Tras un modesto intento de tender puentes a la oposición, el presidente egipcio, Mohamed Morsi, y su movimiento político, los Hermanos Musulmanes, han optado por enrocarse en la grave crisis política que azota el país después de que el rais se atorgara de forma unilateral un poder cuasi absoluto. La noche del miércoles se supo que la Hermandad acelerará el proceso de redacción de la nueva Constitución para terminarlo hoy jueves, un movimiento que exacerbará aún más las tensiones entre islamistas y laicos.
Uno de las provisiones más controvertidas de la declaración constitucional de Morsi fue el blindaje de la Asamblea Constituyente frente a una posible disolución por parte del Tribunal Constitucional. Estaba previsto que la corte se pronunciara sobre la legalidad del comité, dominado por las corrientes islamistas, a partir del próximo 2 de diciembre. Las fuerzas laicas, que se han retirado de la Asamblea, confiaban en que su disolución pudiera llevar a una nuevo comité más equilibrado.
El proceso de redacción de la nueva Carta Magna se inició hace casi seis meses, y había entrado en su última fase en octubre. De hecho, se han publicado ya diversos borradores, y tan solo quedaba por decidir el contenido de varios de los artículos más sensibles. El presidente de la Asamblea, el juez Hossan al Geriany, informó el miércoles que al día siguiente se procedería a una votación final de cada uno de los más de 200 artículos.
La repentina decisión está directamente relacionada con la crisis políticas que vive el país. Para los Hermanos Musulmanes es una forma de doblar la apuesta en su partida con la oposición, situándola ante un difícil dilema: aceptar los poderes excepcionales o una Constitución que no es de su agrado. Geriany lo explicitó de una forma muy clara: “Si estáis enfadados por el decreto, nada lo frenará excepto una constitución publicada de forma inmediata”.
De acuerdo con la normativa actual, la mayoría necesaria para aprobar la Constitución es de 57 de los 100 miembros de la Asamblea Constituyente. Posteriormente, debe ser aprobada en referéndum popular para entrar en vigor. A pesar de que se han retirado los representantes de los partidos laicos, y de algunas entidades de la sociedad civil, como las iglesias cristianas, se cree que los islamistas poseerán el quòrum suficiente para aprobar la ley fundamental.
Si los Hermanos Musulmanes se salen hoy con la suya, el país vivirá el sábado una situación de gran tensión que puede acabar en un baño de sangre. La Hermandad ha convocado para ese día una manifestación de apoyo a Morsi en la plaza Tahrir, donde precisamente acampan centenares de revolucionarios hostiles al grupo islamista. No es difícil prever que la aprobación de la Constitución no hará más que encender los ánimos de cara al sábado.
Además de la escena política, el otro escenario de la presente crisis es la judicatura, el estamento que se ha opuesto de una forma más contundente al decretazo al neutralizar sus poderes y atribuciones. En este ámbito, también el miércoles se produjo una escalada.
El Tribunal Constitucional se defendió el miércoles de las acusaciones vertidas por el presidente Morsi de que filtraba a la prensa sus veredictos ante de hacerlos públicos, y le acusó de lanzar una “campaña de ataques incesantes” contra la institución. En un comunicado, el Constitucional niega estar politizado y formado por fieles del antiguo régimen.
Sus declaraciones se produjeron horas antes de que otra alta instancia de la judicatura, el Tribunal de Casación, anunciara que se suma a la huelga declarada por otros tribunales de primera instancia, y a la que ha llamado el Club de Jueces. La escalada de la huelga puede paralizar el ya esclerotizado sistema judicial egipcio.
La mayoría de analistas políticos insisten en la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto y al proceso de redacción de la nueva Constitución. No obstante, el atribulado país árabe más bien se prepara para un choque de trenes.