Durante el mes de julio, cuando la provincia de Buenos Aires no recibió la prometida contribución del Estado central para poder pagar sin inconvenientes sueldos y medio aguinaldo de sus empleados, quedó en evidencia el intento de bajar a Daniel Scioli de sus buenas cifras en materia de imagen pública (netamente superiores a las de la señora de Kirchner). Aunque la tensión perjudicó algo al gobernador, el que pagó el mayor precio por ese experimento fue el gobierno central, que
al fin retrocedió parcialmente. En los últimos días empieza a quedar claro que la cosa no es solamente con Scioli: el gobierno de la señora de Kirchner aprieta las tuercas sin excepción a todos aquellos que aspiran a moverse con alguna autonomía, y es especialmente celosa de los jefes políticos territoriales que gobiernan distritos importantes y muestran ambiciones presidenciales.
La huelga en el sector del transporte que han sufrido los porteños durante la última semana –salvaje, tanto por su desmesura como por el hecho de estar conducida por una organización sin personería gremial- no hizo mosquear ni al ministerio respectivo ni a la cartera laboral. Es probable que el ministro Florencio Randazzo –encargado de Interior y de Transporte, especialidades curiosamente unificadas bajo su,digamos, mando- estuviera demasiado ocupado con los tres descarrilamientos que sufrió la línea Mitre. Carlos Tomada, por su parte, dedica la mitad de su tiempo a conspirar contra Hugo Moyano: su principal misiòn (y no es moco de pavo) parece consistir en ofrecerle a la Presidente una CGT descontaminada, sin vestigio alguno del camionero.
La ética en el ojo ajeno
La señora de Kirchner, por su parte, no considerò digno de su interès el paro que golpeaba a un millòn de usuarios: no le dedicò ni un segundo de su caudaloso discurso de màs de una hora por cadena nacional, donde prefirió aludir, por ejemplo a la esposa de un periodista del diario Clarín y reclamar un “còdigo ètico” de la actividad periodística. Hablando de Roma…, casi simultáneamente el diario español El País comentaba la “fortuna fulminante” de la Presidente en estos términos: “En 2003, cuando Néstor Kirchner juró como nuevo presidente de Argentina, el matrimonio tenía 1,3 millones de euros. Siete años después, su patrimonio se ha multiplicado por diez. En 2006, por ejemplo, se adjudicaron a dedo unos terrenos públicos en Calafate, y los Kirchner compraron dos hectáreas por 26.000 euros. Juzguen ustedes cuanta suerte, habilidad o qué: en 2008 las vendieron por dos millones”. Por su parte, una columna de The Wall Street Journal, definìa al modelo K como “capitalismo de amigotes” y describìa al gobierno como “una mezcla tóxica de inflación, autoritarismo y corrupción”. Como se ve, en materia de ética, las opiniones abundan.
Sería injusto suponer que el silencio del gobierno central se limita al paro salvaje en el subterráneo porteño. También se extiende a temas como la inseguridad y la inflación y, muy destacadamente, al denunciado compromiso del vicepresidente Amado Boudou con el escándalo de la planta impresora que fuera de la familia Ciccone. Para preservar la imagen pública (¿la ética?) del vice, el gobierno forzó en su momento el alejamiento de un juez, de un fiscal y hasta del mismísimo jefe de los fiscales, Esteban “Bebe” Righi, un camporista de la primerísima hora.
Tarde piaste
Al parecer, esos sacrificios no fueron suficientes y ahora el Estado central ha optado por intervenir y estatizar la impresora, alegando motivos de índole patriótica o si se quiere, envolviéndose en la bandera como hizo y declaró Moria Casán al ser acusada en Paraguay de la “apropiación” de una costosa bijouterie. Según el gobierno, no se puede dejar la impresión de moneda en manos ajenas. Tarde piaste: hace apenas unos meses, por consejo del vicepresidente, la AFIP levantó la quiebra de Ciccone ofreciendo a los fantasmales nuevos dueños de la compañía plazos inéditos de financiación de sus deudas fiscales, tras habérselos negados a los dueños anteriores; de inmediato, el Banco Central y la Casa de la Moneda le dieron a esos ignotos y afortunados empresarios (¿amigos o amigotes?) una orden de trabajo para producir billetes de 100 pesos… que, por otra parte, produjeron mal en dos versiones (Roca y Evita), demostrando menos calidad que un falsificador de segunda. Así una década después de asumir el gobierno y pocos meses después de concesionar la producción de billetes a los amigos de Boudou, se invoca la motivación patriótica para poner a funcionarios surgidos de la dócil organización oficialista La Cámpora a cargo de la empresa investigada por los jueces. ¿Puede sorprender a alguien la generalizada sospecha de que, más allá de los motivos invocados, la expropiación de Ciccone Calcográfica es otro sacrificio oficial en defensa de la imagen ética del vicepresidente?
Se trata de un sacrificio paradójico: mientras se le cuidan las espaldas a ese costo, la Presidente asistió la última semana a la Bolsa de Comercio y elogió reiterada y familiarmente a su titular, Adelmo Gabbi, a quien Boudou había acusado de intentar sobornarlo. ¿La presidente no confía en las denuncias y la conducta de su vice? ¿No confía y pese a ello dispone que su gobierno lo defienda? ¿Confía y pese a ello trata con amabilidad a un denunciado de intento de soborno? Una nebulosa de ambigüedades opaca el relato oficial que unos meses atrás lucía saludable, vigoroso, arrollador.
