El Tribunal Constitucional de Egipto decidió el domingo suspender de forma indefinida sus trabajos en respuesta al acoso que padece por parte de militantes islamistas. Una medida que puede tener consecuencias casi inmediatas si, como anunció la noche del domingo el club de Jueces —el sindicato que representa a los jueces—, se niegan a supervisar el referéndum previsto para el 15 de diciembre para ratificar la ley fundamental, cuyo borrador fue aprobado la madrugada del viernes en la Asamblea Constituyente. “Hemos decidido boicotear la supervisión del referéndum previsto para el día 15. La protesta es en respuesta a lo que se ha venido a llamar el decreto constitucional, y durará hasta que el decreto sea anulado”, ha anunciado Ahmed al Zind, director del club, en alusión al decreto que promulgó Morsi para situarse por encima del poder judicial hasta que se apruebe la Constitución. El Club de los Jueces ya amenazó la semana pasada con no supervisar el referéndum si el rais no retiraba su decretazo, y varios magistrados han apoyado públicamente la idea.
“Puedo asegurar que todas las asambleas generales de los diferentes cortes en Egipto tomarán una decisión de no participar en la supervisión del referéndum. Esta es una arma poderosa para presionar al presidente”, declaró al periódico Al Masry al-Youm Ashraf Nada, juez del Tribunal de Apelaciones de El Cairo. La amenaza no parece haber disuadido a la Hermandad. Fuentes próximas a la organización han sugerido que profesores universitarios o funcionarios del Gobierno podrían reemplazar a los jueces. Sin embargo, ello proyectaría la sombra de la duda sobre la limpieza y legitimidad de la consulta.
“[Los jueces] anuncian la suspensión de las sesiones del tribunal hasta que puedan proseguir con sus mensajes y resoluciones sin presiones psicológicas o materiales”, ha manifestado la corte en un comunicado público. En su nota, denuncia “mentiras” que han hecho circular los partidarios de los Hermanos Musulmanes para “ensuciar” su imagen. La tensión entre el movimiento islamista y el tribunal ha ido creciendo progresivamente durante los últimos meses, y la semana pasada los jueces ya acusaron al Ejecutivo de haber lanzado una campaña en su contra.
En un comunicado público, Saad Katatny, el secretario general del Partido de la Justicia y la Libertad, el brazo político de la Hermandad, pidió a los manifestantes que levantaran el cerco a la institución y permitieran que el Tribunal Constitucional continuara sus labores. A primera hora de la tarde, los concentrados habían hecho oídos sordos de su petición, lo que sugiere que los Hermanos Musulmanes no están realmente interesados en poner fin al acoso, o bien que los manifestantes pertenecen a otros corrientes islamistas.
Egipto atraviesa un periodo de profunda polarización a raíz de la decisión del presidente Morsi de arrogarse poderes cuasi absolutos, y de convocar un referéndum sobre un borrador constitucional aprobado solo con los votos de los representantes islamistas. La actual crisis política está íntimamente entrelazada con una crisis legal de consecuencias impredecibles. Y es que, en pleno choque de legitimidades entre las instituciones del Estado, el país árabe no cuenta con una Constitución, un Parlamento, o una hoja de ruta consensuada.
Estaba previsto que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la legalidad de la Asamblea Constituyente y el Senado, ambos órganos dominados por los islamistas. Sin embargo, la mayoría de expertos legales sostiene que un veredicto que los disolviera no tendría ninguna consecuencia práctica. Para empezar, el decretazo de Morsi las blindaba ante tal posibilidad. Además, tras finalizar la Asamblea Constituyente sus labores, su disolución carece de efectividad.
En una intervención ante la Asamblea Constituyente, convenida el sábado en una sesión extraordinaria, el rais Morsi definió el borrador de la Constitución como “un hito que protege los derechos, las libertades y la dignidad humana de todos los egipcios”. “Llamo a todos los egipcios a votar este borrador constitucional … Será un nuevo paso en el proceso democrático de Egipto”, proclamó Morsi.
La oposición en bloque ya ha mostrado un rechazo contundente al texto constitucional. Así pues, aún en caso de que se celebre el referéndum y se imponga el sí, el porcentaje de votos negativos será muy elevado, lo que significaría que la atribulada transición egipcia se cierra en falso. El panorama político del Egipto posrevolucionario tiene la extraña capacidad de enredarse cada vez más.