Cristina Fernández, Carlos Zanini, Hector Icazuriaga, Arturo Puricelli, hoy encumbradísimos funcionarios nacionales, en 1995, fueron los responsables de uno de los casos más resonantes y burdos de avasallamiento a la independencia del Poder Judicial . Sosa era el procurador que investigaba el derrotero de los más de US$ 1.200 millones que el gobierno K hizo desaparecer sin ningún control. Machacar en este caso es recordar que el diputado opositor Néstor Peña, hoy funcionario K, denunció la contratación del estudio Saravia para negociar un acuerdo extrajudicial por regalías que ya estaba sellado entre Menem y Kirchner y por el cual la provincia pagó cerca de US$ 30 millones a un estudio privado. Es reivindicar que fue el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz quien declaró la inconstitucionalidad del desplazamiento del Procurador y no la Corte Menemista a quien apeló el gobierno infructuosamente.
Exhumar el caso Sosa es volver a poner el grito en el cielo porque un juez probo y con 20 años de trayectoria profesional fue destituido por diputados, en su mayoría abogados con pobres o nulos antecedentes profesionales, académicos y judiciales. Sosa remite a Carlos Sánchez Herrera, uno de los apoderados del estado provincial en el gobierno de Kirchner, quien en ese carácter hizo presentaciones a la Corte tratando al Sosa de “pícaro”. Sánchez Herrera fue defensor del Jefe de Policía y represor Juan Bautista Sasiain en una causa por apropiación de bebés.
Retomar la causa del procurador expulsado es reafirmar que la provincia ya confesó su error e intentó enmendarlo pagando una indemnización de $ 1,2 millones. Hablar del Caso Sosa es insistir con denunciar que en Santa Cruz la libertad de prensa es de muy baja intensidad y por eso el hecho fue silenciado. Según el gobierno “el monopolio está interesado en darle manija a este caso”. Bienvenido el interés de la prensa, aún la monopólica, por difundir lo que el gobierno no quiere que se sepa.
La máquina del tiempo trajo a Sosa al presente y a Carlos Zanini a Río Gallegos para aleccionar qué deben decir públicamente los funcionarios quienes ya no solo ven fantasmas sino que ahora también avistan “invasores” que quieren intervenir Santa Cruz.
Aunque las intervenciones en Santa Cruz siempre provinieron de la mano del propio gobierno : en 1995 el Ejecutivo intervino sobre el Poder Judicial para echar a Sosa. En 1990 Daniel Peralta como ministro de Gobierno, junto al gobernador Del Val, pretendieron clausurar por decreto la Cámara de Diputados. Y en 1974, a instancias del peronismo isabelista comandado por el Brujo Lopez Rega, acompañó la intervención federal del gobierno de Jorge Cepernic. Entre aquellos dirigentes intervencionistas había familiares y funcionarios cercanos al actual gobierno.
fuente clarin