Si bien se mira, ese decaimiento se manifiesta ahora en todos los terrenos que le sirvieron de sostén en sus momentos de auge: el “relato” y el respaldo de la opinión pública;”la caja”, es decir la disposición de recursos abundantes para garantizarse apoyos y disciplinamiento; y, finalmente, el control de la calle. El deterioro está, de todos modos, matizado por la agresividad y la confrontación que forman parte de sus rasgos genéticos. La combinación va empujando al centro de la escena a muchos personajes que hasta hace días o semanas eran piezas del elenco oficialista y ahora empiezan a protagonizar, con mayor o menor actividad inmediata, un enfrentamiento, una quiebra o, al menos, una toma de distancia.
El relato y el respaldo de la opinión pública
El momento electoral de octubre había marcado un pico en la recuperación del vínculo del gobierno con la opinión pública. Aunque nunca volvió a tener los índices superlativos de los primeros años de Néstor Kirchner, desde la muerte de éste hasta el paráte en las encuestas que empezó a manifestarse a fines de 2011, la Señora parecía haber conseguido el milagro del ave fénix. Sin embargo ese resurgimiento tuvo la vida de un lirio.
La verosimilitud del “relato oficial” había empezado a agrietarse ya antes de la elección de octubre, con el caso Schocklender-Bonafini, en el que se mezclaron el uso faccioso de la bandera de derechos humanos a través de su organización más emblemática y más asociada al gobierno, el desvío de fondos públicos y la estafa a la ilusión de la casa propia de los sectores más vulnerables. Esa grieta no se ensanchó tanto como para dañar electoralmente a la presidente en octubre, pero era un punto vulnerable y a él se sumarían otros en las semanas y meses siguientes.
Los encuestadores encuentran un punto de inflexión en febrero de 2012: allí el paráte se convirtió en declive. En febrero, cuando ya se anunciaba el ajuste (“sintonía fina”) ocurrió la catástrofe de Plaza Miserere (51 muertos, decenas heridos), volvió a discutirse el estado de los ferrocarriles y el destino de millonarios subsidios y se entreabrieron las compuertas. Casi en paralelo con el estallido de ese escándalo trepaba a los medios el tema Ciccone: el vicepresidente Boudou (una selección personalísima de la Presidente) empezó a transformarse en una insoportable pesadez para el gobierno, en un lastre del que, de todos modos, decidió no desprenderse.
De todos modos, el efecto Boudou enseguida compitió con otros: inflación, inseguridad, control del dólar, trabas al comercio exterior y efecto destructivoss sobre la producción nacional, temor ante el tarifazo en los servicios públicos.
El estilo discursivo de la presidente, que se había suavizado hacia octubre e inmediatamente después del comicio, retomó su tono más conocido: autoreferencial, tenso, ácido. Resultado: las encuestas registran 20 puntos de caída en su imagen.
Más allá de las encuestas, también los hechos registran la caída: la Plaza de Mayo y sus inmediaciones colmadas por la convocatoria de Hugo Moyano diez días atrás estaba llena de personas que seis meses atrás votaron a la Presidente.
La caja y la provincia de Buenos Aires
La caja, el manejo virtualmente discrecional de los recursos del Estado, ha sido instrumento fundamental en el disciplinamiento político que consiguió el sistema K, tanto durante la presidencia de Néstor Kirchner como con su esposa. Sucede que esos recursos ya no son lo que eran. Las cuentas públicas hace tiempo que perdieron la holgura de los años de superávit. El tiempo de abundancia terminó. Y la culpa no parece tenerla “el mundo”: los precios de la soja no dejan de subir.
Las complicaciones que la economía va presentando y que amenazan con agravarse rápidamente tienen causas predominantemente endógenas, que responden a decisiones y rumbos definidos desde el poder.
Golpeado por la crisis fiscal, por la consecuencia de sus propias decisiones, el gobierno se endurece ante los reclamos del sindicalismo ( eliminación del impuesto al salario, devolución de las deudas a obras sociales, actualización de jubilaciones), aprieta la soga a las provincias y tiende a endosar a otros (trabajadores, provincias, jubilados, empresas) la “sintonía fina” que el propio Estado central se resiste a ejercer sobre sus propios gastos.
