En el Poder Ejecutivo conviven dos posiciones: hay una que le sugiere a la Presidenta que disponga una estatización de Edesur y Edenor y otra que prefiere incrementos de tarifas o cargos que alivien la situación de estas empresas, ambos con números en rojo.
Los cortes de luz de las últimas semanas de diciembre causaron malestar en varios barrios de clase media y ese dato llegó a las encuestas de imagen que le acercan a Cristina Kirchner. La mandataria pidió a sus funcionarios que adopten las medidas necesarias para evitar nuevas interrupciones.
Pero la prioridad de los ministerios de Economía y Planificación, que son los que tallan en cuestiones energéticas, estuvo, hacia fines del año pasado, en YPF. Para lograr atraer inversores, la petrolera necesitaba mayores precios para el gas y el petróleo. Así, el Gobierno autorizó un mayor importe para el gas de exportación, para las naftas que se venden en el país y también para los despachos externos de crudo, aunque esta medida beneficiará más a PAE (su accionista Bridas firmó un acuerdo con YPF el 28 de diciembre) que al resto.
El destino de las eléctricas Edesur y Edenor es una incógnita permanente para el sector y para el gremio. Las compañías no disponen de dinero para pagar aumentos de sueldos y le piden a Cammesa (la empresa mayorista manejada por el Estado) que las financie. Dentro de las pocas certezas que ofrece al Gobierno al respecto, hay algunas señales que parecen inequívocas para quienes conocen los diálogos entre el Poder Ejecutivo y las empresas reguladas.
Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación, fue a la inauguración de una obra de ampliación de una subestación transformadora –Malaver- de Edenor. Se trata de una inversión de US$ 80 millones para mejorar el suministro en el conurbano norte. Es raro que Baratta deje retratarse sin la bendición del ministro de Planificación.
“Es la prueba de que Planificación quiere incrementos de tarifas o cargos que alivien la situación financiera de las empresas”, cuenta un especialista del sector que pidió no ser mencionado por temor a enojar a las partes. “Ellos ven bien que aumenten las transferencias de Cammesa, que se le pague directamente a los generadores de energía (lo que les venden a las distribuidoras) y que se les financie a las distribuidoras”, observa.
Según ese punto de vista, que es compartido por algunos ejecutivos de las eléctricas, De Vido está dispuesto a intervenir en las eléctricas, pero sin llegar a un cambio de titularidad de las acciones de la compañía. Edesur es de la italiana Enel, mientras que Edenor es de Pampa, una empresa de Marcelo Mindlin.
Del lado de una posición más “radicalizada” se encontraría Axel Kicillof. El viceministro de Economía prometió una solución “de fondo” en agosto. La sospecha de varios privados es que impulsa a Cammesa como una empresa “pivotal” del sistema, de la que dependan tanto Edenor como Edesur.
Edesur perdió 454 millones hasta septiembre, según sus balances y ese número podría exceder los $ 600 millones cuando se conozcan los datos del último trimestre (octubre a diciembre). Edenor lleva un rojo acumulado de $ 420 millones y su resultado anual iría por la misma senda que la otra compañía.
Kicillof les dijo a los empresarios que iba a implementar un esquema de “costo plus”. Un equipo que le responde estudiaría los costos de las eléctricas y determinaría cuánto debe cobrar cada uno por su tarea de distribución. El “plus” sería la ganancia que el viceministro de Economía decida que le corresponde a cada empresa, de acuerdo con sus cálculos.
Otra de las alternativas que estudian en Economía (siempre cerca de Kicillof, ya que el ministro Hernán Lorenzino está abocado a la deuda externa y relación con provincias) es que Cammesa siga aportando dinero a Edenor y Edesur, para después transformar esa plata en una inyección de capital. De esa forma, se quedarían con el control de las compañías sin necesidad de una expropiación.
De todas formas, tanto Edesur como Edenor son dos concesiones que operan bajo ciertos marcos regulatorios. La estatización fue meneada como una posibilidad por Oscar Lescano, un sindicalista que quedó dentro de la CGT de mayor sintonía con el Gobierno.
fuente clarin