Boudou es una emanación de Cristina
Antes de prestarle temporariamente el imaginario sillón de la Casa Rosada (en rigor, él se parapeta en las más cómodas y discretas oficinas que tiene en el Banco Nación, jamás rondadas por los medios), la Señora había vuelto a sostenerlo en el vacío. Fue por disposición de ella que los renuentes miembros del gobierno hicieron coro para defenderlo, fue también ella la que decidió romper una vieja amistad con Esteban Righi (el ahora ex Procurador) y forzar su renuncia y ella la que ordenó que el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura promoviera una investigación al juez Daniel Rafecas. Todo para sostenerlo a él, al vicepresidente que hoy preside brevemente la Argentina.
El domingo 8, en su habitual columna dominical en Página 12, Horacio Verbitsky –periodista y consejero- intentó explicar por qué la Presidenta gasta tanto de su propio capital para pagar las facturas de Amado Boudou: “Su ausencia de militancia previa en el justicialismo, su falta de cualquier estructura territorial u organizativa de apoyo y el hecho de que como miembro del Poder Ejecutivo podría aspirar a un solo mandato presidencial, lo tornan el único hipotético candidato en torno del cual no podría armarse un nuevo proyecto político distinto del kirchnerismo”. En síntesis, Verbitsky encuentra en la insignificancia política del Vice la clave para explicar el motivo del apoyo actual y, si bien se mira, el razonamiento que condujo pocos meses atrás a su elección como copiloto de la Señora. Decisión personalísima que la Presidente tomó, para bien o para mal, en absoluta soledad.
Seguramente el hecho de que la responsabilidad de esa selección sea una exclusividad de ella incidió en la actitud de defender a capa y espada a su vicepresidente: ella interpreta que los golpes contra él, cualquiera sea el motivo, la afectan a ella directamente.
La presidencia como fusible
Y cada vez tiene más razón. En verdad, esa es la lógica de un sistema de decisiones hiperconcentrado: se anula el concepto de fusible, todo cortocircuito golpea directamente el centro del dispositivo, afecta al conujnto de la instalación. Dado que Boudou, para volver a la descripción de Verbitsky, carece de representatividad e historia política, está donde está como emanación directa de la Presidente. Es ella la que debe salir a funcionar como fusible de su corporización, al revés de lo que sería normal. Situación repetida: también fue la Presidente la que tuvo que gastar de su monedero político para apuntalar otro invento propio: la alta gerencia camporista de Aerolíneas Argentinas, responsable de una administración calamitosa.
Para defender a Boudou la Presidente no dudó en golpear a aliados del campo progresista. Righi es uno de los pocos camporistas de Cámpora (fue ministro de Interior en 1973) que estaba activo en el sistema kirchnerista. El ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido recordó estos días que el estudio de Righi asesoró a los Kirchner para superar la denuncia sobre enriquecimiento ilícito. En cuanto al juez Rafecas, él ha surgido de la matriz progresista de este gobierno y los mensajes de texto que intercambió durante semanas con Ignacio Iturraspe, el abogado del socio de Boudou ,evidencia la actitud de pleno compromiso con la causa del vicepresidente, al punto de aconsejar a los defensores y analizar los avatares del affaire en términos de “nosotros”, una primera persona del plural que lo incluía junto al vicepresidente y a sus letrados. Después cambió. Quizás porque, como apunta Verbitsky en Página 12, “el vicepresidente y el resto del gobierno aplicaron durante demasiado tiempo las recetas del manual kirchnerista con la prensa” y “ esta conducta dio lugar a equívocos”. En efecto, a mediados de marzo, el silencio del oficialismo en torno al affaire y a los problemas que soportaba el Vice hizo sospechar al juez – asì lo revelan sus mensajes- que el gobierno (o al menos un sector importante) no estaba respaldando a Boudou. En coincidencia con esa sospecha empezaron los allanamientos que permitieron la incorporación de evidencias que complican a Boudou (“El vicepresidente nos ha mentido”, resumido el ex jefe de gabinete de ambos Kirchner, Alberto Fernández?. Resultado: Rafecas fue ubicado en el bando de los destituyentes. Y denunciado ante el Consejo de la Magistratura.
Suspicacia y sospecha
No habrìa que descartar otros elementos. Puesto que en el vèrtice del gobierno se asumìan las denuncias contra Boudou como golpes contra la presidencia, y dado que las denuncias rondaban situaciones graves, es probable que algunas sospechas estuvieran abonadas por informes de Inteligencia. Al parecer alguien grababa secretamente conversaciones del ex Procurador Righi. De esa fuente surgió el rumor -que llegò a la prensa- de que Righi habría instruido al Fiscal Carlos Rívolo en el sentido de que no debía tener contemplaciones con Boudou (“ pero se lo dijo en un lenguaje un poco más soez” , aclarò Clarín). Rívolo lo desmintió. El gobierno, al parecer, interpretó esas palabras atribuidas al ex Procurador como una muestra de hostilidad conspirativa. Originada en sectores progresistas.
