El conflicto de poderes se profundizó ayer con declaraciones cruzadas, mientras el mandatario provincial resiste la orden judicial con el aval del Gobierno.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que había considerado anteayer de "cumplimiento imposible" la orden de la Corte, ayer directamente sostuvo que cualquier intervención en la provincia, como sugirió el fallo y reclamó ayer la oposición, era un "golpe de Estado".
"Hablar de una burrada semejante, como intervenir una provincia por una sentencia de imposible cumplimiento, la verdad, no resiste ningún análisis. Es un golpe de Estado", opinó, tajante, en declaraciones radiales. "Nadie en sus cabales puede pretender intervenir una provincia por una sentencia de imposible cumplimiento", insistió Fernández.
En el Congreso, los bloques opositores debatían la manera de cumplir con la sentencia del máximo tribunal, que trasladó al Parlamento una posible intervención provincial.
La Corte Suprema ordenó a Peralta restituir en su cargo a Eduardo Sosa, que fue removido durante la gobernación de Kirchner en Santa Cruz. La jueza federal subrogante de Río Gallegos, Ana Cecilia Alvarez, recibió la denuncia del máximo tribunal, para que se investigue penalmente a Peralta por no haber repuesto al ex procurador.
Ataques a la Corte Suprema
Pero a pesar de los cruces entre oficialistas y opositores, los principales cuestionamientos del kirchnerismo apuntan a la Corte Suprema.
Ayer, el senador santacruceño Nicolás Fernández, mano derecha del matrimonio presidencial, fue durísimo con el alto tribunal. Lo acusó de actuar en "franca violación de los principios federales" y le endilgó la responsabilidad de provocar un "escándalo público" al darle trasladar al Congreso para que intervenga.
"Llama poderosamente la atención que sea esta Corte, la que en su momento vino a ser como una bocanada de aire fresco a favor de la calidad institucional, la que esté generando este verdadero escándalo jurisdiccional", apuntó el senador.
La mayoría de los bloques legislativos coincidió en que deberá actuar el Congreso. El diputado radical Ricardo Gil Lavedra, titular de la Comisión de Justicia, afirmó que no se puede predicar la "integridad del sistema constitucional" si la Corte "dicta sentencias que no se ejecutan" y explicó que la manera de intervenir Santa Cruz es "con el dictado de una ley".
En tanto, Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal, alertó sobre el "riesgo institucional muy grave" que significa la actitud de Peralta. En una línea similar, la jefa del bloque de diputados socialistas, Mónica Fein, exigió que el gobernador se haga presente en el Congreso. "No hay ninguna duda de que se debe y se puede cumplir la decisión de la Justicia. Tal como lo dispuso la Corte, el Congreso debe interceder para efectivizar el fallo", sostuvo, aunque guardó reparos sobre una posible intervención.
Los integrantes de la Corte Suprema decidieron ayer llamarse al más absoluto silencio, en medio de un diálogo interrumpido con el Gobierno. Consideran que es la política la que tiene que dar el primer paso.
El foro judicial
En medio de la dura disputa, los juristas avalaron la postura opositora de que se debe cumplir el fallo. "En la medida en que no se respeten las jurisdicciones de los poderes, el sistema republicano no funciona", dijo el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo. "Seguramente a Al Gore no le gustó el fallo de la Corte norteamericana que asignó la elección presidencial a George W. Bush, pero nunca cuestionó esa sentencia" explicó la constitucionalista María Angélica Gelli.
"Lo que hizo la Corte es impecable. Ahora es el Congreso el que debería hacer respetar su fallo", señaló el constitucionalista Gregorio Badeni.
LA INTERVENCION
1
Pedido de la Corte
El máximo tribunal pidió al Congreso que actuara ante la decisión del gobernador Peralta de no acatar el fallo que lo obliga a reponer en el cargo al ex procurador Sosa.
2
En la Cámara de Diputados
La oposición presentó varios proyectos para pedir la intervención federal de Santa Cruz. Se podría aprobar (por mayoría simple) la intervención de uno, dos o los tres poderes.
3
En el Senado
Si se aprobara en Diputados debería sancionarse en el Senado.
4
El Ejecutivo
En caso de aprobarse la intervención, la Casa Rosada tiene dos caminos: aceptarlo y designar al interventor, o vetar la ley.
fuente lanacion