El gobierno de Cristina de Kirchner sólo le giró a la provincia de Buenos Aires 1.000 millones de pesos de los 2.800 que le había prometido y lo obligó a anunciar el desdoblamiento del pago de aguinaldo a una parte de los empleados de la provincia. Previsiblemente, Scioli tuvo que afrontar una medida de fuerza de amplio alcance. Paralelamente las baterías oficialistas disparaban sobre el gobierno bonaerense: la Casa de Gobierno le reclamaba “gestionar bien”, el vicegobernador Gabriel Mariotto, ariete del centralismo, lo acusaba de practicar un “ajuste neoliberal”.
Un intendente del Gran Buenos Aires, Darío Díaz Pérez, de Lanús, en una reunión ante un centenar de funcionarios realizada en el auditorio del Palacio Municipal, afirmó que la mismísima señora de Kirchner, en un encuentro con intendentes del conurbano en la Residencia Presidencial de Olivos, había dicho de Scioli: “Que se vaya de la Provincia, que me la deje sola, que la gobierno yo y seguramente la salvo. No sabe gestionar, es un desastre. Es insostenible lo que pasa en la provincia”. El propio Dìaz Pèrez agregò ataques de su propia cosecha al gobernador y todo –narración y ataques del intendente- quedó registrado en una grabación que se hizo pública.
La vastísima estructura de prensa de la Presidencia no produjo ninguna declaración que desmintiera o repudiara los dichos de Díaz Pérez. El senador Aníbal Fernández –que supo ser vocero calificado de la Casa de Gobierno, pero últimamente actúa como agente libre- comentó a una radio: “No me la imagino diciendo semejante cosa ante cualquier interlocutor, mucho menos expresándolo”. Esas palabras pueden considerarse una descalificación de Díaz Pérez, pero no parecen una desmentida.
Y, sin embargo, un rechazo oficial a esa versión no hubiera estado mal, considerando que virtualmente le atribuía a la señora de Kirchner una actitud “destituyente” (o, cuando menos, pesadamente descalificatoria) que por otra parte desafinaba en relación a la que ella y su gobierno adoptaron frente a los sucesos que le costaron la presidencia a Fernando Lugo en Paraguay.
Numerosos observadores adjudicaron los ataques centralistas a Scioli a la prevención del cristinismo frente a la posible candidatura presidencial del gobernador en 2015. Sobre todo, al hecho de que el gobernador supera claramente a la señora de Kirchner en las encuestas. La ventaja a favor de Scioli en materia de imagen positiva es de más de 10 puntos y cuando se compara lo que las consultoras llaman “diferencial” (imagen positiva menos imagen negativa) esa ventaja es mucho mayor, cercana a los 30 puntos. Sucede que la imagen negativa de la Presidente es alta (alrededor de 35 puntos) y la del gobernador notablemente baja para alguien que lleva tantos años de gestión (15 puntos).
Scioli, fiel a su estilo, decidió no quejarse por la cortedad del giro del gobierno nacional. Lo agradeciò y disculpó que la cifra no fuera la esperada (“será porque no tienen más recursos”, justificó), pasó por encima de las descalificaciones, inició conversaciones para cubrir el faltante de dinero con recursos propios (vendiendo activos financieros propiedad de la provincia) y se diferenció en la práctica citando a una conferencia de prensa donde durante una hora y media respondió al interrogatorio abierto de decenas de medios. Allí explicó que la provincia es la que más aporta a los recursos nacionales y la que menos coparticipación per capita recibe (una cuarta parte de la media nacional), que redujo marcadamente su endeudamiento y que es la provincia que más se financia con recursos propios; agregó que el “fondo del conurbano”, que en los 90 se concibió para compensar a la provincia de Buenos Aires por su bajo porcentaje de coparticipación, se congeló en pesos y hoy se ha transformado en una cifra insignificante.
La conferencia de prensa del gobernador (un recurso que el gobierno nacional parece tener vedado) planteó la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires salga con esfuerzo propio de la difícil situación en la que ha sido colocada (donde ni siquiera puede buscar financiamiento externo porque la tasa de riesgo-país que sufre Argentina impone costos impagables). Para ello necesita aprobar una ley económica en la Legislatura, para la que requiere apoyo. ¿Se lo ofrecerán los sectores del oficialismo que responden localmente a La Cámpora y al vicegobernador, o ellos están trabajando para sumar obstáculos antes que para sacarlos?
El ejemplo bonaerense es ilustrativo de una situación que pasan otras provincias, muchas de las cuales probablemente no cuenten con los recursos propios a los que Buenos Aires está en condiciones de apelar. El gobierno central, que manejó la caja abundante de otros tiempos como método de disciplina, ahora, a través de la acción de fuerzas políticas propias en los distritos, pretende usar la crisis fiscal para debilitar a quienes aspiran a moverse con autonomía.
