El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.Ver más imágenes
José Manuel de la Sota está decidido a profundizar su pelea con el Gobierno Nacional, pese a que esa estrategia ya comienza a generarle un fastidio a los cordobeses que semanas atrás se reflejó en los sondeos. Más allá de los cruces mediáticos, este nuevo round podría derivar en una situación muy compleja para la provincia.
Después de una maniobra judicial impulsada por el Ejecutivo cordobés, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) quedó al borde de incumplir el pago de una deuda que mantiene con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y abrió el camino hacia el default técnico.
Según el diario Ámbito Financiero, la deuda de EPEC es por la emisión, en mayo de 2011, de un título de deuda por 565 millones de dólares (a ocho años de plazo y al 12,5% anual) que tiene a la ANSES como suscriptor casi total. La empresa cordobesa se comprometió a saldar los pagos con lo producido por la central termoeléctrica Pilar -la emisión fue para financiar su construcción- y con fondos de la coparticipación.
Por esto último, el Banco Nación le retenía automáticamente fondos a Córdoba y cubría las cuotas de la deuda. Pero el juez federal suplente de Bell Ville Lucas Bondone dictó una cautelar que frenó ese mecanismo y liberó los recursos directamente a la Provincia.
Por ahora, la cancelación de la deuda con Anses se estaría realizando con las cuotas de reserva existentes (dos). Pero el problema es que los lanzamientos de deuda entre el Banco Nación y la provincia tienen cláusulas de default cruzado. Es decir que ante un incumplimiento, los tenedores de otros instrumentos de deuda de Córdoba pueden reclamar la totalidad de lo adeudado al momento.
Para la declaración formal de un default restan varios pasos. En principio, según Ámbito, deben regir otros plazos legales para la declaración formal de una cesación de pagos. Incluso, para arrastrar a la provincia, debe reunirse el 25% de los tenedores de los papeles cordobeses.
El default ya llegó
Más allá de los pasos legales, un especialista en deuda pública consultado por LPO explicó que la presentación judicial para que no se retengan los fondos de la Coparticipación es “un repudio de la deuda”. Es decir que la provincia está reconociendo que no hará frente a los pagos, aunque el default se declare formalmente cuando el 25% de los acreedores pida la caducidad de plazos.
“Están defaulteando hoy, aunque tienen plazo para solucionarlo. Pero en los hechos hay un evento de incumplimiento”, afirmó el analista, que ve difícil que pueda revertirse esta situación porque con la cautelar se dejó de aportar a la cuenta de reserva.
Además, señaló que esta situación aún “no afectó al mercado” porque no modifica la perspectivas que se tienen para las provincias argentinas. “La falta de voluntad de pago es recurrente”, indicó recordando la pesificación de las deudas de Chaco y Formosa y la situación con los fondos buitre. “Es una mancha más”, concluyó.
fuente lapoliticaonline