La Suprema Corte de México ha ordenado este miércoles la liberación de José Ramón Aniceto Gómez, de 65 años, y Pascual Agustín Cruz, de 49, considerados los dos únicos presos de conciencia del país por organizaciones de derechos humanos. Los dos indígenas, activistas por el agua, cumplían una condena de siete años por un delito menor que ocultaba un conflicto por agua en el centro del país.
Los dos indígenas, líderes de la comunidad nahua de Atla, llevaban dos años y 10 meses encerrados en un penal de media seguridad del municipio de Huauchinango. Se les acusaba del robo con violencia de un vehículo en un confuso incidente ocurrido en octubre de 2009. De fondo, no obstante, estaba un enfrentamiento entre las autoridades indígenas y el cacique local por el acceso al agua potable. José Ramón y Pascual trabajaban en un programa de universalización del agua potable que chocaba con los intereses de un grupo dedicado a la venta del agua.
La Suprema Corte ha reconocido ahora las “irregularidades” que rodearon el juicio, entre ellas la “falta de pruebas” y la ausencia de abogados que hablaran náhuatl, su lengua nativa y traductores.
El caso fue llevado ante la Corte Suprema por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), quienes presentaron el último recurso directo de amparo. Amnistía Internacional (AI) ha celebrado la noticia y ha subrayado que la defensa del acceso al agua de los dos detenidos “fue motivo de disputas durante décadas” y originó la “injusta detención y procesamiento”.
“Estos tres años de injusticia son el reflejo de un débil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas únicamente por el hecho de luchar por sus derechos”, ha señalado Alberto Herrera, director ejecutivo de AI México. “Lo más preocupante es que los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones, parecen más bien ser problemas estructurales característicos del sistema de justicia en México”, agregó.
Amnistía Internacional y el centro PRODH han denunciado que en el proceso judicial no se respetaron los derechos constitucionales de que los indígenas contasen con abogados que hablasen su idioma o intérpretes. AI ha instado a las autoridades judiciales a que revisen otros casos similares. En marzo, sin ir más lejos, hubo otra historia similar: una mujer indígena, Adela Ramírez, fue liberada en Chiapas tras siete años de cárcel por un juicio en el que no contó con intérprete a pesar de que no hablaba español.