En rigor, el magistrado tiene tiempo hasta diciembre de 2013 para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión: ese es el plazo que le otorgó la Cámara Civil y Comercial Federal, que consideró en principio inconstitucional al menos un artículo (el 161) de aquella norma.
La guerra que no cesa
Ni Mariotto ni el gobierno ignoran que el juez Carbone está holgadamente encuadrado en los tiempos que se le concedieron, pero aquel reclamo tenía una doble intención. En primer lugar, volcar sobre las espaldas de la Justicia el peso de los votos contabilizados por el gobierno en las elecciones primarias. “No se trata de una presión”, alegó Mariotto, desmintiendo (o subrayando, más bien) lo evidente. El segundo objetivo de la jugada de Mariotto consistía en dejar claro que, más allá de formalidades y cortesías empleadas con otros actores políticos y sociales (la línea “té y simpatía”), el gobierno sigue con el betún en la cara en su guerra contra el periodismo independiente, descripto como “prensa hegemónica” o “monopólica”, al que corporiza centralmente (pero no de modo exclusivo) en el Grupo Clarín.
En un paisaje en el que el arco partidario opositor aparece atomizado y disperso, el gobierno procura capitalizar vertiginosamente su 50 por ciento de votos para desarticular aquellos sectores a los que visualiza como obstáculos actuales o potenciales de su propia hegemonía. Si golpear y neutralizar a los medios independientes aparece como una prioridad estratégica es porque le atribuye a ese periodismo la capacidad (y la intención) de desbaratar “el relato” del Poder, y darle voz a una opinión pública que, con partidos escuálidos e instituciones anémicas , de otro modo se encontraría disgregada e impotente (al menos hasta desarrollar otra red de vínculos y asociaciones). La conducta de la opinión pública, su volatilidad, siempre fue una preocupación dominante en Néstor Kirchner, y sus herederos mantienen viva esa inquietud.
Los otros blancos
Más allá de los medios, las otras resistencias que observa el oficialismo en el horizonte son:
a) los poderes territoriales, tanto los que ya han dado señales de diferenciación (De la Sota en Córdoba, Macri en la Capital, la Santa Fé que se expresó en el voto al socialismo y a Del Sel) como los que participan en la coalición oficialista pero, por su condición de potenciales competidores o porque se les asigna diferente carga genética, no son confiables para el círculo que rodea a la Presidente (el salteño Juan Manuel Urtubey, Daniel Scioli, por caso);
(b) los sectores productivos competitivos (en cuyas rentas pretenden seguir metiendo mano los sectores oficialistas que predican la “radicalización del populismo”, como lo transparentó el viceministro de Economía, Roberto Feletti);
(c) los sectores más orgánicos de la propia coalición oficialista, en particular el movimiento obrero: este sector es hoy vulnerable porque la Casa Rosada supone que atacarlo sería una operación bien vista por la opinión pública y, last but not least, porque el gobierno, con un gasto público que sube mucho más que los ingresos, no ve la hora de hacerse con la caja de las obras sociales que administran los gremios. Este objetivo puede resultar duro de obtener y generador de conflictos. Antes que nada, las obras sociales se asientan en fondos aportados por los trabajadores. Si bien el gobierno ya echó mano a recursos particulares cuando se apoderó de los fondos jubilatorios capitalizados por millones de trabajadores, la diferencia reside en que en este caso los aportantes están organizados. Los trabajadores agremiados son clase media. Y difícilmente admitan que los servicios que hoy reciben (que en general son de calidad) sean igualados hacia abajo para fundirlos en una especie de gran PAMI o de gran hospital público, administrado por una burocracia central, sobre la que los aportantes no tendrían el más mínimo control ni el más mínimo poder. En fin, los rumores sobre los fondos de las obras sociales y sobre la inducción de cambios en organizaciones sindicales son señales de que también sobre este sector se planifica una ofensiva.
Cada paso que el oficialismo logre dar en su paulatina acumulación de poder en busca de la plena hegemonía facilita los siguientes, porque debilita relativamente a todas sus víctimas futuras. Más allá de las obvias diferencias entre esos sectores, hay un hilo de conexión entre todos ellos enhebrado por el afán conquistador del propio oficialismo.
Seguridad, educación, clases medias
Razonablemente, el gobierno teme a la opinión pública. El mundo muestra un espectáculo en que las movilizaciones ciudadanas soplan huracanadamente, barren poderes, transforman estructuras. En Africa, en Europa. También en nuestras vecindades.
