Fue mantenida durante todo el período estigmatizado como gobierno de la oligarquía y también durante los años que la inquina política ha bautizado como “la década infame”.
Cuando antes de la crisis del ’90 (1890) nuestros bonos, siempre bajo jurisdicción argentina, comenzaron a perder valor al sospecharse que no los pagaríamos, el Presidente Avellaneda proclamó: “Ahorraremos sobre el hambre y la sed de los argentinos”. Había dos cosas inconcebibles: someter al país a una justicia extranjera y dejar de pagar lo que debíamos.
Crisis del ‘90
La crisis llegó en el ‘90 bajo Juárez Celman. Baring Brothers, que había subscripto un nuevo empréstito cuyos bonos iba a colocar en la City de Londres, pensando que subirían demoró en venderlos. Ocurrió lo contrario, que determinaba la bancarrota de Baring, que a su vez produciría la bancarrota del Bank of England, único emisor de la libra esterlina.. Esto, a su vez, producía la quiebra del Imperio Británico.
El Primer Ministro Disraeli encargó al Barón Rothschild la búsqueda de una solución. Llegó a la conclusión que la más rápida y económica para salvar al Bank of England era salvar a Baring Brothers, para lo cual había que salvar el valor del empréstito emitido por la Argentina, cosa que hizo reuniendo un consorcio de bancos que compró nuestros bonos al precio de emisión, convenciéndolos que el país iba a crecer para `pagarlos.
Mientras tanto en Buenos Aires Carlos Pellegrini hizo la reforma financiera que permitió dejar atrás la crisis.
La Argentina encaró su futuro en el 90 haciendo simultáneamente el rearme para hacer frente a la guerra con la cual amenazaba Chile y la expansión agrícola para la cual un país de poco más de dos millones de habitantes importó dos millones de inmigrantes a los cuales proporcionaba trabajo para que ganaran y vivienda que el Banco Hipotecario recién fundado financiaba al 3 ½% anual a 30 años de plazo gracias a los bonos que colocaba en una City que había tenido la prueba que el país, pasara lo que pasara, honraba sus deudas.
Crisis del ‘30
No fue la única prueba de fuego. La crisis del ‘30 (1930) nos llegó con un presidente con capacidad disminuida.
Uriburu que lo reemplazó, para pagar vencimientos tuvo que lanzar el Empréstito Patriótico, que el Ministro de Hacienda aclaró a los banqueros que había reunido, sería forzoso. -”¿Qué?”, preguntó uno de ellos, “si no los subscribimos ¿nos meten presos?” -”Sí”, le aclaró el Ministro, “es una dictadura”.
El Empréstito Patriótico salvo un bache, pero la situación siguió deteriorando cuando la recesión que afectó nuestros mercados externos se trasladó al país con menores precios para carne, trigo y maíz y menores volúmenes exportables que llevaron a la crisis financiera que abatió el valor de las empresas, complicó el pago de hipotecas y sembró desocupación. Justo respondió hábilmente: fundó el IMIM (Instituto Mobilizador de Inversiones Mobiliarias) para salvar las empresas, la Junta Nacional de Granos para defender los productores, sancionó la moratoria hipotecaria para proteger las viviendas y puso en marcha el mayor plan de obras públicas que ha conocido el país para ocupar mano de obra. Sus testimonios permanecen: la primera represa que fue San Roque, la red caminera en un país donde la única ruta asfaltada conectaba Buenos Aires con La Plata, la Gral. Paz, los edificios públicos y cuanta cosa se puede imaginar y admirar hasta hoy.
Pero no bastaba. La economía mundial podía estar en depresión, pero los bonos externos del país seguían venciendo. Sancionó entonces el impuesto a los réditos que no existía, hoy impuesto a las ganancias, y redujo los sueldos de la administración pública, empezando por el presidente y los ministros que sufrieron una quita del 50%. Había que convencer al país y al mundo que no solo la Argentina, sino sus empresas privadas pagarían sus deudas, para lo cual creó la Caja de Conversión que garantizaba que cualquier tenedor de pesos podía cambiarlos por moneda extranjera o por el argentino oro que tenía una cotización oficial en pesos.
También sancionó un impuesto a la exportación, hoy llamado retención, cuya única explicación está en que había que limitar la exportación de carne por la cuota establecida por Gran Bretaña y de cereales por las limitaciones de Europa para pagarlos.
