El fallo del juez Norberto Oyarbideque decretó la prisión preventiva de Sergio y Pablo Schoklender y del contador, Alejandro Gotkin,eludió imputar a Hebe De Bonafini, a pesar que es presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ejecutora del Programa de Viviendas Sociales, *Sueños Compartidos*.
Este rumbo judicial muestra que tanto el juez Oyarbide como el fiscal Jorge Di Lello anteponen el temor que tienen al Poder Ejecutivo, a su obligación de brindar Justicia.
En el mismo sentido hay que observar al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por tener *dormida* la causa donde están denunciados por la defraudación Hebe de Bonafini, Julio De Vido y Aníbal Fernández, por haber intervenido en la provisión de los fondos para el Programa de Viviendas Sueños Compartidos.
En esta causa peritos de la Policía Federal destacan en un informe que faltan más de 250 millones de pesos* pero en realidad la falta llega a super los 450 millones de pesos, ya que fueron entregadas más de 2.000 viviendas, en lugar de las 15.000 que correspondía entregar en equivalencia con los fondos recibidos.
¿Cómo los funcionarios citados pudieron pagarle 900 millones de pesos por obras inexistentes? Por eso es difícil aceptar que esos cuantioso fondos se los hayan llevado los hermanos Schoklender sin una participación de los funcionarios involucrados.
El propio Sergio Schoklender asegura en su libro que una parte de esos fondos había sido destinada al pago de sobresueldos *en negro* a funcionarios. Un dato que la investigación seguramente tendrá en cuenta.
Estos elementos son los que evidencian la mayor relevancia de la causa en manos del juez Di Giorgi,en lugar de la que tiene el juez Oyarbide. Evidencia a la vez, la indudable dependencia política.
El abogado penalista Jorge Vitale, que presentó la denuncia del caso ante el magistrado Di Giorgi, aseguró que hubo además * sobreprecios y mala calidad*
Vitale realizó su denuncia el 30 de mayo de 1911, La causa 6204/11 es por “Violación a los deberes de funcionario y malversación de caudales públicos” y apunta a los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Los considera principales responsables del programa de viviendas sociales “Sueños Compartidos”en cuya ejecución se presumen serias irregularidades financieras contra el Estado Nacional.
Los argumentos que amplían la denuncia señalan que la ejecución del plan de viviendas registra “sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe” .
En primer término, se señala que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.
La presentación del abogado Vitale afirma que las viviendas contruídas por la Fundación que lidera Bonafini son en base a “ planchas de telgopor de 8 centimetros , reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”. También que las referidas planchas salen de una fábrica que funcionaba en el barrio porteño de Barracas con maquinarias adquiridas que costaron 2 millones de euros.
En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el Gobierno Nacional le paga a la Fundación $210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $81.000 por unidad.
Agrega conclusiones de una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones:
* Mal diseño de la carpintería en el 16,5% de las viviendas auditadas; * Deficiente aislamiento térmico de los muros exteriores en el 14,5% de los casos;* Deficiente diseño funcional de futuras ampliaciones;* Desprolijidades en la ejecución de la mampostería;* Humedades con salitre;* Revoques con ondulaciones excesivas*.
Otras de las pruebas presentadas es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.
* “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”
* “Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”
* “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”
Por último se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, factores que al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, De Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, ser responsables de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”.
Lo que está en discusión es el perjuicio a los fondos del Estado Nacional, y no centrar en los perjuicios a la Fundación, como se pretende hacer.
Porque la prisión preventiva de algunos imputados secundarios, no es otra cosa que pretender salvar de ser imputados a los funcionarios del Gobierno K y a la misma Bonafini. Sería el inicio de lo que la Presidenta llama*democratizar la Justicia*. Que en realidad es *domesticarla*.
fuente caraycecaonline.com.ar