Una encuesta de Poliarquía que se conoció esta semana indica, al menos, que la abrumadora mayoría de la población espera cambios en el gabinete. Esa expectativa puede leerse como una crítica oblicua al gobierno: se vota la continuidad de la Presidente, pero se la notifica de que no está bien rodeada. Se esperan modificaciones de personas. ¿Del “modelo”? El tema reside, más bien (por ahora), en algunos rumbos. Sobre todo en lo que hace a seguridad e inflación.
Por otra parte, los actores sociales aguardan los nombres de los futuros ministros para descifrar señales sobre el camino que seguirá la Presidente. El silencio convierte la curiosidad en sospecha y la sospecha se traduce en fuga de capitales.
Desde la coalición oficialista llegan mensajes contradictorios: algunos redactan proyectos en la línea “radicalización del populismo”, otros se ilusionan con rumbos más sensatos y siguen soñando con arreglar las cuentas con El Club de París para virar suavemente hacia la normalidad económica. Del otro lado del espejo, la realidad ofrece sus propias proyecciones: la canasta familiar sube, los salarios alcanzan menos y, sin embargo, parecen pesar demasiado sobre la competitividad de las empresas. El ministro de Economía de Brasil sugiere a sus compatriotas que recen para que la economía china no se retraiga; Argentina, en todo caso, debe rezar por China y también por Brasil, esos son sus dos mercados fundamentales. Aunque de Brasil, ya se sabe que sus perspectivas de crecimiento para 2012 cayeron a la mitad, al 2,8 por ciento. Varias grandes firmas industriales instaladas en Argentina ya amagaron (o iniciaron) un encogimiento laboral: menos horas por semana, suspensiones, licencias adelantadas.
Si bien el hecho está disimulado o compensado por algunas ventajas comparativas y competitivas con que cuenta, Argentina está mal parada en la realidad mundial, particularmente por una tendencia (que el oficialismo ha practicado sistemáticamente) a caminar por los bordes y alejarse de las corrientes centrales y del equilibrio.
En virtud de ese comportamiento, enfrenta ahora dificultades para, por caso, tramitar créditos ante organismos internacionales, en los que Estados Unidos ha prometido ponerle la proa. Argentina es señalada por incumplimiento de sus compromisos internacionales (se apura en estos días por sacar normas adecuadas sobre lavado de dinero que se había obligado a sancionar hace años; sigue sin avanzar en el tema de la radarización del territorio, un paso ineludible para dar batalla al narcotráfico seriamente; está en veremos el sinceramiento de su sistema estadístico; mantiene su condición de país moroso) y zigzaguea de modo desconcertante en temas de alta exposición mundial.
La denuncia que esta semana hizo pública el gobierno de Barack Obama a través de su ministro de Justicia sobre preparativos de atentados de agentes iraníes contra diplomáticos en varias capitales, una de ellas Buenos Aires, encontró a la Casa Rosada y al Palacio San Martín en medio de un viraje. Cuatro años atrás, antes de la asunción presidencial de su esposa, Néstor Kirchner había reclamado a la República Islámica de Irán ante la ONU que accediera a la extradición de funcionarios y ciudadanos de aquel país, acusados por la justicia argentina participación en el atentado contra la sede de la AMIA. La actual Presidente reiteró en dos oportunidades ese gesto, que procuraba simultáneamente dar satisfacción a los reclamos de la colectividad judía y converger –nada menos que con una fuerte denuncia sobre terrorismo- con la política de Washington de aislar al régimen de Teherán, que ya desplegaba su amenazante política de desarrollo nuclear.
Desde entonces, la política de Buenos Aires hacia el gobierno iraní varió. Algunos atribuyen ese cambio al peso de las exportaciones argentinas (la balanza comercial con Irán es netamente favorable para Argentina); otros, a la influencia del venezolano Chávez, a quien atribuyen haber intercedido ante el gobierno de la señora de Kirchner para que Argentina facilite apoyo tecnológico al desarrollo atómico de Irán. Algunos notorios mosqueteros del gobierno, como Luis D’Elìa, pivotean constantemente entre Caracas y Teherán.
Por hache o por be, lo cierto es que la denuncia de Washington colocó en una situación de incomodidad al gobierno, que ya cuatro meses antes había sido informado de las investigaciones por el embajador de Arabia Saudita en Buenos Aires, uno de los posibles blancos del ataque terrorista. El diplomático aclaró que transmitía los datos por consejo (y con autorización) del gobierno de Estados Unidos, que era el que estaba desarrollando secretamente las pesquisas.