Verbitsky procura pintar a Boudou como un instrumento elegido por la Señora, “el único hipotético candidato” para sucederla (puesto que cada vez se ve como màs improbable la quimera de la re-reelecciòn), alguien “en torno del cual no podría armarse un nuevo proyecto político distinto del kirchnerismo”.
Sin embargo, en las corrientes progresistas del cristinismo hay desconfianza contenida hacia Boudou, se notaron muy pocos deseos de defenderlo y es posible que hasta haya algunos que no no vean con disgusto sus dificultades, porque sueñan que haya alguien màs confiable y surgido de esos mismos sectores para pelear la herencia de la señora en 2015. Sòlo imaginar esto en tiempos tormentosos puede ser considerado traición en potencia. Righi y Rafecas probablemente han sido víctimas de esos recelos. Y quienes, en el oficialismo, salieron rápidamente a defenderlos (así hayan rectificado ipso facto, como la ministra Nilda Garré), también.
La hiperconcentración de las decisiones crea un espejismo de poder, y revela, en verdad, aislamiento paulatino. El gobierno que en estos días pelea con amigos y adversarios de la magistratura y la judicatura es el mismo que ha roto los puentes con el sector del movimiento obrero que más lo respaldó, el que ignoró a las jefaturas políticas territoriales del peronismo, el que pierde la paciencia cuando alguien como Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete y hombre de confianza de Néstor Kirchner y de la propia Presidente, aparece en la televisión, el que maltrata repentinamente a las empresas con las que hizo negocios y a las que elogió durante años.
Aislamiento, petróleo y provincias
Ese progresivo aislamiento que se nota hacia el interior se observa más notoriamente en los vínculos con el mundo. Ya se señaló aquí el rosario de quejas por el incumplimiento de compromisos y el caprichoso comportamiento en materia comercial, por el que protestan nuestros vecinos y nuestros mejores clientes. Nada menos que España amenaza ahora con romper relaciones por el hostigamiento a Repsol.
La catástrofe de la política energética se refleja en los cortes y quebradas con que el gobierno baila el tango de YPF. Primero decidió impulsar al Grupo Petersen para que oficiara de “agente argentinizador” de la petrolera. En los hechos, Petersen compró una cuarta parte de la compañía sin dinero, se le admitió pagar su parte con dividendos y para facilitarlo el gobierno facultó el reparto y repatriación de beneficios (votó en ese sentido su representante en el directorio de YPF y lo autorizó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, hoy tan preocupado por evitar la salida de dólares). Esas decisiones eran equivalentes a aprobar una baja inversión (lo que se reparte no se invierte). Ahora el gobierno parece sorprendido de las consecuencias de su propia política y trata de culpar a la empresa, la hostiga y planea expropiarla.
Para desarrollar la maniobra de presión sobre la empresa, el gobierno central alentó decisiones de las provincias petroleras. A principios de febrero, en esta columna se señalaba: “el arma más eficaz de amenaza – la revisión de concesión de áreas que puedan ser consideradas deficientemente explotadas- no está en poder del gobierno central, sino de las provincias petroleras, propietarias del subsuelo, según la Constitución reformada. Para actuar, De Vido tuvo que poner en movimiento reuniones de gobernadores, algo que desde Néstor Kirchner el gobierno procuró evitar, por temor a que se desplieguen acciones colectivas. Los gobernadores involucrados, muy contentos por la nueva situación, que les abre la puerta a un incremento en su poder relativo. Este deslizamiento se hará notar a mediano plazo”.
En rigor, el plazo ha llegado: si la señora de Kirchner no pudo anunciar el jueves el proyecto expropiador que le prepararon los jóvenes camporistas, fue, en parte por la enérgica reacción de España, pero no menos importante fue el freno que pusieron las provincias petroleras. no están interesadas en que un dispositivo “unitario” que deje la empresa en manos del Estado central convierta a las regalías, que son un recurso primordial de sus finanzas, en un nuevo instrumento de dependencia.
La improvisación voluntarista estimula danzas y contradanzas que, en definitiva, perjudican las relaciones del país con el mundo y complican el problema que hay que resolver: producir más energía para cortar el chorro de las importaciones y para que las regalías contribuyan al desarrollo de las provincias.
La autoridad se erosiona cuando se emplea a tontas y a locas, se desgasta cuando tiene que operar como fusible de los fusibles, se debilita cuando se aísla.
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