Los numeros de las encuestas y los de Schocklender

 En una provincia en la que prestigiosos analistas atribuyen a la Presidente una aprobación que supera el 50 por ciento, la performance electoral sumada de los candidatos que responden a la Casa Rosada no superó, en el mejor de los casos, el 30 por ciento: el ex canciller  Rafael Bielsa, a quien las encuestas pintaban peleando el primer puesto de la interna  del PJ con el diputado Agustín Rossi, terminó tercero  con menos de 11 puntos. Sumados a los casi 16 de Rossi, los dos candidatos  del kirchnerismo  acumulan 27 por ciento. En el segundo lugar de la interna justicialista se ubicó –sorpresivamente para los expertos en demoscopía- el intendente de Rafaela, Omar Perotti, con casi 12 puntos.  Los votos de Perotti no responden al perfil kirchnerista: el candidato se ocupó de exhibir su autonomía en relación con el centralismo que  practica la Casa Rosada y no contó con respaldo alguno  del oficialismo nacional.

El voto por Perottí tiene un corte parecido  al que respaldó a  Miguel del Sel, el candidato del Pro, otra sorpresa para el club de los encuestadores: con 13,4 por ciento de los sufragios, el  actor devenido candidato fue el tercero más votado entre quienes se postulan para gobernar la provincia. Del Sel y Perotti representan un sufragio santafesino que  evoca los reclamos de los sectores productivos, las aspiraciones federalistas y las expectativas de la población más vulnerable que quiere trabajo antes que penosos subsidios.

Por cierto, la elección santafesina empezó por premiar al gobernador de la provincia, el socialista Hermes Binner, que  consiguió que su pollo, Antonio Bonfatti, se adjudicara el triunfo  en la interna del Frente Progresista provincial.  De todos modos, si fue avasallante la victoria de Bonfatti sobre  el  jefe partidario nacional, Rubén Giustiniani  (a quien duplicó en votos), no puede decirse lo mismo en relación con los socios radicales del socialismo santafesino. En principio, Mario Barletta, el candidato a gobernador que presentaba la UCR, consiguió un honorable  segundo puesto en esa interna; no menos significativo, el radicalismo triunfo sobre los candidatos del PS en la abrumadora mayoría de los municipios de la provincia. La ventaja final del socialista Bonfatti se explica principalmente por su peso en la ciudad de Rosario,  una ciudad gobernada por el socialismo donde se  concentra la mayor parte de la población provincial.

Con la interna santafesina en su bolsillo, Hermes Binner tensó de inmediato la cuerda de la relación entre  socialistas  y radicales con vistas a la  elección de octubre. Ricardo Alfonsín venía  esperando con paciencia  el comicio  santafesino  con la esperanza de lanzar inmediatamente después  una fórmula con el socialista como candidato a vicepresidente. En cambio, después de domingo 22 Binner  comenzó a replantear objeciones a los pasos que Alfonsiín vino dando para  volver competitiva su  candidatura presidencial en Buenos Aires.  Binner volvió a enarbolar los principios para censurar acuerdos con el peronista Franisco De Narváez y además abrió la expectativa de su propia candidatura presidencial. Sectores de centroizquierda lo tientan con esa posibilidad: suponen que con Binner como candidato presidencial pueden establecer una corriente de esa tendencia en los principales distritos. O, por lo menos, acumular unas cuantas bancas en la Cámara de Diputados.

Desde Mendoza, el vicepresidente Julio Cobos sugirió una idea interesante: que Binner compita con Alfonsín en las primarias de agosto dentro del espacio del Frente Progresista. Sería una forma de defender democráticamente tanto los principios que invocan desde el centroizquierda como la alianza  que ambos partidos (los dos integrados a la Internacional Socialista) mantienen a nivel nacional y que ha sido indispensable para gobernar Santa Fé. Se trataría de una forma integradora y eficaz de competir por los principios y también por conquistar posiciones de poder.

