Sólo se permiten pensar en términos de -como se decía en tiempos de la llamada revolución libertadora- “quedantismo” o “continuismo”. En aquellos tiempos los términos aludían a que el gobierno militar permaneciera en el poder hasta “profundizar el modelo” (entonces se hablaba de “erradicar totalmente la dictadura”) o llamar a elecciones para que ganara un caballo del comisario y garantizara, con otro rostro, “el cumplimiento de los objetivos” del poder reinante.
El principal problema del oficialismo actual, en ese sentido, consiste en que hoy ve cerrada la vía del continuismo. Los candidatos que en el breve entorno presidencial se han barajado por momentos como posibles no aprueban el examen de ingreso: las encuestas, o no los registran o les otorgan cifras liliputienses. Hay un pelotón de esos aspirantes quiero-y-no-puedo: Amado Boudou quedó carbonizado después del affaire Ciccone, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina “no mide” y tampoco pesa. La ministra Alicia Kirchner, portadora del apellido dinástico, cosecha algunos puntos pero tampoco parece en condiciones de arrastrar del carro del continuismo y llevarlo victoriosamente a la meta. El joven Máximo, a quien someten de todos modos a entrenamiento en oratoria y otras asignaturas, no aparenta ser una persona que disfrute la exposición pública que suele requerirse de los políticos con destinos mayores.
La muerte de Néstor Kirchner, aunque durante unos meses haya beneficiado al oficialismo en las encuestas y hasta en la elección de octubre, desequilibró la cúspide del poder K, le arrancó la viga maestra a su construcción política y, peor aún, quebró el ingenioso mecanismo de la sucesión conyugal que sintetizaba quedantismo y continuismo sin chocar con las normas constitucionales. Con Kirchner vivo, hoy el gobierno afgrontaría otros problemas, pero no el de la candidatura sucesoria.
Ahora, con la coalición oficialista trabajada por poderosas fuerzas centrífugas, el gobierno advierte que los posibles candidatos continuistas que podría desear o admitir no son competitivos, y que, en cambio, los que están al tope de las encuestas o tienen potencialidad para crecer allí no sólo no le gustan, sino que íntimamente (y no tanto) los juzga hostiles o, por lo menos, sapos de otro pozo.
Los sapos de otro pozo
Es evidente en estos días – más allá del maduro y razonable deseo de Daniel Scioli de no darse por enterado para no agregar leña al fuego- que el poder central dispara contra el gobernador de Buenos Aires y le retacea mecanismos de ayuda financiera porque lo observa como un plausible candidato presidencial para 2015, con capital político propio. La misma suerte podrían correr otros políticos que, pese a la voluntad centralista por satelizarlo todo, integran de hecho la constelación oficialista, pero cuentan con luz propia: es el caso de gobernadores como José Manuel De la Sota o el salteño Juan Manuel Urtubey y de un intendente como Sergio Massa, cada cual con sus propias aspiraciones, todos bien asentados en sus territorios y más allá de ellos. Ninguno aceptable como sucesor para el fundamentalismo centralista.
Así las cosas, clausurada –por impotencia o por incompatibilidad- la puerta del continuismo, el dilema sucesorio de la hegemonía K sólo admite la respuesta “quedantista”: necesita que la candidata presidencial oficialista sea la señora de Kirchner. Esto implica recorrer el camino de la reforma constitucional. Y llegar a esta es una ardua cruzada, en la que el núcleo centralista tendrá que lanzarse a disciplinar a lo que considera su tropa, en tiempos en los que ya no cuenta con recursos financieros (por la crisis fiscal) ni de manejo de la calle (por la centrifugación política).
