Así comenzó ayer por la tarde el allanamiento, que se prolongó durante más de cuatro horas y que fue ordenado por el fiscal Franco Servidio, quien investiga las denuncias contra los propietarios del establecimiento y cuatro maestras por amenazas y lesiones .
Al mediodía, en La Plata, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense ya había resuelto separar a dos inspectoras del distrito de San Isidro y avanzar en la apertura de un sumario administrativo para determinar su responsabilidad por la irregular actividad del jardín, que funcionaba desde 1996 sin contar con habilitación de la cartera educativa provincial.
Más temprano, a primera hora de la mañana, dos policías de la seccional de San Isidro estuvieron en la casa de Yanina Gogonza, una de las maestras denunciadas , donde le entregaron un oficio en el que le comunicaron que debía presentarse ante la Justicia.
A través de las redes sociales, siguieron las repercusiones por el escándalo donde los padres llevan a chicos de entre 45 días y 5 años. La docente, cuyo nombre aparece en una grabación realizada por el padre de una niña que colocó un iPod en la mochila de la pequeña, fue blanco de los cuestionamientos y críticas en las redes sociales. La docente, a su vez, utilizó las redes sociales para defenderse de las acusaciones en su contra y decir que era inocente.
Al retirarse de su casa, la maestra se negó a hablar con los periodistas que la esperaban en la puerta. Sin embargo, su padre, que conducía una camioneta, deslindó responsabilidades y expresó: “Soy el padre, pero ella ya es mayor de edad y la Justicia tiene que definir”.
Con respecto al allanamiento realizado en el jardín del escándalo, situado en O’Higgins 591, fuentes de la investigación indicaron que se buscaron documentación y elementos probatorios para la causa judicial .
Además, se informó que se fijaron para después del 15 de febrero los primeros peritajes psicológicos a los niños que asistían al establecimiento. La idea del fiscal es tratar de establecer si ante el grupo de profesionales alguno de los menores puede relatar en primera persona o expresar de alguna manera -en cámara Gesell, con tests, juegos o dibujos- los maltratos a los que supuestamente habrían sido sometidos.
En tanto, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se refirió a las presuntas irregularidades en la habilitación del establecimiento y rechazó cualquier responsabilidad en el caso. “Se trataba de personas que actuaban como monotributistas, se estableció un engaño a los padres y esto desembocó en la existencia de maltrato”, dijo Posse, y calificó a los responsables del establecimiento de “delincuentes con una grave patología”.
Mientras tanto en la capital bonaerense se resolvió la separación de dos funcionarias. La medida recayó sobre la inspectora en jefe Mónica Seal, titular de la Región VI -que abarca los distritos de San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López- y la referente distrital de San Isidro, Patricia Naso.
Ambas funcionarias fueron apartadas preventivamente de sus puestos ante la presunción de que no cumplieron con su responsabilidad de supervisar el funcionamiento irregular de la guardería.
La investigación interna dispuesta por la directora general de Escuelas provincial, Nora de Lucía, se sumó a la denuncia penal abierta anteayer por la provincia ante la justicia penal de San Isidro.
Ayer, De Lucía dijo que aspira a que el caso se resuelva con “sanciones ejemplares” y ensayó lo que pareció una justificación al sostener: “Para nosotros el establecimiento estaba inhabilitado y cerrado. No podíamos saber lo que ahí adentro pasaba porque la provincia tiene la fiscalización de lo que está autorizado”. No obstante, agregó: “Igualmente, nos hacemos cargo y vamos a dilucidar rápidamente la situación”.
fuente lanacion