“Las intervenciones federales son lo peor que le puede pasar a un país”, sostuvo la Presidenta, y agregó: “En realidad, son contrainstitucionales, inconstitucionales y contra el verdadero federalismo. No es bueno avasallar las instituciones provinciales”.
Durante un acto realizado en la Casa de Gobierno para presentar un plan de escuelas, Cristina se mostró por primera vez junto al mandatario santacruceño desde que la Corte Suprema le ordenó reponer en el cargo al ex procurador de la provincia Eduardo Sosa echado en 1995 cuando era gobernador Néstor Kirchner.
“Gobernador Peralta: Me lo quieren intervenir”, se quejó la presidenta apenas inició su discurso, y destacó: “Pero no importa le damos asilo político en la Casa Rosada.
Dios mío, después hablan de federalismo”. La palabra asilo llamó la atención: la dijo justo en momentos en que se está por definir la suerte del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra. El Gobierno de Chile exige su extradición y en la Rosada podrían darle “asilo político” (Ver pág. 6) Aunque con esta sola frase Cristina ya había dejado en claro su respaldo a Peralta, volvió luego sobre el tema. “Señor gobernador, tenga usted toda nuestra solidaridad.
Las intervenciones federales son lo peor que le puede pasar a un país”, le dijo a un visiblemente satisfecho Peralta.
En ese marco, la presidenta cuestionó los proyectos que impulsa la oposición en el Congreso que apuntan a que se cumpla la restitución del ex Procurador en su cargo y advirtió que “no es bueno avasallar las instituciones porque las provincias son preexistentes a la Nación”.
“Pero bueno, son cosas que pasan”, pareció resignarse, aunque agregó que “lo peor de todo es que se hagan en nombre de la Constitución, de las instituciones y del federalismo”.
El miércoles de la semana pasada, la Corte Suprema había denunciado al gobernador santacruceño por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no cumplir con dos fallos que le ordenaron reponer en el cargo a Sosa, echado hace 15 años por Néstor Kirchner, cuando era gobernador.
En ese tiempo, desde la Procuración, Sosa impulsaba la investigación sobre los honorarios que percibió el estudio del salteño José Manuel Saravia por su gestión en el cobro de los célebres 535 millones de pesos por las regalías petroleras mal liquidadas.
En el marco de la denuncia en su contra, Peralta declaró que hay un “intento de desestabilización” por parte de la “Corte y algunos socios de la provincia”. Y el Gobierno salió a apoyarlo.
fuente clarin