“Somos una provincia perjudicada”, denunció hace una semana el jefe de ministros de Daniel Scioli al levantar la voz contra la política que implementa la Casa Rosada en materia de distribución de recursos. “La Argentina se debe este debate, que es complejo”, añadió.
Los pedidos por un cambio en la coparticipación son un tema recurrente en la agenda de los políticos bonaerenses, pero suelen quedar en quejas y denuncias, o llamamientos a debates que nunca se concretan. No obstante, esta vez parece que el Ejecutivo bonaerense está decidido a que se avance en la discusión.
Una prueba de esa voluntad es la carta que Pérez envió al titular de la Cámara baja en la que le solicita una reunión para hablar “sobre dos asuntos trascendentes para nuestra provincia: se trata de la necesaria rediscusión de la Ley de Coparticipación Federal vigente, así como la eliminación del tope de 650 millones de pesos que se destinan por el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense”.
“Conocedor de su clara vocación bonaerense, no dudo que estará abierto a recibir anteproyectos, en un diálogo franco y necesario”, indica la misiva a Domínguez, quien fue ministro de Obras Públicas de esa provincia, además de diputado.
El jefe de Gabinete anunció que asistiría al encuentro acompañado por la ministra de Economía, Silvina Batakis. Desde su entorno dijeron a Infobae que esos son los únicos puntos que se pretenden abordar en la eventual audiencia, que se realizará cuando Domínguez lo decida.
Scioli dijo a comienzos de enero que la coparticipación debe discutirse “en algún momento”. Y si las palabras de Pérez después no evidenciaron qué tan serio era el planteo, resultó más que contundente la advertencia del senador de la agrupación La Juan Domingo (que promueve la candidatura presidencial del gobernador) Alberto de Fazio cuando escribió en su cuenta de Twitter que “es una pelea política y eventualmente judicial”.
La carta de Alberto Pérez se dio a conocer el mismo día en que la Nación formalizó un mecanismo para que los municipios soliciten “ayuda financiera” sin la mediación de las autoridades provinciales, una herramienta que permite restar poder territorial a los gobernadores.
fuente infobae