En rigor, no se vieron ni se oyeron de parte de las máximas autoridades gestos y palabras de contención y consuelo dirigidos a las personas que sufrieron directamente la brutal conmoción y a las familias de los heridos y los muertos. La Presidente suscribió un comunicado, después viajó a Calafate. Hubo “conferencias de prensa” de altos funcionarios, en las que, como es habitual, no se admitieron preguntas del periodismo y se comunicó que el gobierno se presentaría como querellante ante la Justicia.
¿Querellante o querellado?
¿Querellante? Los verdaderos damnificados seguramente lo ubicarán del otro lado del mostrador: el Estado subsidia con verdaderas fortunas a los concesionarios del ferrocarril y tiene la obligación legal de controlarlos y supervisar el servicio. Tiene obligaciones paralelas a la del concesionaria, que todo indica que no han sido cumplidas.
De hecho, el fiscal que actúa en la causa, Federico Delgado, no sólo ha solicitado al juez que investigue a la empresa TBA (que administra el ferrocarril Sarmiento y es una pieza del holding Cometrans, ligado al Estado por múltiples negocios, y manejado por los hermanos Mario y Claudio Cirigliano) sino también al accionar del sector público que debe controlarla. El fiscal tiene en su poder informes de la Auditoría General de la Nación donde se han descripto “significativas irregularidades que deberían haber sido subsanadas por el concesionario con las sumas de dinero percibidas de parte del Estado, entre 2007 y 2011. Se advirtió, además, la pasividad de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”. Es que, aunque suene terrible- la catástrofe de Once no es un hecho sorpresivo, sino totalmente previsible, como un trueno en cielo tormentoso. El estado de los trenes de la línea Sarmiento, más aún que el de otros ferrocarriles urbanos, es calamitoso; estaba (y sigue estando, al borde de accidentes nefastos. Y no sólo la Auditoría General lo había señalado; también lo han hecho repetidamente los sindicatos del sector.
El indispensable rol del Estado
El gobierno, que invoca con frecuencia el papel del Estado y que inmiscuye al sector público en una serie de actividades muy controversiales, tendientes a manejar negocios privados, no cumple con responsabilidades que le competen directamente, como el control del transporte y el del uso de los fondos públicos que se derivan bajo la forma de subsidios.
Este último tema había quedado bajo los reflectores en otras ocasiones. Por caso, en relación con el dinero derivado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas populares. Las denuncias que tienen como eje a Sergio Shocklender y a la entidad que conduce Hebe de Bonafini afectan también a quienes entregaban los fondos y estaban legalmente obligados a verificar que se usaran en los destinos y los plazos prefijados.
Cuando no se cumple con esta responsabilidad se juega con los recursos de la sociedad y se perjudica a los beneficiarios de los subsidios: habrá que cobrar más impuestos (a los que pagan) para reemplazar los que se transformaron en chalets de barrios de lujo, viajes de placer o yates de funcionarios; habrá también gente humilde que no recibirá la vivienda que esperaba.
Cuando la responsabilidad no se cumple en temas como el control de los ferrocarriles, el resultado golpea básicamente a los mismos sectores, pero aún más fuerte; en los casos extremos: accidentes, víctimas, muerte; y cotidianamente, un transporte inhumano, sometido a todo tipo de vicisitudes.
El silencio, ¿es salud?
La oscura conciencia de esta realidad (que después de una década de ejercicio de la administración ya no se puede endosar a gobiernos del pasado), agravó el comportamiento rutinario de no dar explicaciones y mucho menos cuando lo que hay que afrontar son noticias malas. El gobierno ha guardado silencio durante semanas sobre el affaire en el que aparece envuelto el vicepresidente Amado Boudou (el fiscal actuante investiga lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública) y espera que el tema sea olvidado o tapado por noticias más acuciantes.
Ha gambeteado el tema de la minería a cielo abierto y espera que sean las provincias las que saquen las papas del fuego; aprieta los puños y cierra los ojos, aguardando con temor el efecto que producirá en la gente el ajuste o “sintonía fina” sobre las facturas de servicios públicos que ya empiezan a llegar los domicilios; guardó silencio durante diez días en el tema del espionaje de la gendarmería sobre sectores gremiales opositores y el viernes, como para distender el clima indignado por la catástrofe de Once, empujó al escenario a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que enfrentó las luces nerviosa como una novata. Leyó su intervención del powerpoint que le pusieron en pantalla y dijo que el espionaje no era tal. Estaba refutando al jefe de Gendarmería y también a su asesor, compañero y amigo Horacio Verbitsky, que en su columna de Página 12 del último domingo no sólo admitió que el espionaje existió, sino que agregó que “es desatinado disimular su gravedad”. ¿Garré desatinada, entonces? ¿Sería esa la causa de sus vacilaciones? Más de Verbitsky: “Por más que la firme un juez, la orden de hacer inteligencia sobre trabajadores en huelga o movilización es ilegal”.
Después de nueve rounds
El gobierno viene exhibiendo crecientes complicaciones, que no se notaban con tanta transparencia unas semanas atrás.
No consigue sofocar las tensiones con la CGT y ya empieza a sentir la presión de las paritarias: los docentes quieren un básico que el ministerio de Educación no parece dispuesto a aflojar (piden unos pesos por encima de los 3.000 mensuales, si bien se mira: menos de un diez por ciento de lo que se han fijado los legisladores en el Congreso).
Soporta las quejas de los industriales por las trabas que la Secretaría de Comercio impone a las importaciones, supuestamente para beneficiarlos. Guillermo tiene una mirada anacrónica, anterior inclusive a la fecha de fabricación de los vagones del ferrocarril Sarmiento: supone que el país puede ser productivamente autárquico.
Las quejas vienen también de los vecinos, aliados firmes en la cuestión Malvinas. El jefe de los poderosos industriales brasileros con una sonrisa cortés presentó un ultimátum: esperarán hasta marzo sin tomar medidas de represalia ni reclamárselas a su gobierno. A buen entendedor, pocas palabras.
La Presidente tiene también que utilizar sintonía fina con sus mastines de La Cámpora y demás aliados de igual tendencia, que se empeñan en morderle los garrones al gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ella le cuesta frenarlos, porque a veces el pie se la va para el lado del acelerador. Sin embargo, es conciente de que el gobernador tiene un fuerte apoyo (mayor que el de ella, según las encuestas) y conduce la provincia más fuerte y numerosa del país. ¿Sus protegidos amigos quieren acaso hacerla chocar? ¿Le abren nuevos frentes de batalla como si no tuviera ya demasiados abiertos?
En ese abigarrado horizonte se inscribió la catástrofe de la estación Once. El embotamiento oficial se explica: ese uppercut llegó a un cuerpo que se ha vuelto vulnerable. Pues aunque, si se cuenta desde el 10 de diciembre, estos parecen los primeros rounds, son nueve años de desgaste los que hay mantener en pie. Las piernas pueden estar flaqueando.
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