El gobierno de José Manuel de la Sota rechazó acusaciones de funcionarios y dirigentes del kirchnerismo por el cierre de cinco antenas del servicio de la Televisión Digital Abierta (TDA), al asegurar que no responden a motivos políticos por la pelea entre la provincia y la Nación.
“No son clausuras, sino cierres preventivos y precautorios para después no tener que reparar un eventual daño ambiental”, dijo a LA NACION el secretario de Ambiente de la provincia, Federico Bocco, el único funcionario que habló del tema.
Negó que se trate de una cuestión política atribuida al rol opositor del gobernador o a su eventual candidatura presidencial y enfatizó que “se trata de un procedimiento legal y preventivo”.
Bocco explicó que por aplicación de la ley general de ambiente 7343 y el decreto reglamentario 2131 “se dispusieron auditorías ambientales que no sólo abarcan a las antenas de la televisión digital, sino también a las de la telefonía celular”.
Afirmó que “el cese preventivo” de las antenas ubicadas en Río Cuarto, Leones, Malagueño, Villa Dolores y Villa María se debieron a la falta de presentación de la documentación exigida por la ley sobre el impacto ambiental.
Insistió que la documentación entregada por los organismos nacionales para habilitar las antenas “es insuficiente que ni siquiera configura un aviso de proyecto o un estudio de impacto ambiental como lo prescribe la ley 7343”.
El titular de Ambiente aclaró que no se aplicaron medidas punitivas contra las antenas de telefonía porque en general están en regla y que si faltan algunos elementos “ello no tiene entidad suficiente para un cese preventivo”.
En cambio, sostuvo que las antenas de TDA a las que se inhabilitó para funcionar “estaban en flagrancia” y que solo se les volverá a permitir su funcionamiento cuando cumplan con las exigencias de la ley ambiental provincial.
fuente lanacion