… que pretendía articular aquella historia legendaria con la guerra del oficialismo contra el Grupo Clarín, para llegar “con paso de vencedores”, después del renombrado 7D, a imponerle a las empresas de medios que conduce Héctor Magnetto la orden de desguace. De paso, se conmemorarían el primer aniversario del segundo período presidencial de la señora de Kirchner (tercero de la familia) y, en un gesto de amplitud, los 29 años de democracia posteriores al Proceso militar.
Las cosas, sin embargo, no ocurrieron como prescribía el guión imaginado. En vísperas del soñado Ayacucho que terminaría con “el monopolio mediático”, el gobierno sufrió una seguidilla de reveses judiciales y políticos que convirtieron el ensueño del 7D en una pesadilla, y transformaron el recital de Plaza de Mayo en una curiosa (y probablemente iracunda) celebración de una caída. En vez del triunfo de Ayacucho, el desastre de Cancha Rayada.
Ya el lunes 3 de diciembre, el gobierno había empezado a intuir que el deseado paseo hacia el 7D no sería apacible. Ese día, Martín Sabatella, el titular de la llamada Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), adelantó lo que, según el gobierno, ocurriría entre el 7 y el 10 de diciembre con un tono ambiguo que no excluyó la altanería, pero que evitó las habituales manifestaciones épicas del oficialismo sobre este tema. Todo se reduciría –dijo Sabatella- a esperar “hasta las 24” del día 7 que el Grupo Clarín firmara la rendición (es decir: dejara de hecho de considerar inconstitucionales los artículos de la Ley de Medios que cuestiona ante los jueces y entregara su propia propuesta de desarticulación). Si no lo hacía, el mismo Sabatella concurriría el lunes 10 (después de gozar del recital dominguero) a comunicarle al Grupo cuál sería su suerte a partir de la aplicación de la Ley.
Después del estropicio provocado por el gobierno en la Justicia con su festival de recusaciones y presiones y de las expectativas generadas en torno al 7D, después de la promesa de inicio de “una nueva era” del teórico Ernesto Laclau, el cauteloso anuncio de Sabatella parecía poca cosa: ¿una notificación y un gran show artístico?¿Eso era todo?
Enseguida el gobierno pasó de la cautela a la desesperación: los jueces subrogantes del fuero Contencioso Administrativo que el gobierno quería ver a cargo del expediente decidieron rechazar la recusatoria oficial contra el juez Francisco De las Carreras, de la Cámara Civil y Comercial. Repuesto el magistrado, los jueces subrogantes se apartaron y la causa volvió a estar en su ámbito natural. El ministro de Justicia adivirtió a la Cámara que decidir en contra del criterio oficial implicaría “alzamiento”. Carlos Kunkel, vocero jerarquizado, de la familia Kirchner, denunció un intento de golpe corporativo e involucró en él al Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y a su par, el veterano Carlos Fayt. Otros portavoces del oficialismo amenazaron a los jueces actuantes con sanciones si se apartaban de la línea del Poder Ejecutivo.
El gobierno demostró así que estaba dispuesto a tratar a la Justicia argentina con los mismos modales con los que trató al juez Griessa, de Nueva York. Con una diferencia obvia: cuenta con muchos botones y palancas aquí que en Estados Unidos.
Sin embargo, con un vigor inédito, la Justicia decidió resistir la evidente voluntad gubernamental de subyugarla. Primero hubo una declaración firmada por todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal denunciando las presiones oficiales. El jueves, la Comisión de Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura suscribieron una declaración común reaccionando en la misma dirección y reclamando que el gobierno cumpla con la Constitución y no pretenda inmiscuirse en temas propios del Poder Judicial. Dato importante: la Comisión de Independencia Judicial está presidida por Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay
Casi simultáneamente se conocían dos fallos de la Corte que el gobierno registró como sendos reveses: uno, rechazando la recusación del juez de la sala II de la Cámara de Seguridad Social, Luis Herrero, cuestionado por el oficialismo por sus sentencias a favor de jubilados; otro, profundizando un reclamo anterior al gobierno para que distribuya objetiva y equitativamente la publicidad oficial (el gobierno nunca acató un fallo previo en ese sentido suscitado por la Editorial Perfil). Como remate, la Cámara Civil y Comercial Federal demonizada por el gobierno fallaba aceptando el pedido del Grupo Clarín de una ampliación de la medida cautelar que lo protege, “hasta que haya una sentencia definitiva” de la Justicia sobre la constitucionalidad o no de los dos artículos cuestionados por los demandantes.
La decisión de la Cámara tuvo el efecto de un sismo silencioso sobre el gobierno. Para un dispositivo político largamente acostumbrado a cumplir sus deseos a fuerza de duplicar la apuesta de las presiones, la definición judicial suponía no sólo una derrota objetiva, sino una afrenta a su forma de “hacer política” y una demostración de desgaste de un estilo de gobierno.
