Un nuevo escándalo de corrupción golpea la desgastada Secretaría de Transporte del kirchnerismo que todavía no logro sacarse de encima el estigma de Ricardo Jaime. Sólo que esta vez, la denuncia involucra a funcionarios de Alejandro Ramos, uno de los nuevos protegidos de Cristina Kirchner.
El caso comenzó meses atrás cuando las autoridades de la Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola (FACMA) comenzaron una serie reuniones con funcionarios de la Secretaría de Transporte que conduce el santafesino Ramos para tratar un tema de enorme importancia para la operativa del sector.
El propósito de las negociaciones consistía en la creación de un permiso interjurisdiccional que permitiría a los contratistas transportar maquinaria agrícola por las rutas de todo el país con una sola autorización emitida por la cartera que conduce el santafesino (para evitar así tener que obtener una multiplicidad de permisos provinciales al trasladarse de una jurisdicción a otra).
En los encuentros técnicos las negociaciones transcurrieron con absoluta normalidad y hasta se lograron grandes avances entre ambas partes con el fin de solucionar uno de los principales problemas que afecta la labor de los contratistas rurales.
En su momento, las máximas autoridades de FACMA se mostraban muy conformes con el preacuerdo que lograron negociar con la Secretaría de Transporte y hasta lo presentaban públicamente como un gran avance para el sector.
Hasta ahí todo bien. Pero, según una investigación realizada por La Política Online, el problema llegó hace algunas semanas atrás cuando tuvieron que negociar el pago de dicho permiso nacional, que rondaría los $ 100 por año por máquina.
Una ayudita para los amigos
El precio fijado para la emisión de la habilitación nacional no representó inconveniente alguno para las partes y todo parecía marchar sobre rieles, hasta que los funcionarios de Transporte que llevaron adelante las negociaciones, pidieron que el dinero de los permisos se depositara en una cuenta bancaria personal.
Este medio pudo saber que la cuenta bancaria en cuestión pertenece a una persona física que nada tenía que ver con las negociaciones, como una manera de no dejar evidencias. “La idea era que durante algunos meses ese trámite se abone en una cuenta particular como una forma de agradecer y pagar la celeridad de la gestión”, reveló una de las fuentes consultadas que por razones obvias no quiso identificarse.
Cuando los funcionarios realizaron el pedido, en la federación de maquinaria entendieron todo. Es que hasta ese momento estaban sorprendidos por la celeridad y eficiencia del gobierno, que en un muy breve lapos había resuelto un problema que por lo general, en este tipo de modificaciones de reglamentaciones, suele demoran meses y hasta años en algunos casos.
Lo cierto es que una vez que las autoridades de FACMA advirtieron que el dinero debía ser depositado en una cuenta de una persona física, decidieron dar marcha atrás y aún hoy se encuentran evaluando los pasos por seguir, ya que temen que de hacer pública la denuncia el gobierno tome represalias contra ellos.
Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior y Transporte que conduce Florencio Randazzo, afirmaron a LPO que de concretarse una denuncia no dudarán en echar y denunciar a los funcionarios involucrados.
El dato no debería sorprender ya que la relación entre el ministro y Alejandro Ramos es pésima, ya que el joven intendente de Granadero Baigorria responde políticamente a Julio de Vido, mientras que Randazzo hoy por hoy mantiene cuotas de poder en el gabinete gracias al paraguas que le extendió el poderoso secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, eterno rival del titular de Planificación.
fuente lapoliticaonline