El oficialismo de Santa Cruz desafia a la Corte y dilata la designacion de Sosa

 Una muestra de esa dilación se dará en la sesión de diputados de mañana, donde todo está listo para que el oficialismo local repudie los pedidos de intervención a Santa Cruz presentados en el Congreso por la oposición.

"Hombres con minúsculas", "pacatos edecanes", "defensores de burdas conspiraciones", "lacra de la sociedad", "pseudopolíticos", "agoreros de siempre" son algunas de las calificaciones que los diputados del Frente para la Victoria de Santa Cruz les dedicaron ayer a los legisladores nacionales Margarita Stolbizer (GEN), Gerardo Milman (GEN), Ernesto Sanz (UCR), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), autores de los proyectos que proponen la intervención de Santa Cruz con diferentes matices para lograr la reposición de Sosa.

Los tres proyectos firmados por el oficialismo de la Legislatura santacruceña tienen matices, pero todos se destacan por la virulencia al "repudiar enérgicamente las declaraciones golpistas y desestabilizadoras" o bien "declarar personas no gratas" a los legisladores nacionales de la oposición. En este sentido, consideraron los pedidos de intervención como "una profunda falta de respeto, ignorancia y subestimación al pueblo de Santa Cruz".

El proyecto de autoría de Ana María Urricelqui alude a que la representatividad política se obtiene en elecciones y "no [con] este tipo de maniobras oscuras que ponen de manifiesto actitudes destituyentes", y los culpa de instalar "incertidumbre en la sociedad" a través de "un circo mediático". Otro de los proyectos acusa a Stolbizer (GEN) y a Rubén Lanceta (UCR) de promover una "rápida movida institucional como el clásico neologismo touch and go : toco y me voy".

Pese a la fuerte negativa a la intervención, según confirmó a LA NACION Jorge Arabel, jefe del bloque del Frente para la Victoria, no se tratará ahora el decreto que el gobernador Daniel Peralta envió en diciembre a la Legislatura para desdoblar la fiscalía y nombrar a Sosa en una de esas dependencias. A la vez, Arabel explicó: "Tenemos tiempos distintos, la Corte se tomó varios años para resolver lo de Sosa". Lo dijo tras la reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete santacruceño, Pablo González.

Al parecer, la idea de dilatar los tiempos la definió el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, que reunió a los militantes en el comando del FPV y aseguró que la Corte Suprema tiene "vedado" el ingreso en temas provinciales desde su constitución en 1860. En 2002, mientras era presidente de la Corte local, Zannini, no quiso reponer a Sosa por "falta de presupuesto".

A la vez, desde la reducida oposición provincial integrada por el radicalismo y Encuentro Ciudadano pedirán el cumplimiento de la orden de la Corte y la reposición de Sosa en el cargo. Señalan que el Gobierno es responsable de empujar a una crisis institucional provincial si no cumple el fallo.

Por su parte, el gobernador Daniel Peralta sigue sin interrupciones sus viajes por el interior provincial. Ayer desde Los Antiguos entendió que la Corte "tramita esto como si fuera un simple pase de facturas, remitiendo el problema al Congreso, donde hoy el oficialismo es minoría".

Ayer llegó al juzgado federal de Río Gallegos y quedó radicada en la secretaría penal N° 2, a cargo de Manuel Bonnin, la causa judicial contra Peralta por desobedecer a la Corte.

Mariela Arias
fuente lanacion