Crisis de la guerra (1939)
La guerra que estalló a poco de asumir Ortiz mostró que la decisión de mantener la moneda convertible y el peso estable era inquebrantable, para lo cual tenía que controlar el déficit fiscal mientras promovía la obra pública para limitar la desocupación.
Entonces ocurrió un hecho totalmente inesperado, Las reservas del Banco Central empezaron a crecer, aunque el bloqueo aliado nos impedía exportar a media Europa y el único país al cual efectivamente exportábamos, Inglaterra, estaba contra las cuerdas y no podía pagar.
Las fortunas de Europa, amenazadas por Hitler, dudaban que Suiza pudiera hacerle frente. Buscaron refugio en un país lejano que había dado muestras de cumplir sus obligaciones cualquiera fuera el costo, que mantenía el valor de su moneda en las buenas y en las malas y tenía un invariable respeto por los extranjeros y sus bienes.
Las bóvedas del Banco Central se llenaron de lingotes de oro y los que no entraron se apilaron en los pasillos.
Tanto Ortiz como Castillo que lo sucedió tuvieron el buen tino de no emitir contra la montaña de oro que formalmente respaldaba el peso.
Estas políticas cambiarían.
Llega Perón
El buen recuerdo que dejó Perón en su tercera presidencia ha hecho mucho para que olvidemos la primera. Recibió un país con moneda estable con patrón oro, con las mayores reservas de oro en el mundo guardadas en su Banco Central, sin déficit fiscal, sin inflación, con una administración pública profesionalizada, de buen nivel, bien paga y honesta, con mercados externos que después de cinco años de guerra estaban nuevamente abiertos y ávidos de nuestros productos y que producía arriba del 50% del producto bruto de América Latina.
El gran cambio
Algo tenía que cambiar en la Argentina, empezando por el fraude electoral. Hasta Ortiz había reconocido el fraude en las elecciones que lo hicieron Presidente, pero lo que no tenía que cambiar eran las políticas que nos habían convertido en la séptima potencia económica mundial.
Perón llegó convencido que todo lo que había hecho la “oligarquía” y lo hecho en la “década infame” estaba mal. Cambió la Corte Suprema que era independiente por una adicta y cerró la Caja de Conversión, con lo cual despareció la garantía oro del peso. Volaron las reservas del Banco Central. No quedaron lingotes ni en los pasillos ni en las bóvedas.
Podría aún haber salvado las papas si levantaba los derechos de exportación que habían sido establecidos en un período en que los mercados externos limitaron su demanda. Hubiera entrado una cascada de divisas de mercados ávidos por nuestros productos, No solo no los levantó sino que impuso control de cambio, cotización oficial disminuida para las exportaciones y creó el IAPI que se hizo cargo de las exportaciones.
En menos de dos años tuvo que devaluar. No había reservas en el Banco Central, las exportac
iones mermaban y apareció la inflación,
iones mermaban y apareció la inflación,
El problema financiero central fue a partir de entonces conseguir divisas, para lo cual los gobiernos firmaban cualquier cosa, tanto los militares como los civiles, los radicales como los peronistas, sobretodo con dos entidades nuevas, en Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos préstamos, para hacerlo más digerible, pasaron a llamarse “ayuda”.
Recién en 1967, con Onganía de Presidente, se hizo un relevamiento de lo que el país había firmado.
En los contratos del BID encontramos cláusulas que prohibían adquirir bienes argentinos con fondos del préstamo o transportarlos en bodegas argentinas; que establecían el aval del Tesoro Nacional a créditos otorgados a firmas extranjeras, que establecían condiciones y requisitos de imposible cumplimiento pero que debían ser cumplidas “a satisfacción del Banco” que autorizaban al Banco a suspender los desembolsos y exigir perentoriamente el pago de todo lo desembolsado por el contrato en cuestión y todos los restantes contratos firmados con el Banco, que modificaban la legislación aduanera para todos los bienes adquiridos con sus préstamos eliminando derechos y recargos y hasta la tasa de estadística; las que disponían que el Estado Nacional respondía con todos sus bienes, con el producto de todos sus impuestos y de sus aduanas, con todos los bienes del Banco Central y de sus restantes bancos oficiales, con todos los bienes de las provincias e intendencias. Hasta la tacita del café que tomaba el Intendente de Ushuaia o San Antonio de los Cobres estaba prendada. Menciono apenas algunas de las cláusulas que el país había firmado en sus contratos de préstamo.
La necesidad de cambiar la redacción de futuros contratos encontró su primer escollo en la actitud de los funcionarios del sector financiero que los negociaban, que argumentaban desde la imposibilidad de hacerlo hasta el peligro de paralizar la obra pública y desbarrancar el plan económico.