La caja y la calle
El Estado Central quiere recursos y pretende despojarse de las cargas (tanto de las políticas como de las financieras), y les advierte, ademàs, a todas las provincias que deberán valerse por sí mismas en cuestiones de seguridad, virtualmente sin ayuda federal. La Presidenta decidió que no empleará a la Gendarmería en conflictos de orden provincial, sólo la usará para defender objetivos del estado central.
El retiro de la Gendarmería es paradójico y conduce al tercer pilar en que se sostuvieron los gobiernos K: el control de la calle. El gobierno desplegó a la Gendarmería lejos de sus destinos habituales y sobre todo en el conurbano bonaerense previendo conflictos sociales en 2012 y en paralelo con las tensiones con Hugo Moyano. El alejamiento del gremio camionero de la coalición oficialista, sumado al desgranamiento de las organizaciones sociales piqueteras (muchas de las cuales actualmente marchan como opositoras) le hizo perder recursos que durante mucho tiempo le habían permitido el control de la calle. Trató de compensar ese vacío con la presencia de Gendarmería. Y al frente del dispositivo de seguridad puso a un teniente coronel: el secretario de Seguridad Sergio Berni, que en los papeles –pero sólo allí, no en los hechos- depende de la ministra Nilda Garré.
Berni estuvo a la cabeza del operativo para impedir el bloqueo camionero a la planta de YPF en Matanza (el bloqueo se mantuvo, no hubo enfrentamients, el secretario negoció bajo cuerda la salida de media docena de camiones por portones no bloqueados) y también condujo el desembarco de gendarmes en el yacimiento Cerro Dragón, a 60 kilómetros de Comodoro Rivadavia, ocupado (y desmantelado) por la durísima protesta de militantes del gremio de la Construcción (Los Dragones).
En uno y otro punto hubo presencia de la Gendarmería, pero no hubo intervención de la fuerza. El inopinado comentario presidencial sobre el accidente que sufrió ómnibus en que los gendarmes volvían de Chubut (“Querían un muerto, ahí lo tienen…”) en su discurso del martes 26, parece un eco sombrío de la resolución oficial de retirar los gendarmes del yacimiento ocupado. En Chubut el yacimiento de Cerro Dragón pasó de la ocupación al control periférico por Los Dragones (al parecer fruto de la misma negociación que devolvió a los gendarmes a sus lugares de origen) que también decidieron bloquear varias rutas de Chubut, entre otras, la ruta 3, que es una ruta nacional. La tarea de seguridad debió asumirla la policía chubutense. Y el gobierno provincial tuvo que pilotear la negociación entre las partes involucradas.
Entretanto, la policía de Santa Cruz, la provincia de la presidente, se autoacuarteló: reclama por sus salarios. Allí se cruzan nuevamente el tema de la caja y el del control de la calle.
Lógicamente, se observan deslizamientos a posiciones críticas en gobiernos provinciales. El motor que los impulsa es la economía. Las dificultades para pagar sueldos y gastos. Aunque después fue presionado para que los desmintiera, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, pronunció comentarios elogiosos sobre su colega bonaerense. Y su esposa, la senadora (y presidente provisional de la Cámara Alta, tercera en la línea de sucesión presidencial) Beatriz Rojkes de Alperovich, elogió fuertemente a Hugo Moyano. El riojano Jorge Yoma reclamó por el cierre de la planta Nucete, de aceitunas: habló de “soberbia e ineficiencia” del gobierno nacional que “no escucha los problemas provinciales”. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se quejó por la pérdida del mercado brasilero para la fruta del Alto Valle. Aceituneros y fruteros culpan al “proteccionismo” de Moreno y la Presidente.
La retracción económica se observa fuertemente en el interior y coincide con una creciente conciencia sobre la centralización de los recursos y la caída de la distribución federal y la coparticipación. Las conversaciones sobre cuasimonedas –negadas en público- se vuelven frecuentes, aunque semiclandestinas.
Aunque es improbable que el gobierno abandone de buen grado su programa –la “profundización del modelo”- , lo cierto es que ha ido perdiendo los instrumentos que podrían permitírselo. Con su relato perforado, en retirada en la opinión pública, con la imagen presidencial golpeada y debilitada, transitando una crisis fiscal, y con un control de la calle en la que debe depender de la Gendarmería, el gobierno ya no tiene, siquiera, el combustible del 54 por ciento que parecía un cheque al portador seis meses atrás. Hoy también esa cifra está devaluada.
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