Lo del tren tiene un paralelo con República de Cromagnon. Ambos venían anunciados y resultó mera fortuna que no detonaran antes. El paralelo se vislumbra claramente por la ausencia de controles efectivos en temas demasiado cotidianos.
El gobierno no puede encontrar un culpable que aleje definitivamente la responsabilidad de al menos ministros y secretarios de estado. El responsable ideal era el conductor, pero parece que no se accionó bien el “culpómetro” y ya todo salió mal. Esta circunstancia sumada al sepulcral silencio de la presidente, pone muy nerviosos a funcionarios de primera línea y a empresarios vinculados al poder. Todos están mirando de reojo hacia arriba por si viene la guillotina.
Nilda Garré y el Proyecto X; Amado Boudou y los billetes a imprimirse en Ciccone Calcográfica; la tormenta por la quita de subsidios; el maldito tren, los Cirigliano, y las “desafortunadas” (¿?) declaraciones de Schiavi y Abal Medina intentando vanamente tirar la pelota afuera, son demasiado para cualquier gobierno, aún con 54,1% de votos. Es como un diluvio de conspiraciones que desde distintos ángulos y en tan solo un par de semanas dispara letales bombas que aciertan en el corazón de la credibilidad del oficialismo, una tras otra.
Estas presiones pusieron de manifiesto los enfrentamientos entre la propia tropa gubernamental y sus acólitos. Volaron insultos y dedos acusadores. Schiavi lanzó un histórico “si (el accidente) hubiera sido ayer no hubiera sido tan grave”. Afortunadamente, con su proverbial tino no aventuró “la suerte de que el tren viniera de frente, ya que si venía de costado borraba todo Once”. Por su parte Juan Manuel Abal Medina, para no ser menos ridículo, retrotrajo las responsabilidades al gobierno de Arturo Frondizi. Para el próximo accidente -que ya ocurrió, en la misma línea y estación-, que alguien le sugiera responsabilizar al Virrey Sobremonte.
Algunos políticos opositores pusieron en la agenda el tema juicio político. Si partimos de la base que la política es el arte de lo posible, pretender impulsar un juicio político con la actual composición de sendas cámaras del Congreso, resulta disparatado de tan solo imaginarlo.
El juicio político es un proceso de naturaleza judicial cuyo objetivo es privar al condenado del cargo político del que gozaba; destituirlo, para luego dejarlo a disposición de los tribunales ordinarios para su eventual juzgamiento si correspondiere. Pero en modo alguno es un proceso penal.
Son pasibles de juicio político únicamente el presidente, el vicepresidente, los ministros, el jefe de gabinete de ministros y los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Para darle curso, la Cámara de Diputados debe impulsar el juicio por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. Conseguido ello, se eleva al Senado, quien es el que juzga al/los acusados pudiendo declarar la culpabilidad con los dos tercios de los miembros presentes.
Refiriéndose a un fallo condenatorio, el artículo 60 de la Constitución dice: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.
El único antecedente de juicio político no fue en el Congreso sino en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en oportunidad de la destitución del entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Puedo con orgullo decir que participé en ese verdadero “leading case” como asesor de la Fiscalía. Y por eso puedo afirmar que así como resultó justa la destitución, la misma recayó tras una titánica labor de la Fiscalía, esencialmente del entonces legislador Dr. Jorge R. Enríquez, quien además de cumplir acabadamente con la función que se le asignara, debió hacer malabares para evitar convertirse de Fiscal en poco menos que acusado, tales los enormes resortes políticos que se dispararon con intención de evitar el resultado final.
En justicia, entiendo que ante los hechos correspondería la promoción de tal remedio constitucional. Dicho sea de paso, de haberse empleado con la frecuencia que las circunstancias lo ameritaban en nuestro pasado lejano y no tan lejano, hasta podríamos aventurar que hubiéramos evitado al menos alguno de los tantos golpes de estado que padecimos. Eventuales destituciones en los más altos cargos políticos, con el consiguiente escarnio, harían tal vez tomar conciencia a los futuros funcionarios del simple axioma “el que rompe paga” y también que no solo Dios demanda a los que juran en vano y no cumplen o delinquen; la Patria también.
En nuestra historia -salvo el caso antes apuntado- no se registran juicios políticos con destitución, salvo a magistrados judiciales. Jamás se intentó siquiera un juicio político contra un vicepresidente de la Nación. Pero hoy, pretender que prospere un juicio político contra cualquier funcionario, sea por el Proyecto X, sea por la impresión de billetes en Ciccone Calcográfica, sea por el ferricidio, Shocklender-Bonafini u otros temas candentes resulta, además de imposible, desaconsejable.
Y digo desaconsejable, ya que por lo expuesto anteriormente la ilusión que pueden tener los ciudadanos de finalmente ver a corruptos en la picota se esfumaría dejando un enorme sabor a impotencia e impunidad. En definitiva, una resignación más que no merecemos y sería indigna en una verdadera democracia.
Abogado (Justa Causa)
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