También ejemplifica el método que tiene el gobierno para disimular un agujero: lo inscribe en uno más grande. Ya estaba claro con la política cambiaria: tenía déficit de dólares y quiso taparlo estableciendo el control de cambios: ahora los dólares -tradicional moneda de ahorro de los argentinos- están oficialmente restringidos, la brecha entre su cotización oficial y la paralela es de entre 40 y 50 por ciento, el valor del dólar blue (verdadero precio de reposición de la moneda) influye sobre los precios y empuja hacia arriba la inflación.
La mala política energética convirtió el superávit que la Argentina tenía al iniciarse el ciclo K (cuando el país se autoabastecía y exportaba) en déficit y así impulsó hacia arriba la importación de combustibles, que se pagan mucho más alto que el precio que el gobierno admite a las empresas del mercado local. La energía importada se convirtió en uno de los rubros que más influyen en la falta de dólares (este año requiere más de 11.000 millones).
Como el cráter que provoca ese déficit es brutal, el gobierno lo ensanchó apelando a la desprolija confiscación de las acciones de Repsol en YPF, que bautizó como “nacionalización” (antes había llamado “argentinización” a la incorporación como accionista de la familia Eskenazi, que ahora ha sido condenada al octavo círculo del Infierno). Tras una medida tan vidriosa para los mercados y sin modificar los lineamientos generales de la política que condujo del superávil al déficit, ni siquiera la designación como presidente de YPF de Miguel Galuccio, un hombre que conoce bien el negocio petrolero desde el costado de las empresas privadas, parecía suficiente para atraer a YPF las inversiones que se necesitan para producir con eficiencia las cantidades de combustible que la Argentina necesita.
La tarea de Galuccio, que hasta el viernes era una misión improbable, se ha convertido, a partir del decreto que creó la Comisión Kicilof, en una misión imposible. De hecho, el Presidente de YPF se desayunó al mismo tiempo que sus restantes colegas del ramo (desde los de Shell y Esso hasta los de Pan American) de que la compañía que conduce, como las otras, depende ahora de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones de Hidrocarburos. Será la Comisión Kicilof la que aprobará o rechazará los planes de inversión de las compañías, la que autorizará (o no) exportaciones e importaciones, fijará márgenes “aceptables” de rentabilidad, regulará todos los precios (“razonables”) y podrá inclusive quitar concesiones. Esta última atribución implica, en rigor, un avance sobre las provincias, a las que (artículo 124 de la Constitución Nacional) “corresponde el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. El viceministro Kicillof, como buena parte del “cristinismo”, considera que otorgar ese dominio a las provincias fue un error de la Asamblea Constituyente de 1994, más allá de que la actual presidente haya estado allí y lo haya aprobado (y de que su provincia, Santa Cruz, se haya beneficiado caudalosamente de ese cambio).
La línea que hoy se impulsa desde la Casa Rosada, por necesidad, convicción o la combinación de ambas, sostiene una concentración creciente de las decisiones y de la caja. La Comisión Kicillof es expresión de ese centralismo desencadenado, una suerte de despotismo burocrático que pone en algunas “mentes brillantes” del Estado central la atribución de sustituir a provincias, municipios, empresas y particulares en las resoluciones sobre sus libertades, sus posesiones, sus derechos y hasta sobre la mejor manera de alcanzar la felicidad.
Los actos de poder se aplican de hecho, pasando por el Congreso -donde el Ejecutivo cuenta hasta ahora con una mayoría permisiva- o por la vía del decreto; disciplinando las quejas con la caja o el látigo (mientras esos recursos estén disponibles). El mecanismo retórico para justificarlos consiste en un desplazamiento: el poder es ejercido en nombre de “toda la sociedad” y las medidas se aplican a corporaciones o “partes” que, si las resisten (si pretenden, por caso, que el dinero de ANSES pague prioritariamente a los jubilados), son “egoístas” o “reaccionarias”. En fin, no significan nada bueno, son “destituyentes”, porque están fuera del “todo”, que está avalado por “el 54 por ciento”, y por lo tanto “tiene razón”. En verdad, tiene la razón por definición, más allá inclusive del 54 por ciento, que podría achicarse un día o haberse achicado ya. Lo que no se achica son las justas motivaciones de quienes ejercen el poder.
Esa lógica conduce a responder a las resistencias de la realidad “profundizando” las medidas, incrementando controles, ampliando las regulaciones. Si hay resistencias –se deduce- es porque obviamente las fuerzas del mal no admiten el poder de los buenos. Hay que ajustarles las tuercas. Y si algunos (o muchos) de los que hasta ahora formaban parte del campo propio y ahora resisten, será porque “se han pasado al enemigo”: también hay que ajustarles las tuercas.
La prueba del ácido –la única verdad- es, sin embargo, la realidad. El paso del superávit al déficit (de caja y de energía), la destrucción de empleo, la inflación creciente, la brecha cambiaria, las trabas al comercio y la producción, el aislamiento, la caída del stock ganadero y la suba de la carne, las pérdidas de Aerolíneas no se deben a la perfidia de “los enemigos”, sino a la cerrazón y la ineficiencia de “los amigos”.
Lo que se profundiza con estos métodos es un fracaso.
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