En cualquier caso, lo que ha quedado claro después del comicio santafesino es que el candidato presidencial de la UCR  aspira a forjar una alianza que tenga como eje al Frente Progresista, pero vaya más allá y consolide la fuerza necesaria para ganar. En tal sentido, los acuerdos que sus equipos están trabajando con  De Narváez  y los suyos serán consolidados. Las fronteras de esos acuerdos probablemente se ensancharán en las próximas semanas. Alrededor de Alfonsín se evoca a menudo “el espíritu de La Hora del Pueblo”, aquella iniciativa a favor de las instituciones y la gobernabilidad democrática que impulsaron en la década del 70 Juan Perón y Ricardo Balbín y que reunió a todo el arco político democrático de la época, de izquierda  a derecha. “No hubo exclusiones arbitrarias entonces. Lo que marcaba la pertenencia  era el programa de coincidencias mínimas”, recordó un experimentado alfonsinista que en aquellos días militaba en la juventud de la UCR.

Si la oposición emplea las semanas que restan hasta  el inicio formal del proceso electoral, el relato de las encuestas y la propaganda volverá a estar fuertemente desafiado. La idea de que el oficialismo atravesará  sin problemas la prueba de octubre y ganará caminando en primera vuelta por el momento no es más que una ilusión.

Los números de Santa Fé están a la vista: las urnas son la prueba del ácido de las encuestas. En Córdoba no hay aún cifras, pero hay datos que ya permiten  olfatear que una candidatura presidencial oficialista rema allí contra la corriente. El kirchnerismo ha roto con las dos corrientes principales del justicialismo cordobés (las que inspiran José De la Sota y Juan Schiaretti) en un paisaje general dominado por corrientes opositoras al gobierno nacional: la que orienta Luis Juez y el radicalismo. No hay que olvidar que en 2007, cuando ganó la presidencia, la señora de Kirchner en Córdoba salió cuarta.

En Capital, otro distrito importante, el gobierno impuso la candidatura de Daniel Filmus y la escolta de Carlos Tomada. La libertad con que la Presidente digitó las candidaturas porteñas de su fuerza está en relación directa con la  baja representatividad política de esa fuerza en el distrito. El gobierno no pudo actuar con el mismo criterio majestático en Córdoba, tampoco pudo hacerlo en Salta (donde el gobernador  Urtubey, después de una victoria rotunda,  recordó respetuosamente que él no fue elegido como delegado del Poder Ejecutivo Nacional, sino como gobernador de los salteños). A Daniel Filmus no se le permitió siquiera hacer uso de la palabra en el acto de imposición de su candidatura. A su compañero de fórmula, el ministro de Trabajo, un hombre del círculo ideológico de la Presidente le recordó en Página 12 una conversación –probablemente registrada por los servicios de información-  en la que “el ministro de Néstor y Cristina Kirchner dialoga a las risotadas con el acusado por el asesinato de Mariano Ferreyra, sobre la mejor manera de restringir el ingreso de trabajadores tercerizados a la empresa ferroviaria Ugofe” Agregaba aquel comentario.: “También es revulsivo su tono, de chichoneo entre cofrades, considerando que Máximo Kirchner dijo en el entierro de su padre en Río Gallegos que ‘al matar a ese pibe en Constitución también mataron a mi viejo. Estaba indignado. Todos esos tipos tienen que ir en cana’. Según la transcripción del expediente, Tomada le dice al principal responsable: –¡Mi querido! Escúcheme una cosa, dos cosas que le voy a decir. La mejor defensa es un buen ataque (ríe).”  Semejante pase de facturas (”fuego amigo”) indica que tampoco en el distrito metropolitano el oficialismo nacional pisa con buen pie.

Para colmo de males, acaba de saltar a la luz pública el escándalo de los Planes de Vivienda que, bajo la sombrilla de las Madres de Plaza de Mayo y con abundante y escasamente controlado dinero del Estado (decenas de millones), gerenciaba Sergio Schocklander. Que con el dinero destinado a los sectores más humildes de la sociedad y proporcionado políticamente por la invocación  de una entidad que oficia como árbitro en el tema derechos humanos, se compraran mansiones, coches de lujo y un avión privado y se cotizara muy  por encima de los costos reales, es  un tema  de índole política y ética. Que el gobierno que otorga los subsidios y adjudica los planes omitiera los controles y que las instituciones oficiales que tienen que investigar los hechos consumados  estén frenadas o caminen a paso de tortuga  son otras tantas circunstancias que  tendrán consecuencias. Los efectos políticos probablemente sean más rápidos.