Así bajó sus persianas por cierre definitivo el 7D, ese enorme y costosísimo monstruo creado desde el oficialismo y transformado en Verdad Revelada como si se tratara de un nuevo Evangelio. Es inimaginable la cantidad de dinero de los argentinos que se derrochó en promocionar el fracaso más grande del gobierno desde la 125. Como no podía ser de otra manera, la Suprema Corte, sin analizar la cuestión de fondo rechazó el inviable “per saltum” solicitado por el Gobierno para evitar la intervención de la misma Sala de la Cámara Civil y Comercial Federal que ya había hecho justicia con el engendro.
También nuestro superior tribunal ratificó la extensión de la medida cautelar que favorece al grupo Clarín, hasta tanto se aclare la cuestión de fondo, todo acorde a los más elementales principios de legalidad y legitimidad. No cabía dentro del campo del derecho otra posibilidad ni interpretación ya que las normas al respecto son muy claras. Si se hubiera resuelto de otra manera no cabrían dudas de que las presiones -enormes y reales- del Ejecutivo surtieron efecto. Afortunadamente -y no lo digo por el Grupo Clarín- la Suprema Corte ha honrado su función acabadamente, preservando derechos básicos como los de libertad de prensa y propiedad
En la misma fecha recayó la previsible condena de Felisa Miceli a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Esto último no hacía falta; nadie convoca a muertos políticos. Es tal la torpeza de la rea como la de quien la designara como Ministro de Economía de la República Argentina. Tras el fallo sus declaraciones no pudieron ser más contradictorias, hipócritas y peligrosas. Tras reiterar que defiende el proyecto de CFK, no tuvo empacho en afirmar que “hay juicios gravísimos de casos de corrupción que nunca llegaron a juicio oral”. También: “Es una cosa que no se puede entender, a mí me condenan por 100.000 chicos (refiriéndose a 100.000 pesos -como si fueran un vuelto- y olvidando que también encontraron en el ya famoso baño 31.670 dólares estadounidenses).
Resulta paradojal la soberbia que puede tener aún este títere sin méritos ni capacidad alguna lo que seguramente motivó que fuera designada en tamaño cargo. Cuando estalló el escándalo CFK cortó los hilos de la ya inservible marioneta quedando Felisa primero expuesta y ahora condenada. Dijo que va a apelar porque es inocente y simultáneamente, -ante los medios- aceptó que cometió errores y que debe hacerse cargo. Como abogado penalista ignoro cómo sus letrados la dejaron hablar. Ante sus afirmaciones de casos de corrupción que no llegaron a juicio oral, obviamente los periodistas le preguntaron si se refería a Ricardo Jaime, refiriendo entonces que no haría alusión a nombre alguno, pero quedó claro que entre otros sí se refería a él. Tuvo suerte Amado Boudou de que no le enviara saludos.
Todo llega, también el Día de la Minimización del Expediente Traspapelado. Desaparecieron tres expedientes clave en la investigación del caso Ciccone-Boudou, un escándalo que podría terminar con varios políticos y políticas de primera línea tras las rejas. No casualmente estaban en la Inspección General de Justicia, hoy encabezada por el camporista Norberto Berner. Los tres expedientes comprometen a la ex Ciccone, a London Supply que aportó un dinerillo para levantar la quiebra, y a The Old Fund, esa empresa cuyo accionista Alejandro Vanderbroele quedó identificado como socio de Boudou.
La causa toca el mismo corazón del cristinismo. Y no podía ser sino Aníbal Fernández quien saliera al cruce con tres versiones incompatibles:
1) Los expedientes deben estar mal encasillados.
2) Capaz están en otra repartición.
3) Seguramente pueden ser reconstruidos.
Nos quedó claro: Jamás aparecerán ni serán reconstruidos adecuadamente como ya lo solicitó Fernández al ex titular de la IGJ, y hombre de su mayor confianza, Marcelo Mamberti. Tampoco es verosímil que los expedientes perdidos pudieran estar en otra repartición sin que hubiera asiento de la remisión. Se va a investigar judicialmente la desaparición pero no es difícil colegir que los expedientes -tan inconvenientes como comprometedores- deben estar bajo siete llaves.
Recuerdo que hace años en un Juzgado de Instrucción no aparecía una causa, ni sensible ni política. El juez convocó a todo el personal para un sábado y la orden fue que hasta que no apareciera no se iba nadie. Apareció rápidamente.
Atento los sucesos de público dominio, y las terribles carencias que padecen muchísimos argentinos para alimentarse, tener un trabajo digno, acceso a la educación, a la salud, y seguridad entre otras necesidades básicas, debemos incorporar un artículo al Código Penal. Es el que debe castigar con la misma pena que a los traidores a la Patria -reclusión perpetua- a todo funcionario público que sustraiga de cualquier manera dinero o bienes del Estado Nacional, Provincial o Municipal en provecho propio o de terceros. Por ser funcionario público habría que imprimirle la calidad de delito de lesa humanidad, y por tanto imprescriptible. Tal vez entonces el Poder Judicial recupere el respeto -hoy en crisis- que le debe el Poder Ejecutivo por mandato constitucional.
Abogado (Justa Causa)
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