Para conseguir reformar la Constitución, el gobierno necesita una mayoría legislativa especial que hoy no tiene. Para llegar a ella tendría que ganar de manera abrumadora la elección de 2013 y, previamente, asegurarse que las listas de candidatos estén compuestas por incondicionales dispuestos a votar para facilitar la reforma y habilitar la reelección en el Congreso. Esto supone imponer la decisión del centro sobre la autonomía de las estructuras políticas provinciales. Es natural que los hombres con influencia territorial que tienen en la mira ser candidatos presidenciales en el 2015 (o más adelante) resistan tanto el método (el intervencionismo centralista) como el objetivo (de hecho: implantar la reelección indefinida: “Cristina eterna”, como anticipó suelta de cuerpo Diana Conti hace unos meses). José Manuel De la Sota ya adelantó que los candidatos del peronismo cordobés los elegirán los peronistas de Córdoba. Otros podrán no alzar la voz, pero actuarán con la misma lógica.
Condenado a optar por la vía “quedantista”, el centralismo tiene que esforzarse por poner orden en una coalición oficialista que empieza a sentir el síndrome de Tupac Amaru. El maltrato a Daniel Scioli –no sólo el ahogo financiero o la negativa a facilitar soluciones como la venta de los bonos Bogar en poder de la Provincia, sino los ninguneos por interpósita persona, desde el intendente Díaz Pérez al senador Fernández, y los retos públicos confirmatorios difundidos por la abusada “cadena nacional” –son recursos pensados para exhibir un poder que, en rigor, produce escepticismo hasta en el entorno.
Julio De Vido –hasta hace días, también él objeto de ninguneo- salió del rincón donde lo habían empujado Guillermo Moreno y Axel Kicilof, para seducir intendentes del conurbano en la operación de aislamiento de Scioli con las piedras de colores del financiamiento a obras públicas paradas. El gobierno central renueva la gimnasia del palo y la zanahoria. Pero la zanahoria está ya muy mordisqueada y el palo tiene “un buen lejos”, pero visto de cerca ya intimida menos. Véanse, si no, el acuartelamiento de la policía de Santa Cruz, los hechos de Cerro Dragón, la resistencia de Moyano sus camioneros.
La señora se esfuerza, sin embargo, en exhibir su capacidad de daño: castigó a un empresario que se atrevió a describir el mal momento que pasa la actividad inmobiliaria a raíz de la inseguridad jurídica y las medidas cambiarias: primero lo hizo verbalmente (usando la cadena de radiodifusión y secretos impositivos) y de inmediato a través de la AFIP. La entidad a la que ese empresario pertenece no semejó intimidar, reiteró .
En cuanto a la zanahoria, señalaba hace unas semanas la aguda columnista de Clarín Susana Viau: “Los intendentes (…) temen que la situación de la provincia se descarrile. Pero no las tienen todas consigo. A diferencia de lo que ocurría un año atrás, ahora empiezan a preguntarse con angustia si no será la Nación misma la que está desfondada”.
La restricción financiera destinada a la provincia de Buenos Aires (que se extiende a otros distritos) combina, en rigor, la necesidad con el placer: ahogar a los gobernadores que quieren ejercer su autonomía está en la lógica del centralismo; de paso, se atesoran los declinantes recursos centrales y, de ser posible, se ejerce presión sobre las provincias para incrementarlos (por ejemplo: forzando medidas como el revalúo inmobiliario que redunda en incrementos del impuesto nacional a los bienes personales).
El camino de Córdoba
Esta semana, Córdoba dio un paso muy interesante para preservar autonomía y quizás abrió un camino para otras provincias: colocó un bono a un año pagando una renta de un dígito: 9,5 por ciento. Pensaba colocar sólo 50 millones de dólares, terminó colocando 110 millones. Aprovechó una oportunidad: las filiales locales de firmas internacionales están impedidas de girar dividendos y no pueden ahorrar en dólares; el bono paga intereses semestrales y está nominado en dólares pero con integración y liquidación en pesos argentinos al tipo de cambio del día inmediato anterior al de la fecha de pago.