Con ese estilo, la Casa Rosada y sus peones indispusieron inclusive a algunos sectores de la Justicia que muchas veces coincidieron con el gobierno. Igual que en el caso de los tribunales neoyorquinos (donde, tarde, el gobierno pareció comprender que debía recoger su barrilete cósmico y mostrar disposición a pagar a los holdouts, esos buitres a los que no se les daría ni un dólar), ahora los operadores de la señora de Kirchner tratan de concentrar la furia y el fuego sobre la Cámara que tomó la decisión y hacer como que dejan tranquiula a la Corte. Esa es su forma de presionarla: a ella le han pedido que por cualquier vía, empezando por el per saltum, sea aniquilado el fallo de la Cámara que benefició al Grupo Clarín. Para el gobierno, según ha declarado el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, esa Cámara “es el brazo jurídico del grupo ilegal”.
Abundan los constitucionalistas que subrayan el absurdo de pedir un “per saltum” que no saltaría nada, ya que el fallo impugnado no es de primera instancia sino del nivel judicial inmediatamente anterior a la Corte. Alcanzaba con un recurso de apelación liso y llano, dicen esos especialistas. Para el doctor Daniel Sabsay, sin embargo, no se trataría de una torpeza, sino de una picardía destinada a facilitar un favor del Supremo Tribunal: alcanzaría con que la Corte abra a estudio el per saltum, para disparar “un efecto suspensivo sobre la resolución de la Cámara: es decir, se cae la prórroga de la cautelar dictada”.
¿Conseguirá ese favor el Poder Ejecutivo? Uno de sus comodines, el periodista y asesor oficial Horacio Verbitsky, un experto en contarles las costillas a los jueces, parece intuir que los porotos están complicados para el oficialismo en la cúpula de la Justicia. Cuenta del lado malo a Lorenzetti (ya le había apuntado Kunkel) al magistrado cordobés Juan Carlos Maqueda y, presuntamente, a Carlos Fayt (también vapuleado por Kunkel). Del “lado bueno” registra, naturalmente al juez Zaffaorini (inocultablemente oficialista), quizás al juez Ricardo Petracchi (Verbitsky aseguró en Página 12 que Petrachi se negó a aprobar el documento que finalmente fue suscripto institucionalmente por la Comisión de Independencia Judicial, que depende de la Corte). Quedan las dos juezas: Highton de Nolasco y Argibay. Si las cuentas de Verbitsky se aproximan a la realidad, alcanzaría con que una de ellas se inclinara por “el lado malo” para que el gobierno viera frustradas todas sus actuales esperanzas, que han pasado al 11D, fecha en que, en principio, sesionará el plenario del Altísimo Tribunal. El gobierno, como un jugador compulsivo, arriesga todo a cifras cambiantes.
Hace tiempo que en esta página señalamos la torpeza oficial de apostar de ese modo. Decíamos un mes atrás, por caso: “Al ponerle fecha ante propios y extraños a sus expectativas de iniciar una nueva era, el gobierno se emplaza a sí mismo.El gobierna declara por anticipado que, si no consigue “todo”, gana Clarín. O, para decirlo de otro modo, si no consigue ese “todo”, el gobierno se enfrentará con una derrota y una decepción. Su aislamiento se incrementará. El gobierno desafía su propia gobernabilidad.”
Y es así: la desafía porque exhibe una vulnerabilidad creciente, rápidamente interpretada por propios y extraños. Los “propios” empiezan a dividirse entre fanáticos y escépticos: los errores y fracasos de la conducción alimentan esos bandos… y también la migración, en busca de otros destinos.
Ante tantos choques y falencias (movilizaciones ciudadanas de septiembre y noviembre, huelga general y protesta de los sindicatos, alarma de los obispos y los jueces, quejas de los jubilados, etc.) un reflejo de sensatez (que hasta ahora el gobierno ha dado muestras de despreciar como signo de debilidad) aconsejaría dar muestras de corrección de rumbo, cambiar algunas piezas del gabinete ya desgastadas. Intentar, aunque sea, una táctica gatopardista.
Da la impresión de que el gobierno preferirá la aventura del salmón patagónico, que la Presidente dice admirar: nadar contra la corriente. Si no puede librar su guerra con Clarín vía la Ley de Medios, es posible que quiera hacerlo con otras armas: por ejemplo, la ley del mercado de capitales. Esta semana consiguió una carta para jugar en Cablevisión: el mexicano David Martínez, de Fintech Advisory, socio de Clarín en la compañía de cable, fue convencido de jugar junto al Poder ejecutivo contra su socio. El diario oficialista Tiempo Argentino estima podría servir como caballo troyano para que el gobierno penetre finalmente en esa empresa. Más aún, su editorialista Roberto Caballero, afirma que “Héctor Magnetto tiene más posibilidades de ir preso por una denuncia penal de Martínez por administración infiel que por las otras causas abiertas que tiene en su contra”.
Las ansias de vendetta no son una guía saludable para la acción. “No odies a tu enemigo –aconsejaba Don Corleone-. Se te nubla la mente”. El gobierno, con los ojos llorosos por los reveses sufridos y por el ansia de revancha, corre el riesgo de colocarse en situación de debilidad extrema, de alzarse contra la Justicia, de agravar su relación con la mitad larga de la población que, según las encuestas, le pide ya que se ocupe de las cosas que más importan.
Y quizás hasta de perjudicar su vínculo con la porción que aún lo apoya o que todavía no se siente preparada para una separación.
Sensatez no es una mala palabra. Realismo, tampoco.
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