El quedantismo ineludible
En términos políticos, el oficialismo padece la dificultad de que sólo puede expresarse como “quedantismo”: a los ojos del entorno cristinista no existe otro candidato presidencial posible para 2015 que la actual Presidente, porque los que parecen contar con un potencial de votos (Scioli, por caso), les resultan sospechosos y los que a algunos de ellos les parecen confiables, no tienen rating: son como la prensa oficialista, cuentan con muchos recursos pero no tienen llegada entre la gente. Según Boudou, “la gente està enamorada de esta Presidenta y se muere de ganas que siga Cristina”. Las encuestas no coinciden con la impresión del vice.
Para ese entorno, pues, y en el marco de una caida de la imagen presidencial que no se detiene desde enero, la táctica que enlaza necesidad y virtud pasa por erosionar las bases de los posibles competidores en 2015. Todos ellos (Daniel Scioli, Mauricio Macri, Hermes Binner, José Manuel De la Sota) cuentan con buenos índices de imagen y sufren por estos días la presión del gobierno central. Binner no es hoy gobernador de Santa Fé, pero las opresiones se ejercen sobre la provincia que gobernó hasa diciembre y que está ahora bajo el mando de uno de sus camaradas: Antonio Bonfatti. El gobernante santafesino ya anunció que tendrá dificultades en pagar sueldos y también señaló que seguirá el ejemplo de Córdoba y reclamará ante la Corte los dineros que el gobierno central le adeuda a la provincia.
De la Sota sufre un apriete en forma de pinza: el gobierno, como hizo con Scioli, no le liquida las deudas que se comprometió a pagarle y lo obliga a financiar con recursos impositivos de la provincia la caja de jubilaciones cordobesa que, a diferencia de ANSES, cumple con el 82 por ciento y actualiza los haberes de los jubilados en paralelo a los de los trabajadores activos. Ahora, cuando, para sobrellevar la sequía financiera pretende postergar por seis meses la actualización de los haberes de los jubilados, soporta una movilización gremial hostil. Como sabe cuál es la fuente de esas acciones, De la Sota les ha reclamado: “”No he visto que los dirigentes sindicales que se proclaman seguidores del gobierno K hayan puesto un gran empeño en exigirle al gobierno nacional que nos pague lo que nos debe y nos devuelva el 15% de
coparticipación que nos retiene injustamente. Allá está la raíz del problema”.
El gobernador cordobés ha dado un paso más audaz aun: alcanzó un acuerdo con la oposición local y pasó por la Legislatura una ley que lo autoriza a renunciar al Pacto Fiscal firmado en 1992, por el cual la Nación retiene un 15 por ciento de la coparticipación para solventar a la Anses, hecho lo cual, les envió una carta a sus colegas, los gobernadores de las otras provincias para proponerles que busquen en conjunto “caminos de unión para recuperar lo que es de las provincias”. De ese modo, De la Sota se proyecta desde el “cordobesismo” que enarboló durante la campaña electoral, a una perspectiva amplia federal, para enfrentar la succión de recursos de las provincias que desarrolla el Estado central.
La tàctica de Procusto
Esa succión la sienten las provincias petroleras, a las que el decreo que conformó la Comisión Kicillof les expropia atribuciones. El gobierno por el momento promete no perjudicarlas en los recursos, pero de lo que se trata es de sostener los derechos que la Constitución les atribuye.
En el caso de la Capital, la presión sobre Mauricio Macri se ejercer de distintas maneras, aunque la huelga salvaje del sube ha sido la más notable: la quita de custodia de la Policía Federal a hospitales porteños (que en rigor atienden a población de toda el área metropolitana), la quita de los depósitos judiciales al Banco Ciudad y hasta acciones violentas como la que ocurrió en el Hospital Santojanni, donde barras transportadas en colectivos patotearon y castigaron a médicos y empleados con la excusa de una queja familiar por mala atención, son otras tantas manifestaciones de esta guerra contra los jefes territoriales que “miden más” que lka señora de Kirchner en las encuestas.
Daniel Scioli, por su parte, superado el sofocón del pago de sueldos y aguinaldos, sigue sufriendo la opresión que ejerce la quintacolumna cristinista que milita en la Legislatura con el vicegobernador Mariotto en su vértice, y padece ahora presiones que provienen de la burocracia y el gremialismo docentes. El gobernador ha nombrado una nueva ministra en la cartera educativa para racionalizar el gasto y mejorar la prestación de un ministerio que es el que demanda la mayor erogación del estado provincial. Tan pronto insinuó esos objetivos, sufrió reacciones gremiales que evocan las que padecen De la Sota en su provincia y Macri en el subte.
Procusto cortaba las piernas de los huéspedes que fueran más largos que las camas de su posada. La táctica Procusto de la polìtica local es una adaptación simple: se trata de recortar a los demás para que no midan más que la (por ahora imaginaria) candidata oficialista (que, para peor, mide cada vez menos). Al otro lado del espejo reina la ingobernabilidad.
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