Se esperó entonces hasta que llegó el contrato con el BID para construir el puente Barranqueras-Corrientes. Estaba en construcción y el préstamo aportaba solo el 16% del costo total. Se agregó un préstamo para contratar consultores -que por supuesto tenían que ser extranjeros y serían designados por el Banco- para cinco tramos de la Ruta 34 que tenían proyecto de obra básico y pavimento ya realizado por Vialidad Nacional y otro préstamo para el Banco Industrial.
La noticia que el Presidente se negaba a firmarlos causó revuelo, pero como no podían decir que se paralizaba la construcción del puente o de la Ruta o que el Banco Industrial se quedaba sin fondos nuestros funcionarios argumentaron la imposibilidad de conseguir mejores condiciones.
La inquietud llegó al BID, si los restantes países se enteraban, todo su sistema de contrataciones caía. Mandaron un representante a negociar.
Como desde el ministro (Krieger Vasena) para abajo todos nuestros funcionarios de las finanzas habían coincidido en la imposibilidad de mejorar las condiciones y yo había sido quien primero expuso el problema se me encargó la renegociación que acometí con el Ing. Tomás Fillol.
Empezamos por la cláusula que determinaba la necesidad de hacer un estudio de factibilidad, a cargo de consultores designados por el Banco. Estas consultorías que agregaban un 3% al costo de cualquier obra pública estaban en todos los contratos con el BID. Expliqué que el puente se iba a construir si o sí, lo cual eliminaba su necesidad y que además ya estaba en construcción. El representante del BID aceptó.
Así fuimos recorriendo el contrato, donde tuvo que aceptar la mayor parte de las veces por simple sentido común, como en la cláusula que establecía que habría peaje cuyo valor amortizara el costo de la construcción. Suponiendo que todos los autos de Corrientes pasaran al Chaco por la mañana y todos los del Chaco a Corrientes, el peaje iba a ser tan alto que nadie lo podría utilizar. Además, el peaje estaba prohibido por nuestra Constitución, hasta que la modificaron Menem y Alfonsín.
Se plantó con la cláusula que obligaba a gastar en bienes y servicios de los Estados Unidos el 90% del préstamo. Le explicamos que el puente se construía con arena, cal, cemento y hierro nada de lo cual se podía traer de Estados Unidos, y volvió a plantarse con la cláusula que obligaba a transportar en bodega norteamericana todos los insumos para el puente. Le explicamos que no podíamos discriminar contra nuestro pabellón, aparte de que no había buque norteamericano que remontase el Paraná.
Donde se mostró intransigente fue con la cláusula que asignaba al Secretario General de la OEA al arbitraje sobre cualquier diferencia que se produjera. Sugerimos sustituirlo por el Presidente de nuestra Corte Suprema, que después de muchas consultas tampoco pudo aceptar, Transamos finalmente en que el Secretario General propondría tres árbitros para que el Presidente de la Corte eligiera uno. Quedaba a salvo el principio de la jurisdicción nacional y habría tiempo para volver sobre el tema en otros contratos. De las cuarenta y ocho cláusulas objetadas habíamos logrado eliminar treinta y llegado a transacciones aceptables en quince. Quedaron tres cuya importancia no era decisiva que no tuvimos dificultad en aceptar.
Renegociación con el Banco Mundial
Los contratos con el Banco Mundial tenían todos los defectos de los firmados con el BID, pero la renegociación casi no requirió esfuerzo. En el mundo financiero que es chismoso había cundido la noticia de la renegociación con el BID. Tenía dos modelos de contratos, que denominamos A por Australia y Z por Zambia. Estábamos firmando el modelo Z. Cuando entendieron que queríamos pasar al modelo A los problemas se disiparon
Influyeron sin duda que meses antes para construir la Estación Satelital de Balcarce habíamos optado por créditos directos de los fabricantes de equipos y que tanto estos como los banqueros que facilitaban los créditos tenían escasa simpatía por las cláusulas políticas de los contratos Z que entendían demoraban y dificultaban los buenos negocios.
También influyó otra impaciencia que resultó sugestiva. El proyecto de contrato con Vialidad Nacional estipulaba que el Banco nombraría los consultores que determinarían las rutas que el país construiría en los próximos años. Como dio al proyecto por aprobado con el visto bueno del Ministro, sin imaginar que el Presidente podría objetarlo, para ganar tiempo seguramente, adelantó a la firma inglesa TAMS (Tippets, Abbet, McCarthy & Stratton) que serían los favorecidos -nada de licitaciones, concurso y esas cosas que exigía la ley argentina. Con la misma impaciencia, como no sabía nada de Argentina, para aprender algo TAMS subcontrató a FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas). ¿Cómo habría averiguado TAMS que existía FIEL?
