Un peritaje de la Policía Federal determinó la falta de $ 150 millones en la administración del programa de viviendas *Sueños Compartidos* de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini.
Sin embargo, ese *faltante* llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno le entregó a los responsables de *Sueños Compartidos* $900 millones pero éstos, de 15.000 vivienda sólo entregaron 2.000 unidades.
Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos la hayan llevado Sergio Schoklender y su hermano Pablo sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.
Y para arribar concretamente a esta conclusión lo que cabe es el seguimiento de la causa que hoy está en manos del juez federal Marcelo Di Giorgi, en lugar de las parcialidades que impulsa el juez Norberto Oyarbide.
Ante el juez Di Giorgi, el abogado penalista Jorge Vitale presentó su denuncia por *Violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos* contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa *Sueños Compartidos* y en cuya ejecución presume se cometieron serias irregularidades financieras contra el Estado Nacional.
Esa denuncia fue presentada el 30 de mayo del 2011 y está registrada Causa 6204/11
Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra “sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe” .
En primer término, se señala que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar s el valor de plaza de esas construcciones”.
La presentación del abogado Vitale afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a “ planchas de telgopor de 8 centimetros , reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.
Señala también que las referidas planchas salen de una fábrica que funcionaba en el barrio porteño de de Barracas con maquinarias adquiridas en 2 millones de euros.
En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $81.000 por unidad.
También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones:
* Mal diseño de la carpintería en el 16,5% de las viviendas auditadas; * Deficiente aislamiento térmico de los muros exteriores en el 14,5% de los casos;* Deficiente diseño funcional de futuras ampliaciones;* Desprolijidades en la ejecución de la mampostería;* Humedades con salitre;* Revoques con ondulaciones excesivas.
Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.
* “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”
* “Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”
* “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”
Por último se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.
que al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos
”Por todo lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales* subrayó Vitale.
fuente caraycecaonline