La lluvia constante y el frío no han disuadido esta mañana a Steliana Boiangiu, de 74 años, de ir a votar al colegio de su barrio, Drumul Taberei. Este es un barrio popular de Bucarest, lleno de grises bloques de pisos construidos en la época comunista. Para ella la elección hoy de un nuevo Parlamento es importante porque quiere que no ganen “los de la USL [la coalición del primer ministro socialdemócrata Victor Ponta]. Yo quiero que Rumanía se acerque a Europa, y no a Rusia. En Europa no nos querrán con Ponta”, dice muy enérgica.
Como muchos rumanos, Boiangiu ve en las elecciones legislativas de este domingo una prolongación del conflicto que estalló en verano, cuando Ponta hizo una violenta maniobra para suspender al conservador presidente Traian Basescu que desencadenó una crisis institucional y un fuerte rechazo de Bruselas.
La coalición que encabeza los sondeos es la de Ponta, formada por los socialistas de su partido y los liberales y llamada Unión Social Liberal (USL). Tienen entre el 48% y el 62% de la intención de voto. Enfrente, y con un respaldo de entre el 17% y el 24%, la ARD (Alianza Rumanía de Derechas), de signo conservador, en la que está integrado el partido del presidente Basescu, quien no concurre a las elecciones, pero acapara gran parte de la atención.
La tercera fuerza política podría ser, según los sondeos, el partido del populista Dan Diaconescu, un estrafalario millonario y dueño de dos cadenas de telebasura que viaja a todas partes en su Rolls blanco y que ha prometido dar 20.000 euros a todo aquel que abra una empresa, bajar los impuestos y crear miles de puestos de trabajo. Tiene dos causas pendientes en la justicia por corrupción. Los sondeos le dan entre el 12% y el 14% de los votos.
La gran incógnita de estas elecciones es qué hará Basescu si, como pronostican los sondeos, gana con mayoría absoluta la coalición de Ponta. El presidente, que tiene encomendada la tarea de nombrar a un primer ministro entre las fuerzas más votadas, ha dejado entrever que su opción no será Ponta, lo que podría sumir al país en mayor inestabilidad. El argumento de Basescu es que la USL es una coalición y no un partido. Como explica el sociólogo y experto en sondeos Barbu Mateescu, “si la USL no acepta otro candidato que no sea Ponta para primer ministro, el nuevo Parlamento suspenderá a Basescu. En ese caso, el presidente provisional puede nombrar a Ponta primer ministro y, aunque Basescu ganara el referéndum y no fuera destituido finalmente, ya no podría revocar a Ponta de su puesto”. Por su parte, el analista Emil Hurezeanu dice que no hay que descartar “una cohabitación entre Ponta y Basescu si la USL consigue mayoría absoluta. Si no la logran, seguirá la guerra política”.
Rumanía tiene un crédito preventivo de 5.000 millones de euros con el FMI, la Comisión y el Banco Mundial que expira a principios 2013. Tanto la USL como la ARD se han comprometido a negociar un nuevo crédito, y la incertidumbre puede hacerlo peligrar, ya que los acreedores han expresado fuertes reservas sobre la capacidad de Rumanía para emprender reformas.
La campaña, seguida con limitado interés por parte de los ciudadanos, ha estado centrada en la pugna política entre Ponta y Basescu, y no en la lucha contra la corrupción, el sistema de salud, la educación o los bajos salarios, que preocupan a los rumanos. Angela, de 44 años, afirma que está “desilusionada” porque no ve “que nada se vaya a arreglar ni que vayamos a vivir como en Occidente”.
Este ha sido un año convulso en la política rumana, ya de por sí acostumbrada a la agitación. En enero se produjeron, de manera insólita desde hace muchos años, protestas en la calle por las medidas de austeridad que impulsó el presidente conservador Basescu. En junio, se encarceló por corrupción por primera vez a un auténtico pez gordo, Adrian Nastase, el primer ministro con el que el país entró en la UE y en la OTAN. A lo largo de 2012, Rumanía ha tenido tres primeros ministros.
Pero es la guerra entre el impopular presidente y el primer ministro, Victor Ponta, en el poder desde mayo, la que terminó de calentar la política del país. En julio, Ponta inició un movimiento para suspender de su cargo de presidente a Basescu, y en solo 72 horas destituyó a los presidentes de ambas Cámaras, intentó ningunear al Tribunal Constitucional y reemplazó al Defensor del Pueblo. La gravedad de la crisis institucional se puede medir con la contundencia con la que esta vez reaccionó Bruselas, que le exigió respeto al Estado de Derecho. A finales de julio, Basescu logró sobrevivir al intento de suspensión. Hubo un referéndum y, aunque la mayoría votó a favor de destituir al mandatario, era necesaria una participación del 51%, que no se produjo.
La presión de Bruselas para que se respetara la decisión del Tribunal Constitucional de establecer un quórum de participación mínima del 51% se interpreta como una injerencia por parte de quienes han acudido hoy a votar. “Nos sentimos pisoteados, no somos los siervos de la UE”, dice indignada Diana Ilie, de 45 años, que ha votado por la USL para “echar a Basescu”.