A todo esto el contrato no existía y el Presidente no tenía intención de transferirle al sin duda talentoso grupo inglés la facultad de decidir cuales serían nuestras rutas. El apresuramiento resultó, cuando menos, poco elegante.
¿Por qué se firmaban contratos con estas cláusulas?
Los funcionarios del BID y el Banco Mundial veían a su misión con los ojos de un colonizador que llega para civilizar a los nativos. Es lógico que no se preocuparan por respetar la constitución y las leyes de los países deudores, vistas como un conjunto de creencias tribales que debían ser superadas. Esta visión quedaba confirmada por la actitud positiva que encontr
aban en los funcionarios con quienes trataban, bien dispuestos a despojarse de creencias atávicas, aunque lógicamente no descartaban tener que enfrentar a los atrasados que no advertían que el respeto por su Constitución y sus leyes era un obstáculo para el desarrollo.
aban en los funcionarios con quienes trataban, bien dispuestos a despojarse de creencias atávicas, aunque lógicamente no descartaban tener que enfrentar a los atrasados que no advertían que el respeto por su Constitución y sus leyes era un obstáculo para el desarrollo.
Como el sueño último de la mayoría de nuestros funcionarios financieros era convertirse en funcionarios con sueldo en dólares y domicilio en Nueva York, entendían que modificar contratos para alinearlos con la Constitución, la ley y las conveniencias del país conspiraba contra aquella esperanza.
El INTAL
Para fortalecer esta creencia el BID, por convenio con nuestro Banco Central creó el INTAL (Instituto para el estudio de la Integración Latinoamericana), por el cual nuestro Banco Central financiaría y el BID administraría la realización de estudios. El convenio estaba al margen de las facultades del Banco Central conforme a su Carta Orgánica y no había sido ratificado por decreto ni por ley. Es decir: era clandestino y debe seguir existiendo.
A través del INTAL funcionarios y ex funcionarios argentinos que intervenían en negociaciones con el BID, por pura casualidad recibían el pedido de estudios remunerados por supuesto en dólares, y como se traba de un organismo internacional, exento de impuesto a las ganancias.
Empréstitos con bancos privados externos
La característica común de estos empréstitos “para robustecer la posición financiera del Banco Central”, “para hacer frente a la transitoria falta de divisas” o para “demostrar la confianza de la banca internacional en el desarrollo argentino y la conducción económica” es que nunca hacen falta.
El Banco Central no recibía las divisas que tomaba prestadas que en el mismo acto recolocaba al 2% ó 21/2% en el banco que las había suministrado que las volvía a colocar cobrando dos veces el interés sobre el mismo dinero.
Las “diferencias” en este tipo de operaciones no bajaban del 8%. Un empréstito de 100 millones a 10 años de plazo dejaba 80 millones de dólares para repartir.
Establecían siempre la jurisdicción extraterritorial arbitral. No vale la pena recorrer sus cláusulas porque los empréstitos en si eran indefendibles.
La rectificación de los contratos lograda bajo Onganía duró poco. Al año de destituido asumió Economía uno de los estudiosos del INTAL y volvimos a más de lo mismo, pero lo peor estaba por venir.
La OPEP tuvo la culpa
Los países productores de petróleo que habían logrado un fenomenal aumento de precio, pronto se encontraron con más dólares de los que podían gastar o invertir. Como los dólares que entraban ya no les servían para nada amagaron con reducir aún más la producción, que hubiera desatado una crisis industrial en Estados Unidos. Los principales bancos americanos asumieron la responsabilidad de reciclar los petrodólares en inversiones rentables. El monto a colocar superaba la posibilidad de todas las empresas privadas juntas, así hubieran querido endeudarse. Solo los países tenían el tamaño para absorber tal cantidad. Como los del primer mundo son reacios a superar su capacidad de pago, los bancos descendieron sobre el tercer mundo.
Había que ser muy terco para rechazar los préstamos que como regalo de Navidad ofrecían los bancos. En nuestro país coincidió con lo época de Martínez de Hoz. Los préstamos empezaron a llover sobre el país que no tenía proyectos para utilizarlos ni los precisaba. El resultado de la abundancia de dólares baratos fue la ola de argentinos que inundaron Miami comprando a lo “deme dos”.