De la Sota tiene dificultades financieras pero por el momento no necesita pedir oxígeno en la Casa Rosada para pagar salarios. La mora del gobierno nacional en pagar a Córdoba una deuda previsional que supera los 1.000 millones tiende a empujar al gobernador a una pelea con los gremios. El gobierno central presiona para que Córdoba modifique la ley previsional provincial, que garantiza a los trabajadores cordobeses el 82 por ciento. De la Sota sabe que una modificación de ese tipo equivale a una convocatoria a la batahola sindical. Unas leves reformas que impuso Juan Schiaretti a la ley en 2008 transformaron la capital provincial en un caos.
Por eso, De la Sota amenaza al gobierno central con una acción judicial, la posterga buscando una negociación y entretanto sigue pagando de rentas generales los 133 millones de pesos mensuales del déficit de la Caja de Jubilaciones Cuida su autonomía.
Daniel Scioli ha encontrado un camino para eludir el ahogo al que lo empuja la caja central y conseguirá, en principio, fondos provenientes del sector del juego. Con esos fondos seguro evitará dividir el pago del aguinaldo en cuatro cuotas, probablemente no podrá eludir el pago en dos partes a una fracción de los empleados y funcionarios provinciales.
La agitación contra el pago en cuotas ha incluido presiones de distinta naturaleza. Una de ellas –auspiciada por el ejemplo de la rebelión policial santacruceña- ha sido el rumor de medidas de fuerza de la policía bonaerense. La versión llegó a diarios platenses. Hoy, por ejemplo, informó que “la decisión de pagar el aguinaldo en cuotas, por el ahogo de Cristina a la Provincia, generó un profundo malestar en la fuerza. Ya se habla de que se producirían autoacuartelamientos similares a los que ocurren en Santa Cruz, en medio de la ola de inseguridad.” En el contexto de la disputa contra Scioli, algunos interpretan las versiones como un intento de golpear contra el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, un blanco favorito del cristinismo ultra.
Nada sugiere que en las semanas próximas las tensiones que han venido manifestándose en los últimos meses vayan a amainar. Aunque primero en diciembre de 2011 y luego en marzo se especuló con que la señora de Kirchner podría girar, cambiar elencos, refrescar el gobierno y modificar el rumbo, la lógica del “quedantismo” parece impulsarlo, más bien, a refirmar la línea de “profundización del modelo” y la consigna “vamos por todo”. Lo que determina una trayectoria menos sujeta a la autoregulación que a sufrir los límites que imponga la realidad.
Epílogo cegetista
Lo más notable que ocurrió en el campo sindical la última semana no es que Hugo Moyano haya concretado, pese al úkase del ministerio de Trabajo, el congreso de la CGT en la fecha en que estaba citado. Ni que allí se lo haya revalidado como secretario general de la central de la calle Azopardo. Eso estaba cantado.
Lo más interesante es que sus adversarios, los que le disputan la conducción cegetista, hayan convocado a su propio congreso recién para el mes de octubre.
Así, en los hechos, CGT sigue habiendo una (dos, si se cuenta la Azul y Blanca que preside Luis Barrionuevo) y la lidera Moyano. El metalúrgico Antonio Caló no es secretario general de otra CGT, sino candidato que deberá confirmar (o no) esa aspiración dentro de tres meses.
¿Por qué ese interregno?
Una conjetura: los adversarios de Moyano esperan beneficiarse de las presiones del camionero, pero quieren que el gobierno concrete sus declaraciones de simpatía con hechos. Le dan tiempo, hasta octubre. En ese tiempo la Casa Rosada debe dar respuestas sobre el pliego -básicamente común, compartido, así sea con matices, por los tres nucleamientos- de las condiciones del movimiento obrero. Estos tres meses permitirán comprobar si el gobierno rechazaba ese pliego sólo porque estaba Moyano a la cabeza, o por otros motivos.
De esa constatación dependerá lo que ocurra en octubre en el movimiento obrero (y en sus relaciones con el gobierno). Objetivamente, con o sin acuerdos bajo cuerda, hasta que esa constatación se produzca, los gremios también estarán usando el palo y la zanahoria.
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