Para encarar el problema, no debe caerse en falsas antinomias en su debate público, entre el garantismo y la mano dura. Sin tinturas ideológicas, el Estado en sus distintos niveles debe promover una serie de modificaciones, y convertirlas en una política de Estado.
Desde los niveles de conducción política, debe promoverse la revisión de las leyes de fondo, la reforma de la legislación procesal, dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios, reformular los criterios jurídicos de numerosos magistrados, jerarquizar moral, económica y técnicamente a las fuerzas policiales, trabajar en conjunto con las ONGs especializadas en función de prevenir el delito, reestructurar los sistemas carcelarios, y mejorar la infraestructura urbana para evitar la proliferación de delitos y la impunidad de quienes los cometen.
Para resolver el problema, toda el Area Metropolitana de Buenos Aires debe ser considerada como un único territorio, participando de la decisión, las autoridades de la Nación, la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires.
Frente a las novedosas formas del delito, hay que animarse a llevar adelante –o al menos estudiar- algunas soluciones creativas. Por ejemplo: designación de fiscales y comisarios con participación popular, previa selección del Ministerio correspondiente; y la implementación del juicio por jurados, previsto en la Constitución, con participación del 50% de legos y el 50 % de abogados.
Para todo ello, hace falta que la dirigencia argentina actúe con grandeza, idoneidad, creatividad, y visión de futuro.
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