Claro que en algún momento había que pagar los préstamos y allí vinieron los problemas.
Rollover
Es un término inglés que describe la novación que se hace con un préstamo que cuesta pagar. Al capital impago se suman los intereses adeudados en un nuevo empréstito y el país termina pagando, además del empréstito, intereses sobre intereses.
De estas operaciones se hicieron varias, las más notorias en tiempos de Cavallo con el llamado Plan Brady. A las cláusulas aceptadas en anteriores empréstitos se agregó la renuncia a la inmunidad soberana del país, o sea un voluntario renunciamiento a la soberanía.
No interesa detallar cuando y quienes lo hicieron, porque fueron todos, gobiernos militares y civiles, peronistas y radicales. Para facilitar estas indignidades estuvieron todos de acuerdo en liberar al Poder Ejecutivo de la necesidad de llevar al Congreso sus proyectos para endeudar el país, delegando en el Poder Ejecutivo las facultades legislativas. Nadie pidió al Ejecutivo rendición de cuentas sobre lo que había hecho con ellas. No hubo un solo diputado que dijera “Me opongo” y todos se levantaron para aplaudir al Presidente Rodríguez Saá cuando anunció que no pagaría la deuda externa.
Ahora no es cuestión de encontrar culpables, sino de encontrar soluciones.
Convenios de seguridad de inversiones
Como respuesta a nuestra negativa a aceptar los contratos tipo Z el Banco Mundial creó una comisión arbitral (CIADI), que al depender del Banco no implicaría someter un país a la jurisdicción de otro, pero si era una renuncia a la jurisdicción propia, que se bautizó como “prórroga de jurisdicción”. Junto con ella se crearon los convenios de inversión, por los cuales las empresas cuyos países de origen habían firmado los convenios podían sacar los litigios de la jurisdicción nacional que correspondía y llevarlos al CIADI.
Nuestro país, a diferencia de otras que se respetan, firmó todos los convenios de inversión que pudo con todos los países que tienen empresas que han invertido en el país. Los convenios -no hace falta decir- contravienen nuestra Constitución y acuerdan al extranjero una garantía que no tienen nuestros propios ciudadanos.
Han agregado un problema más a los que ya teníamos sin acordarnos ventajas, porque pese a haber firmado los convenios aceptando la jurisdicción del CIADI, no acatamos sus fallos.
Estallido
El salto tecnológico del campo que multiplicó las divisas que llegaban por la exportación permitió prolongar la situación, pero cuando se restablecieron las retenciones y comenzaron las trabas a la exportación mermaron las divisas y el estallido era una cuestión de tiempo, que el control de cambios y los obstáculos puestos a la importación fueron acortando al fomentar la salida de capitales.
Es una repetición de lo ocurrido por primera vez en 1946, una película que periódicamente volvemos a repetir.
Situación actual
Tenemos un país endeudado, hasta sobreendeudado a tasas de interés astronómicas para el mercado financiero internacional.
Endeudamiento fraudulento
Que una parte de ese endeudamiento haya sido fraudulento caben pocas dudas, pero la oportunidad para probarlo desapareció dada la falta de actividad tanto del gobierno como de la justicia. Para probar que los extranjeros hayan hecho fraude hay que poner también en el banquillo a sus socios locales y ni nuestro gobierno ni nuestra justicia están para eso. En los casos Skanska y Siemens, aunque las firmas en sus países de origen confesaron las coimas y pagaron millones de dólares en multas los jueces argentinos de los casos sobreseyeron por falta de pruebas. Claro que para condenar había que condenar a
l que pagó y al que recibió. Sin condena nacional no se puede sostener el fraude en el ámbito internacional.
l que pagó y al que recibió. Sin condena nacional no se puede sostener el fraude en el ámbito internacional.
Cómo se sale de esta encerrona
Cuando parecía que el país estaba condenado a penar el resto de sus días pagando deuda con la cabeza gacha, Dios demostró una vez más que es criollo. Los intereses en las finanzas internacionales bajaron a niveles que no tenían desde el 1900.
Apareció la posibilidad de hacer una ventajosa novación de la deuda externa que nos sacaría la piedra que tenemos atada al cuello.
