. Leandro Despuy, la tragedia de Once fue producto de la corrupción en torno de la concesión de los trenes. Lo ofensivo para la opinión pública -y no la publicada, de un tan desvergonzado como alevoso predominio oficialista- es que Ricardo Jaime, Schiavi, De Vido y tantos otros se encuentren aún en libertad.
Desde el propio gobierno se reconoce que los trenes están en situación catastrófica. Si sabemos que desde hace diez años se destinaron unos dos millones de dólares diarios al sistema ferroviario, la investigación se deberá centrar en la ecuación “recursos derivados/recursos aplicados”.
La ruta del dinero para los ferrocarriles y su correcta inversión dejará al descubierto a los responsables. Desde esa óptica deberá investigarse tanto a los concesionarios que percibieron los montos, como a quienes debían controlar su correcta aplicación en reparaciones y renovación de coches, vías, señalización y estaciones. De ese análisis surgirán los responsables directos, cómplices y encubridores que saqueando dinero de los argentinos despreciaron el valor de vidas humanas que segaron, como la salud de inocentes víctimas y familiares que resultaron mutilados física y psíquicamente.
Tal como aconteció con Cromagnón, el ferricidio fue una tragedia pero no un accidente. La Justicia debe investigar mediante pericias técnicas y contables cuánto dinero aportado por el Estado no se aplicó y recuperarlo de quien lo haya percibido. También es de esperar que no le tiemble el pulso a ningún magistrado para aplicar y confirmar las más severas penas a todos los responsables, no debiendo descartarse la de reclusión perpetua.
CABA, 24/02/2013
Abogado (Justa Causa)
ebobek@fibertel.com.ar
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