El gobierno de la señora de Kirchner ya tenía estos datos en su poder cuando visitó la Asamblea de la ONU, tres semanas atrás, y su embajador ante el Organismo, Jorge Argüello, recibió la orden de mantenerse en su asiento mientras el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, pronunciaba un discurso negador del Holocausto y numerosas delegaciones abandonaban la sala en señal de protesta.
Hay que admitir que el gobierno argentino no es el único de la región que ha virado de tono en relación con el gobierno de Irán. La presidente de Brasil, Dilma Roussef también cambió la sintonía, aunque lo hizo en sentido, si se quiere, opuesto al de la señora de Kirchner. Diferenciándose de su antecesor, Lula Da Silva, Roussef empezó por tomar distancia de Teherán por temas de derechos humanos (a raíz de las amenazas de lapidación de una mujer iraní condenada en 2007 por adulterio) para luego aclarar, a través de su canciller, Antonio Patriota (ex embajador en Washington), que la política nuclear de Irán le “genera desconfianza”.
Roussef prefiere navegar por el hondo canal central, en Buenos Aires se inclinan por las fangosas orillas.
Diez días atrás, la Presidente había escuchado en Olivos al experimentado Felipe González. Aunque está retirado de la vida oficial, González sigue de cerca la política mundial, conoce el pensamiento de los principales líderes y también el de muchos de los mayores actores económicos. El sabe que, si Argentina tiene un asiento en el G20, se espera del país que actúe con jerarquía y responsabilidad, que sea previsible, que cumpla con sus obligaciones . En estos tiempos de crisis, predica el sevillano, el mundo necesita “gobernanza”, gobernabilidad, y eso implica imposición de normas, y un sistema de castigos y premios.
¿Qué le tocará a la Argentina en esa tómbola?
La previsibilidad de los Estados es la que facilita la convivencia y las buenas relaciones. Durante esta semana uruguayos y argentinos se enteraron de que, en medio de la crisis por la papelera Botnia, el expresidente oriental Tabaré Vásquez había evaluado una hipótesis bélica. Se puede hacer consideraciones sobre la extemporaneidad o la indiscreción de las inopinadas declaraciones del político frenteamplista: muchos se encarnizaron ya con él enarbolando esos argumentos. Quizás conviene también reflexionar sobre las razones que habrán empujado a este oncólogo pacifista y de izquierdas a imaginar la posibilidad de una dramática ruptura de la hermandad rioplatense, de una guerra con su gran vecino argentino. Seguro que el desencadenante no fueron las protestas vecinales de Gualeguaychú: Uruguay estaba preparado para entender esas quejas y para soportarlas. Sucede, sin embargo, que en un momento dado las asambleas locales de protesta fueron espoleadas desde la jefatura del Estado vecino y su presidente agitó la bandera patriótica para enfervorizar a esa asamblea. Como en otras ocasiones, la pequeña política doméstica fue puesta por encima de las cuestiones permanentes, fueran estas los vínculos con Uruguay o la defensa del medio ambiente: el hecho es que desde entonces en los sectores más iracundos de la protesta se empezó a fantasear con el uso de medios violentos para “erradicar” la planta instalada al otro lado del río. “Pensaban en dinamita”, explicó Vásquez. No hacía falta tener espías en Gualeguaychú para saber que también se imaginaron otros métodos, otros instrumentos. Los preocupados uruguayos fueron contaminados por un delirio que, comprobaban, estaba lejos de encontrar contención razonable y adecuada en la autoridad argentina.
Los comportamientos serpenteantes, imprevisibles (desde maltratar a huéspedes oficiales hasta incautar sorpresivamente bienes de un Estado al que se le ha pedido colaboración, proponer diálogos cordiales con gobiernos a los que se ha acusado de ejercer el terrorismo o ignorar advertencias sobre la eventual reincidencia) generan desconfianza, suspicacia, reticencia o rechazo. Constituyen mala política.
Estos asuntos pueden no ser centrales en la atención pública. Pero sus consecuencias, cuando se desencadenan, suelen llegar a todos los niveles de la sociedad.
Seguramente intuyendo eso, una sociedad que sabe quién será su presidente desde el próximo 10 de diciembre, ya le reclama señales. Y señales de cambio.
Jorge Raventos