Condiciones
Para que la renegociación de contratos que se hizo en tiempos de Onganía fuera exitosa hubo que sacarla de las manos de los funcionarios del sector financiero. Si los de aquella época tenían sus bemoles, todo lo que vino después fue peor. Los gobiernos radicales no podían objetar los contratos que firmaban los peronistas, porque tenían las cláusulas que ellos habían aceptado ya en tiempos de Illia, que fueron las que cambiamos en aquella renegociación. Para no pisarse la manguera entre bomberos estuvieron ambos de acuerdo en delegar las facultades del Congreso para contratar al Poder Ejecutivo, con lo cual unos y otros se ahorraban el trabajo de justificar lo inadmisible y tener además que votarlo. Obviamente para lograr cláusulas aceptables habrá que negociar a la luz del día.
La renegociación de los contratos tipo que hicimos entonces fue para futuros contratos, no para los pasados que se estaban cumpliendo y se siguieron cumpliendo tal cual los habían firmad anteriores gobiernos. Lo mismo es aplicable ahora. La actitud del actual gobierno que no cumple los fallos del CIADI porque pretende que sean confirmados por la Corte argentina es pueril, el país convino exactamente lo contrario.
Jurisdicción nacional
Restablecer la jurisdicción nacional en nuestras contrataciones internacionales no fue un capricho nacionalista, como lo llamaban los funcionarios que querían ganarse fama de liberales que estaban de moda entonces. Ocurre que los únicos países respetados son los que se respetan a si mismos y esto comienza por la jurisdicción.
Pero no basta con proclamarla. Para que sea aceptable a quienes van a contratar con nosotros hay que demostrar que efectivamente existe una justicia independiente.
Desde 1946 cuando Perón echó la Corte Suprema, cada cambio de régimen echaba a la Corte que le había tocado y nombraba una que le fuera adicta. Onganía también echó a la Corte radical que le había tocado, dándole las gracias por los patrióticos servicios prestados, pero en vez de nombrar una Corte adicta buscó a figuras destacadas y de renombre que obviamente no iban a recibir indicaciones de nadie al fallar. Es el único que lo ha hecho. Todos los regímenes que le sucedieron han borrado la Corte que recibieron para nombrar una adicta, que es un contrasentido cuando se busca exhibir una justicia prestigiada.
Pero había que demostrar que también regía el estado de derecho, para lo cual cumplió con viejos fallos de tribunales argentinos que condenaban al estado a pagar en el caso de una empresa de luz expropiada en tiempos de Perón y una de Tramways de tiempos de Ortiz, con lo cual quedó en claro que el gobierno respetaría los fallos judiciales.
Como he relatado, encontramos mayor oposición entre los funcionarios nacionales vinculados al sector financiero que en los bancos y empresas proveedoras del exterior que lo aceptaban como normal para un país que nuevamente era respetable y respetado.
Situación actual
No existe la menor posibilidad de renegociar contratos con el actual gobierno y sus integrantes. Se podrá a los sumo, contra garantías y ventajas concretas, negociar el alargamiento de plazos y vencimientos.
Lo que realmente urge es negociar nuevos empréstitos a las actuales bajas tasas de interés para pagar obligaciones contraídas a intereses disparatados.
Tampoco existe la menor posibilidad de pedirle a empresas extranjeras, aún las radicadas en el país, que acepten la jurisdicción argentina para zanjar entredichos ante una justicia cuya pieza emblemática es el Juez Oyarbide.
Necesidades
Hace cuarenta años el país tenía la organización y el capital para hacer frente a sus problemas. Hoy no.
No podemos volver a producir petróleo y gas, hacer funcionar nuestros ferrocarriles, arreglar nuestros caminos y mantener el nivel de vida de nuestra población sin considerables aportes de capital extranjero y de préstamos externos.
Parecida a 1890
La situación es asombrosamente parecida a la de 1890: el país en quiebra, requiriendo urgentemente inversiones de capital para llevar el ferrocarril a los distintos pasos de la Cordillera por donde un Chile belicoso podría invadir, necesitando producir para exportar porque había que tener divisas para crear una flota de mar y rearmar un ejército equipado para hacer frente al malón indio, pero bendecido por una demanda inacabable para su producción si lograba hacerla llegar al puerto y construía los puertos que no tenía para embarcarla.
Hizo todo lo que tenía que hacer y diez años más tarde éramos uno de los países más avanzados y ricos del mundo. Eso nos permitió construir la Fragata Sarmiento que llegó al país en 1898, antecesora de la Fragata Libertad, que ya no es como aquella símbolo de nuestro orgullo nacional, sino de nuestra decadencia y desvergüenza.
¿Cambiamos?
Si cambiamos y hacemos lo que hay que hacer, la historia podría repetirse.