La prensa británica tiene que someterse a una sistema más estricto de autorregulación que esté de alguna manera sometido a la ley y que no dependa solo del voluntarismo de la industria. Esa es la principal conclusión del informe presentado a primera hora de la tarde por el lord juez Brian Leveson, que parece huir así de un sistema impuesto desde arriba pero exige que la autorregulación tenga algún tipo de control legal que ahora no existe.
El juez defiende también que se establezca algún sistema de arbitraje que permita a los particulares acudir al regulador antes de tener que apelar a la justicia, pero el regulador no tendrá capacidad para impedir la publicación de las informaciones.
Sus recomendaciones, sin embargo, no pasan de ser eso, recomendaciones, y es el Gobierno el que tiene que decidir ahora el camino a seguir. El primer ministro, el conservador David Cameron, explicará su posición esta misma tarde en la Cámara de los Comunes. La posición del gabinete no es unánime y el primer ministro adjunto, el liberal-demócrata Nick Clegg, intervendrá en esa misma sesión para expresar su propio punto de vista. Mientras Clegg es partidario de ceñirse a las recomendaciones de Leveson, Cameron defiende ante todo un sistema que garantice que no puede haber interferencias del Gobierno en materia de libertad de prensa.
El lord juez Leveson se ha quedado a medio camino entre las presiones de gran parte de la industria de mantener el actual sistema de autorregulación pero reformado y aquellos que defendían que el Gobierno legisle para impedir los abusos de la prensa. Leveson mantiene la autorregulación, pero apuntalada por ley con el objetivo de asegurarse de que el organismo autorregulador está cumpliendo de forma eficiente su función. Y propone un crear un mecanismo regulador formado por miembros independientes tanto de la prensa como del Gobierno. Pero insiste en que es la prensa misma la que ha de fijar los detalles de la regulación.
Es también un sistema voluntario, aunque aclara que este no puede funcionar bien si en la practica no están todos los actores principales del mercado periodístico.
El regulador debe tener el poder de actuar por iniciativa propia y la capacidad de imponer sanciones financieras a quienes infrinjan el código de conducta, aunque estas no podrán superar ni el 1% de los ingresos de la empresa afectada ni un tope preestablecido de un millón de ñibras (1,23 millones de euros).
Jacqui James, una antigua policía que fue espiada por investigadores contratados por el News of The World, habló en nombre del grupo Hacked Off formado por gente que se ha visto afectada por los abusos de la prensa, como el actor Hugh Grant. James dio la bienvenida al informe de Leveson y en especial a la “total independencia” frente a medios y políticos que defiende el juez, aunque insisten en que la mejor vía para prevenir avisos hubiera sido que el Gobierno regulara a la prensa por ley. Otros afectados dieron también su bienvenida al informe y en especial a los apartados en los que el juez denuncia los abusos de la prensa.
El juez denuncia también la excesiva cercanía entre la prensa y los políticos y la prensa y la policía, pero admite que tiene que haber un contacto cercano entre ambas partes y apunta a la necesidad de que esas relacione sean más abiertas para que el público pueda comprenderlo. El juez asegura que no ha constado que los problemas de corrupción de la policía aceptando sobornos a cambio de información sean generalizados.
El juez Leveson empezó sus investigaciones en septiembre de 2011 después de que las escuchas ilegales del tabloide News of The World se convirtieran en un escándalo nacional al saberse que entre los espiados se encontraba Milly Dowler, una niña que desapareció en marzo de 2002 y que ya había sido violada y asesinada cuando el diario pinchó el buzón de voz de su teléfono móvil. Aquel episodio se consideró la gota que colmó el vaso de los abusos de la prensa británica.