Los números de la elección muestran que, una vez más, las ciudades fueron las más remisas en votar al kirchnerismo. En la emblemática Capital Federal la presidente salió primera, pero consiguió un 30 por ciento de los votos, aproximadamente lo mismo que había recogido su candidato, Daniel Filmus. Las clases medias (y, como se ha dicho, en ese concepto caben hoy en día la gran mayoría de los trabajadores en blanco) aspiran a mejorar su calidad y su integración al mundo. Quieren conseguir mayor calidad de vida. Que no equivale únicamente a mayor consumo. Equivale también a mejor educación, más seguridad.
El tema educación es todo un desafío. En Chile estudiantes y docentes se movilizan hoy por el tema educativo y desafían al gobierno de Piñera. A la luz de pruebas mundiales de educación, como PISA (sigla en inglés que alude al Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), Argentina está, primero, peor que sí misma en anteriores evaluaciones y además peor que Chile, tano en materia de calidad como en materia de equidad. Nuestros estudiantes están 50 puntos promedio por debajo de los chilenos. Además, la diferencia entre egresados de la educación privada y la pública, es de un 10 por ciento en Chile y de casi un 25 por ciento en Argentina. Por eso, seguramente, cada vez más familias del 20 por ciento más pobre de la población argentina gastan sus moneditas de ahorro en mandar los chicos a una escuela que no sea la pública (generalmente la parroquial). De un año a otro (2010/2011) la matrícula privada de sectores del último quintil (el 20 por ciento más humilde) se incrementó un 52 por ciento.
La educación de calidad es una asignatura pendiente. Y –como lo muestra Chile- el reclamo de calidad puede ser fuente de grandes conflictos.
¿Y qué decir del tema seguridad? En estos días la muerte de Candela, la niña asesinada en Villa Tesei, conurbano bonaerense, a 20 kilómetros de la Plaza de Mayo, levantó la temperatura porque aludía a la penuria cotidiana de la falta de prevención, al creciente poder del delito.
Una sensación eléctrica atravesó a los sectores más perceptivos del gobierno cuando se enteraron, apenas difundida la mala nueva del asesinato de la niña, de que un grupo de actores solidarios planeaba convocar a una demostración reclamando justicia. ¿Aparecía súbitamente el riesgo de un nuevo fenómeno Blumberg? Hubo presiones para que esa marcha se suspendiera. Los actores sólo hablaban con sentido común: la politización del tema “da asco”, dijo Ricardo Darín. Ellos sólo pedían que no haya impunidad, que todos se comprometan en un problema que afecta a todos. Que no se lo trate (ni se lo eluda) por espíritu faccioso.
La propia Presidente, en rigor, le había dado al tema de Candela un vuelo público enorme, que en general no reciben otros cientos de casos de menores desaparecidos. El cardenal Jorge Bergoglio recordó (los medios y las organizaciones no gubernamentales también) que más de 200 menores desaparecen por año en el país, víctimas de secuestros extorsivos, trata de personas u otras prácticas criminales.
Misteriosamente, cuando el tema ganó relevancia pública y el vecindario empezó a movilizarse, la señora de Kirchner decidió recibir a la mamá de Candela, sobre cuya familia (ella incluida) los medios oficiales y algunas autoridades hacen caer ahora sospechas de ocultamiento y eventualmente complicidad con el delito. ¿Nadie le informó a tiempo a la señora de Kirchner de esas conjeturas? ¿Qué prueba más patética que esta de que los sistemas de inteligencia e información oficiales actúan con impericia y retraso en los temas de seguridad? Otro ejemplo de reacciones lentas: recién después de la aparición del cuerpo de Candela se le hizo escuchar a su padre una grabación de los secuestradores que databa de tres días antes, para ver si reconocía la voz registrada.
El tema de la seguridad, que no está en el índice del relato oficial (y, cuando se lo menciona, es reputado de mera “sensación”) resulta de interés prioritario para una ciudadanía que quiere vivir en una sociedad de clase media, moderna, disciplinada, ordenada, justa; no en un país sometido a la favelización paulatina y a la anarquía, donde la impunidad reemplaza a la justicia. Los votos son una parte de la cuestión política. Otra, no menos relevante, es qué se hace con el gobierno.
Jorge Raventos
totalnews